Madrid, 14 dic (EFE).- La ley de Dependencia cumple 17 años con más de 1,5 millones de personas con derecho a recibir prestaciones o servicios, el 3,3 % de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria.
Pese a que el sistema ha alcanzado su máxima financiación con el Plan de Choque en Dependencia, impulsado por el gobierno de coalición en 2021, persisten las desigualdades en su aplicación entre las comunidades autónomas -con la competencia de los servicios sociales- tanto en su acceso, como en las atenciones.
El análisis realizado por el Observatorio Estatal para la Dependencia por el aniversario de la ley radiografía la situación del sistema, que mantiene a más de 310.000 dependientes sin atenciones en lista de espera, en la que muere una persona cada 12 minutos sin recibir las prestaciones o servicios a los que tenía derecho.
Muestra el recorrido de la ley, que despegó en 2011 “con desigualdad territorial e insuficiencia financiera”, valorando 1,2 millones de dependientes y 740.000 personas atendidas.
En 2012 entró en una etapa de recortes durante el gobierno de Mariano Rajoy que se prolongaron hasta 2015, con restricciones presupuestarias, disminución de las intensidades en servicios y supresión de la cotización pública de las cuidadoras familiares.
En la fase de recuperación entraron todos los dependientes moderados (Grado 1), hasta que el sistema se ralentiza de nuevo en 2019 y se frena con la pandemia en 2020.
“El acceso al sistema es muy desigual entre las comunidades autónomas, también las listas de espera de dependientes reconocidos y esperando atenciones, así como el esfuerzo financiero público”, ha explicado el presidente del observatorio que publica la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Los profesionales reclaman “sentido de estado” y consenso para acordar “un nuevo contrato social” que elimine “la burocracia y la desidia” de algunas administraciones autonómicas y solucione “la auténtica emergencia humanitaria que están viviendo, en muchos casos, las personas en situación de dependencia y sus familiares”.
Estas son las principales cifras de la dependencia:
- 1.563.108 personas tienen reconocida la situación de dependencia.
- 310.429 personas desatendidas: 162.411 con derecho reconocido pero sin atención, 124.326 pendientes de valorar y 23.692 con Plan de Atención aprobado que aún no es efectivo.
- 45.360 mueren cada año en la lista de espera: 124 personas al día.
- 3.644 millones de euros es el incremento en los tres últimos años en la aportación estatal a la financiación de la dependencia con el Plan de Choque.
- 98 millones de euros se redujo la financiación en diez comunidades: Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia.
- 323 días es el tiempo de tramitación de un expediente, aunque Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia superan los 12 meses.
- 316.215 empleos directos asociados a las atenciones de la ley (41 empleos directos por cada millón de euros de gasto público en atención a la dependencia); la tasa de retorno vía impuestos alcanza el 41,43 % de la inversión en el sector.
- 13 ministros en los 17 años de la ley.