El Gobierno ha esperado medio año para fijar un compromiso de financiación desde la aprobación del pacto de Estado contra la violencia machista. A pesar de la insistencia de la oposición y de las asociaciones feministas durante estos meses, el Ejecutivo ha decidido incluirlo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado este martes. La propuesta, que aún no cuenta con los apoyos políticos suficientes para ser aprobada, destina 80 millones al pacto y supedita el resto, hasta los 200 comprometidos, al sistema de financiación autonómica.
Los partidos de la oposición califican la fórmula de “trampa” y critican “la escasa claridad” con la que se incluye el pacto en los PGE. Además citan el documento consensuado que emanó del Congreso el pasado septiembre tras meses de negociaciones. En él se especifica que el compromiso económico del pacto consignará un aumento de 200 millones al año a través de los PGE: el incremento de 80 para gestionar directamente por la Administración central y una transferencia a las comunidades y a los ayuntamientos de 100 y 20 millones respectivamente.
Para sorpresa de las asociaciones feministas esta cantidad deberá ser incluida por los entes territoriales “en sus presupuestos”, dice el proyecto de PGE, “para lo cual contarán con recursos suficientes dadas las mayores aportaciones que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación”.
“Este tema se habló expresamente y quedó claro que el dinero de las autonomías y los consistorios para poner en marcha las medidas del pacto no pasaría por el sistema de financiación autonómica”, explica la portavoz de igualdad del PSOE Ángeles Álvarez.
Lo mismo opina la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ángela Rodríguez, que hace hincapié en la confusión que ha sembrado el Ejecutivo con el proyecto al no dejar claro de qué manera llegará ese dinero: “Los ayuntamientos y las comunidades tienen que implantar muchas medidas del pacto y por eso este dinero es tan fundamental”, explica la diputada, que incide en que a día de hoy “el pacto no tiene garantías de ser aplicado”.
¿Una prioridad?
Y es que el Gobierno no cuenta actualmente con los apoyos políticos suficientes para aprobar el proyecto de presupuestos, así que la financiación del pacto no está asegurada. El documento final, aprobado el pasado mes de septiembre por todos los grupos excepto Unidos Podemos, contempla más de 200 medidas repartidas en varios ámbitos, de las que 26 se acordó que serían puestas en marcha este año. Sin embargo, a pesar de la insistencia del resto de formaciones y de los colectivos sociales, el Ejecutivo no ha habilitado un crédito extraordinario para cumplir con los compromisos económicos.
Esta es la principal queja: el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a aprobar un decreto a raíz de una proposición no de ley del PSOE para dedicar de manera inmediata los 200 millones y cumplir las medidas contempladas, pero nunca se hizo efectivo.
“Con 44 asesinatos de mujeres, de 8 niños y niñas y con 22 menores huérfanos por culpa del machismo criminal, esperamos que nadie dude de que esos 200 millones son urgentes. No se puede congelar la financiación que garantiza la efectividad de las medidas del pacto”, subrayó entonces Álvarez en la defensa de la iniciativa. Entonces era noviembre del año pasado. Hoy la cifra de asesinatos machistas en 2017 asciende a 49 mujeres y 24 menores huérfanos, que se suman a las cinco mujeres asesinadas en los tres primeros meses de este año y los 3 huérfanos.
“Si la violencia de género es una prioridad para este Gobierno, tal y como dice, debería ser consecuente con ello”, denuncia la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas Yolanda Besteiro. Que haya esperado tantos meses a incluir la financiación en un proyecto que no cuenta con garantías de ser aprobado le hace concluir a la experta que “el pacto contra la violencia machista está en el aire”. “Ya vamos con retraso porque debería haber arrancado el 1 de enero, pero no fue así y ahora el dinero de las autonomías y los ayuntamientos tendremos que ver cómo se concreta”, prosigue.
Lo mismo opina Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, que califica de “incumplimiento financiero con lo acordado en el pacto” la fórmula utilizada por el Ejecutivo. “De facto en este momento lo que hay son 80 millones y por lo tanto no está el compromiso económico completo. El resto es incierto”. La experta lamenta, además, la poca claridad del Gobierno: “Volvemos al mismo tema de siempre cuando hablamos de igualdad y violencia de género. Y es que decimos que vamos a hacer cosas y luego los mecanismos para comprobar si esas cosas se hacen o no son confusos”.