“La Iglesia ahorra al Estado, cada año, miles de millones de euros, con su trabajo social, caritativo, educativo y hospitalario”. La sentencia proviene de las altas esferas de la Conferencia Episcopal española que estos días, coincidiendo con el último tramo de la Declaración de la Renta, saca pecho a través de su campaña Xtantos.
La Iglesia española ofrece numerosos datos que muestran su músculo ante la sociedad española, sin que ningún organismo oficial le lleve la contraria. Sin embargo, la imagen da completamente la vuelta cuando otras instituciones, como Europa Laica, desmiente, punto por punto, las cifras.
En su último informe, correspondiente a 2017, asegura que “el Estado español (central y periférico) aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos una cifra que supera los 11.000 millones de euros anuales”, lo que supone más de 1% del PIB. “Ello significa -añade Europa Laica- que a cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una ”cuota o dádiva“ indirecta a la Iglesia católica de unos 240 euros al año”.
El nuevo Gobierno Sánchez, que ha apostado decididamente por el Estado laico, como se pudo comprobar, por primera vez en nuestra historia democrática, con la toma de posesión en la que no hubo presencia de Biblia ni crucifijos, habrá de abordar, en los próximos meses, el debate sobre la financiación de la Iglesia, dentro de un marco más amplio (y más difícil de romper, pues vincula su relación con otro Estado, el Vaticano), el de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, y sus marcos reguladores, que desgranan los emolumentos que reciben las instituciones de la Iglesia católica a través de distintos conceptos: Sanidad, Asuntos Sociales, Educación, Cultura, Patrimonio o Defensa, sin contar las subvenciones por conceptos directamente religiosos, o la cuestionadísima permanencia de la casilla del 0,7% en el IRPF.
Patrimonio cultural
Uno de los principales puntos en conflicto es el el imperio cultural y material de la Iglesia. 23.000 parroquias, más de un centenar de basílicas y catedrales, monasterios, conventos.... sin hablar del ingente patrimonio inmobiliario de la Iglesia, exento (no en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado, sino de la Ley de Fundaciones) del pago del IBI y otras prebendas.
La Iglesia saca pecho y anuncia que las diócesis de España han dedicado 55,5 millones de euros a 322 proyectos de rehabilitación y conservación de edificios de valor patrimonial en 2015, y que “el impacto global estimado de los bienes de interés cultural de la Iglesia (3.168 según la institución) es equivalente al 2,17 % del PIB de España”, con un “impacto sobre el empleo de 225.000 puestos de trabajo”.
Según un informe elaborado para los obispos por la consultora KPMG, si a ello le sumáramos el impacto de las semanas santas, peregrinaciones o romerías, la Iglesia aportaría al Estado más de 32.000 millones de euros (el 3,1 % del PIB) y 360.000 empleos. En total, 40 fiestas religiosas de interés turístico internacional, con 592.000 visitantes de media y 153 euros de gasto medio/visitante; y 85 fiestas de interés turístico nacional, con 84.000 visitantes y 218 euros de gasto/visitante, que suponen alrededor de 135.000 empleos vinculados directa o indirectamente, con un impacto de unos 9.900 millones de euros, lo que supone el 0,95% del PIB. Según los datos, sólo con las procesiones y romerías las arcas públicas se llevan 703 millones de euros.
Unas cifras que son ciertamente engañosas, pues el principal gasto va al alojamiento (29%), la alimentación (21%), el transporte (19%) y gastos de ocio (17%), y no directamente en el templo, museo o catedral en sí, que únicamente suponen el 5%.
Sin embargo, según el informe 2017 de Europa Laica, a través de sus más de 40.000 instituciones, la Iglesia “conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios”. Entre ellas, más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. (vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio).
Para la organización, la Iglesia “aproximadamente es propietaria del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado. Además posee más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas (muchas de ellas son tierras muertas y sin uso). También, bienes suntuarios (como el enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), posee innumerables obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones”. Además, las exenciones de impuestos las distintas administraciones del Estado “dejan de ingresar aproximadamente unos 2.000 millones de euros”.
Educación
En lo tocante al ámbito educativo, y tal y como apuntaron los obispos en una rueda de prensa reciente, “los 2.450 Centros Católicos Concertados le ahorran al Estado más de 2,5 millones de euros al año”, afirman, citando datos del Ministerio de Educación. A su vez, insisten, en un estudio de impacto socioeconómico elaborado por Price WaterHouse, que en 2016 se invirtieron en los centros de estudios de orientación católica en España 4.866 millones de euros y que la sociedad recibirá en valor actual un retorno de la inversión calculado en 19.735 millones de euros, lo que supone que la inversión en educación de orientación católica se multiplica por cuatro cuando se calcula su retorno a la sociedad.
O, lo que es lo mismo, por cada euro que se invierte en la educación de orientación católica la sociedad recibe 4,1 euros. Este cálculo asume que todos los beneficios que una persona que haya estudiado en colegios religiosos pueda aportar a la sociedad durante su vida laboral tengan que ser única y exclusivamente vinculados al tiempo que estudiaron con la Iglesia.
El informe de Europa Laica, no obstante, no dice lo mismo. Así, aunque coinciden en la cifra destinada a los centros concertados católicos, suman el pago de los salarios y costos sociales de unas 19.000 personas que imparten religión católica (designadas por los obispados, pero pagados por la Administración), que supondrían unos 600 millones de euros.
Actividad asistencial
En su perfil de Twitter, la campaña Xtantos afirma que “Las diócesis españolas destinaron 57,8 millones de euros a actividades asistenciales (un 10% más que en el año anterior)”. Es cierto que la Iglesia posee miles de hospitales y dispensarios, y que la labor de instituciones como Cáritas o Manos Unidas (financiadas, en su mayor parte, con fondos privados, y que reciben financiación a través de la casilla de Otros Fines, y no de la X de la Iglesia católica), es muy relevante.
Pero también lo es, como denuncia Europa Laica, que “la actividad social y de beneficencia de la Iglesia católica es utilizada para hacer proselitismo y propaganda católica”, y que en este apartado, las congregaciones religiosas, diócesis y ONG católicas reciben vía subvenciones, conciertos y donaciones directas de las distintas administraciones más de 2.000 millones de euros.. A ello hay que aumentar las subvenciones directas y convenios con actividades hospitalarias por parte de las Consejerías de Sanidad (unos 900 millones de euros anuales), según los cálculos de Europa Laica.
Pastoral
En lo tocante a las actividades pastorales, que habrían de considerarse como actos privados (Bautizos, Comuniones, Bodas, Funerales, etc..), la Iglesia católica apunta que supusieron un impacto socioeconómico de casi 5.000 millones de euros de impacto total en el IPB (0,47%) y la creación de 62.382 empleos totales generados. Ahí entran, literalmente, los beneficios para empresas de catering, tiendas de moda y todo lo relacionado con los gastos familiares. Sólo bautizos, comuniones y bodas genera, según la Igelsia, un gasto asociado de 2,44 billones de euros a España, y que de ellos el Estado “recauda” más de 500 millones en impuestos.
Pero además, los obispos consideran que la labor estrictamente sacramental (misas, atención personal, confesiones, unción de enfermos, entierros...), según el mercado laboral, “tendrían un valor de 1.971 millones de euros. Sin embargo, tiene un coste de 882 millones para la Iglesia”, y recuerdan que “el 36% de los recursos de las diócesis provienen de aportaciones directas y voluntarias de los fieles”, mientras que la casilla del IRPF “representa sólo el 24% del total”.
Para Europa Laica, no obstante, esos gastos no son ciertos y, en todo caso, no se deberían atribuir a la Iglesia sino a los ciudadanos y familias que deciden hacer ese gasto, como actividad privada. Del mismo modo, recuerda la vigencia de la desgravación fiscal de los donativos y limosnas que la Iglesia católica recibe por parte de empresas o fieles, que supone una cantidad incalculable (la Iglesia no tiene que dar cuenta de cuánto dinero recibe por esta vía).
Esa caja sin control está subvencionada por el Estado, que devuelve, en forma de desgravación, un 25% del IRPF en el caso de las personas físicas, y hasta un 35% en Impuesto de Sociedades.
Todo ello, sin citar el impacto directo de los 251 millones que este año recibirá la Iglesia vía IRPF (los obispos defienden que no es dinero del Estado, sino libremente aportado por los ciudadanos), o la nómina del millar de capellanes en hospitales, centros penitenciarios, universidades o las Fuerzas Armadas, cuyo coste, para Europa Laica, podría rondar los 50 millones al año. Y una razón más que desmonta la teoría, amparada por los obispos, de que no es la Iglesia la que es financiada, sino que su labor (que, hay que reconocer, en muchos casos es reconocida por la sociedad) ahorra dinero al Estado. Poco menos que es el Estado quien debería estar agradecida a la institución, y no al contrario.