“Queremos una Iglesia que abra la posibilidad al celibato opcional y el acceso al presbiterado de hombres casados (…). Que las mujeres asuman un papel activo y se avance en su acceso al diaconado y, si fuera posible magisterialmente, al presbiterado”. Los católicos de la diócesis de Barcelona, dirigida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, han alzado la voz y obligarán a que las exigencias del sacerdocio femenino y el fin del celibato obligatorio de los curas sean debatidas por toda la Iglesia española.
Es la primera vez, al menos desde finales de los años 70, que órganos de la Iglesia española plantean oficialmente estas medidas. Y lo hacen en mitad de un momento histórico en el que el Papa Francisco ha propuesto un espacio para aceptar peticiones, abrir caminos y afrontar una profunda renovación entre los católicos.
Al término de la fase diocesana de este Sínodo, los católicos barceloneses han lanzado un reto que tendrá que ser recogido, o no, por toda la Iglesia española, que el próximo 11 de junio debatirá todas las propuestas que han llegado de las 70 diócesis de nuestro país, para elaborar una síntesis que se llevará a la Iglesia europea y, de ahí, al Vaticano. En el Viejo Continente son muchas las voces que claman por una Iglesia más participativa y plural, pese al poder de los grupos ultraconservadores que desde el Concilio Vaticano II vienen bloqueando cualquier resquicio de apertura.
España, Italia o Polonia, las más conservadoras
La más adelantada es la Iglesia alemana, que desde hace años vive un “camino sinodal” en el que ya se ha solicitado, por amplia mayoría, el fin del celibato y el acceso de la mujer al sacerdocio, así como una mayor apertura al colectivo LGTBIQ+. En cientos de iglesias alemanas, el pasado mes de mayo se han llevado a cabo bendiciones a parejas homosexuales, algo prohibido desde la todopoderosa Congregación para la Doctrina de la Fe, que dirige un español, el cardenal Ladaria.
Entre las iglesias europeas, la española es considerada, junto a la polaca o la italiana, de las más conservadores. De ahí la relevancia del paso dado por la diócesis pilotada por el cardenal Omella, que unifica propuestas que, desde hace años, vienen reivindicando sectores cristianos alejados de la postura oficial. Sobre todo porque el responsable ocupa la máxima responsabilidad en la estructura de poder de la Iglesia española.
En su documento de síntesis, además, la Iglesia de Barcelona aboga por el “reconocimiento real y efectivo de la igualdad y la dignidad de todos los bautizados, especialmente de ellas, superando toda forma de discriminación”, al tiempo que reclama una Iglesia “que aplica con decisión la doctrina de la Exhortación apostólica Amoris laetitia sobre la vida familiar y la sexualidad, de manera que la Iglesia sea percibida principalmente como un ámbito de respeto y acogida”, fundamentalmente con los divorciados vueltos a casar o sectores tradicionalmente apartados de la Iglesia, como el colectivo LGTBI. “Falta coherencia entre lo que se predica y lo que se hace: amar a todos sí, pero no se ve bien el amor entre personas del mismo sexo”, lamentan.
Dar voz a las víctimas, acabar con la corrupción
Pese a todo, los católicos barceloneses no ocultan “cierta desconfianza y escepticismo”, seguros de los “filtros por los que pasarán las diferentes propuestas, por el recuerdo y la frustración de otras experiencias de consulta vividas anteriormente y que no se han visto fructificar como se esperaba, o incluso por la desconfianza en que las cosas realmente cambien”.
A su vez, lamentan “una Iglesia triste, poco estimulante, sin vida, no adaptada al tiempo presente”, y piden que se esfuerce en “simplificar el lenguaje de la fe” frente a “celebraciones abarrocadas y aburridas”.
“Tenemos que ser una Iglesia más atenta al mundo y que se hace presente en la sociedad, en cada lugar y sus diferentes dimensiones: económica, social, política, cívica, cultural, etc.”, se lee en las propuestas, que también denuncian “los escándalos de corrupción y de abusos (sexuales, de conciencia y de poder) que han minado la credibilidad de la Iglesia, tanto en la sociedad como entre muchos cristianos”. “La Iglesia no puede ni debe esconderlos y tiene que dar voz a las víctimas, pronunciando ante estos hechos una palabra creíble, que vaya acompañada de gestos claros y evidentes”.
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