La sangría que sufren los servicios sociales destinados a las personas dependientes, denunciada de manera insistente por los afectados, queda reflejada en los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. El Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido 33.077 beneficiarios en lo que va de año, es decir, cada día se dejó de atender a 140 personas. La cifra total de personas atendidas asciende en estos momentos a 721.512 personas, cuando en diciembre de 2011 el número ascendía hasta los 738.587 beneficiarios.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado de que el Sistema de Atención a la Dependencia “se desangra”, tras estos últimos datos oficiales que registran “menos beneficiarios, menos titulares de derecho, menos atenciones y menos empleo”.
En un comunicado, esta organización explica que los datos a 31 de agosto registran una lista de espera de 176.667 personas con derecho a recibir prestaciones y sin atender, y 2.971 beneficiarios menos. Además, señala que las solicitudes se redujeron en 5.232, que se señalaron 1.274 dictámenes menos y que también ha mermado el número de los denominados 'grandes dependientes' en 2.661 personas menos.
“De lo que se deduce, que sigue existiendo una lista de espera de 176.667. Al no mantenerse la tasa de reposición, decenas de miles mueren sin la atención a la que tienen derecho”, denuncia esta organización.
Los directores y generentes destacan que “en cuanto a los servicios y prestaciones en la estadística del último mes se cerraron 411 camas de residencias, se dejaron de prestar 236 servicios de ayuda a domicilio, además de reducir en 2.142 las prestaciones económicas de cuidadores familiares”.
Para la asociación esto “supone el despido en el mes de septiembre de más de 300 trabajadores del Sistema de atención a la dependencia”.
“La demolición del Sistema de la Dependencia se produce: impidiendo el acceso a nuevos usuarios, desatendiendo a quienes estaban a la espera aun cuando tuvieran derecho, reduciendo el número de personas atendidas y de atenciones prestadas, y poniendo al límite de sus capacidades de provisión de servicios y de gasto a las administraciones autonómicas”, concluye el comunicado.