El doctor Raúl Ortiz de Lejarazu recibió miles de euros por “prestación de servicios” de distintas fabricantes de vacunas contra la gripe mientras dirigía el Centro Nacional de la Gripe de Valladolid, uno de los tres laboratorios españoles incluidos en la red mundial de vigilancia de esta enfermedad de la Organización Mundial de la Salud.
Los pagos suman algo más de 23.000 euros por parte de GSK, Seqirus y Sanofi –tres de las cinco empresas cuyos sueros están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos– y solo abarcan el periodo comprendido entre 2016 a 2018, los únicos ejercicios sobre los que informan las farmacéuticas en virtud de un acuerdo voluntario.
Las cantidades están reflejadas por las empresas en las “transferencias de valor a los profesionales” revisadas por eldiario.es e imputadas, casi al completo, a los capítulos de servicios prestados, ya sea por los honorarios o los gastos derivados de desarrollar esos trabajos. Las farmacéuticas consignan los pagos “de actividades formativas o reuniones profesionales” y los de I+D+I en otros apartados distintos. Ortiz de Lejarazu no ha contestado a eldiario.es acerca de si esos pagos pudieran constituir un conflicto de intereses no hecho público y, dado su cargo, si no consideró preferible renunciar a esos honorarios.
El Centro Nacional de la Gripe de Valladolid, que arrancó vinculado a la facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, está adherido al Servicio de Microbiología de hospital clínico de Valladolid cuyo jefe ha sido hasta hace unos meses también Raúl Ortiz de Lejarazu. En 2007 se convirtió en laboratorio de alto nivel mediante un convenio con el Ministerio de Sanidad y la Junta de Castilla y León que aportaron 200.000 euros cada uno para adecuar y ampliar sus instalaciones
El sanitario se ha convertido recientemente en “director emérito” y “senior advisor” de este centro. Ortiz de Lejarazu optó por acceder a la jubilación a finales de agosto pasado. Con ese nuevo título aparece presentado en el programa de jornadas sobre “actualización de la gripe” que organiza la institución el próximo 30 de octubre en la ciudad castellanoleonesa. Nada se cita en ese programa sobre posibles conflictos de interés por los pagos directos de los laboratorios –aunque son patrocinadores del evento–.
Cursos universitarios
Las relaciones de las farmacéuticas con los profesionales de la salud han provocado sospechas sobre los conflictos de intereses que podían acarrear a sus actuaciones. El doctor Ortiz de Lejarazu, por ejemplo, ha sido el director de los cursos anuales que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo dedica a las vacunas cuyo precio de matrícula ha ido de 170 a 180 por dos jornadas. 0,5 créditos. El seminario lo paga el laboratorio GSK, uno de los mayores productores mundiales de sueros. La empresa ha puesto 7.860 euros en 2017, 7.720 en 2018 y 9.469 este mismo año para financiar a una treintena de asistentes, según los convenios suscritos entre la empresa y la universidad.
En el curso de julio de este año, el programa reservaba un espacio para exponer sobre el “cerco a la enfermedad meningocócica”, (infección detrás de gran parte de las meningitis). Precisamente, este año se ha discutido en el seno del Comité Interterritorial de Sanidad sobre la inclusión en el calendario de vacunas oficial (y por tanto su financiación pública) de la vacuna contra la meningitis B vendida por GSK Bexsero. Fue rechazada por el alto precio al que la comercializa GSK en comparación con las prestaciones que ofrece desde el punto de vista de la salud pública, de acuerdo con el dictamen científico de la comisión evaluadora.
Los ponentes el pasado julio fueron: para la “visión del investigador” (según la presentación del evento) Federico Martinón-Torres que ha ingresado 24.500 euros de GSK entre 2017 y 2018. Para la “visión del clínico” al pediatra Josep Marès (que ha recibido otros 6.000 euros de la farmacéutica). Para la “visión de pacientes” se recurrió al vicepresidente de la Asociación Española contra la Meningitis (AEM), Santiago Blanco.
La AEM exhibe un comité científico encabezado por el mismo Martinón-Torres en el que aparece además la doctora María José Cilleruelo (miembro del comité de vacunas de la Asociación Española de Pediatría) que ingresó más de 8.000 euros en dos años de GSK o María Garcés –investigadora en el centro público Fisabio de la Comunitat Valenciana– que ingresó otros 5.800 euros de GSK. Culminaba el grupo la “visión del gestor” a cargo de Sonia Tamames, jefa del servicio de Epidemiología de Castilla y León, una de las dos únicas comunidades autónomas (junto a Canarias) que se ha desmarcado de la decisión global tomada en el Consejo Interterritorial y ha incluido la vacuna infantil generalizada de la meningitis B en su calendario oficial. La Junta acaba de publicar el contrato para adquirir las dosis: 5,23 millones de euros.