“Si antes llegaban indecisas, ahora esa inseguridad se ha disparado”, reconoce Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Asesora desde hace años a mujeres que quieren poner fin a su matrimonio; una cifra que en los últimos años no ha dejado de caer.
Según datos del CGPJ, en 2013 descendieron todas las disoluciones matrimoniales a excepción a las nulidades, que aumentaron en un 8,5%. El total de divorcios y separaciones se redujo en un 1,7% respecto a 2012: las 124.797 demandas cayeron hasta alcanzar las 126.996.
Las separaciones no consesuadas, que fueron las que más disminuyeron, experimentaron una descenso del 6,9%, frente al 3,1% que han caído las consensuadas. De acuerdo con las estadísticas, estas rupturas vienen disminuyendo ininterrumpidamente desde 2005, cuando se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en esta materia.
“Lo que las personas se plantean cuando toman esta decisión es tener el menor número de litigios posibles porque no pueden pagarlos. Si te separas y luego decides divorciarte, como ocurre en muchos casos, ya son dos pleitos. Es decir, doble gasto. Por eso, muchos optan directamente por pedir el divorcio”, interpreta Pérez del Campo. De estas últimas disoluciones matrimoniales, las que fueron de mutuo acuerdo solo disminuyeron un 0,3%. Más se han reducido en 2013 las demandas no consensuadas: el año pasado se registraron 47.609, un 3,5% menos que en 2012.
“Elevar las tasas judiciales es un ataque directo al divorcio por parte del Ministerio de Justicia”, asegura la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que también apunta que “mayoritariamente siempre han sido las mujeres las demandantes de divorcios y separaciones y que, por tanto, son las más perjudicadas por esta carga económica”.
La implantación de las tasas judiciales fue una de las medidas de la reforma que presentó Alberto Ruiz-Gallardón en 2012; una decisión que ha estado cargada de polémica y sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha declarado incompetente para pronunciarse.
En el sentido contrario, los datos anuales del CGPJ revelan que todos los procedimientos de medidas en procesos de separación o divorcios, así como en los relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales experimentaron un incremento, que puede obedecer, según el organismo, a los efectos de la crisis económica.
Así, en 2013 se iniciaron 7.943 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 14,9 % más que el año anterior; y 30.511 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, que aumentan un 7,6 % en relación a 2012. En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se abrieron 13.849 consensuados (un 15,2 % más que en 2012) y 25.191 no consensuados (un 8,2 % más).
En cualquier caso, el aumento de los procedimientos contenciosos, tanto de modificación de medidas como de guardia y custodia de hijos no matrimoniales, ha sido el más bajo de los últimos años, lo que según el CGPJ puede deberse al efecto de las tasas judiciales.