Algunas universidades privadas van a tener que trabajar a contrarreloj si quieren seguir ostentando esa categoría. La nueva normativa en la que trabaja la cartera encabezada por Manuel Castells no afectará solo a la creación y reconocimiento de nuevos centros, sino que servirá también para enderezar a los ya existentes. Estos últimos tendrán un plazo de cinco años desde la publicación del Real Decreto para corregir sus programas y adaptarlos a la legalidad, aunque los conocedores del sector aseguran que en algunos casos será insuficiente.
A grandes rasgos, las que quieran conservar su licencia de universidad deberán incluir entre su oferta académica al menos diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado de tres ramas de conocimiento distintas dentro de las cinco grandes (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura). Pero no solo eso, también perderán su credencial las que en este tiempo no hayan conseguido equilibrar su alumnado de máster y de grado o doble grado para que este último represente al menos el 50% del total.
Hoy en día, al menos 13 centros privados de los 36 que hay en España incumplen alguno de estos requisitos. Pero ni todas las universidades de la lista están al mismo nivel, ni todos los condicionantes son igual de fáciles de satisfacer. Los que más quebraderos de cabeza suponen a los equipos directivos son fundamentalmente dos: ampliar la oferta de grados y dobles grado para llegar al mínimo de diez, y crear tres programas de doctorado.
Eso significa que un tercio de esas 36 universidades de titularidad privada deberán reinventarse o morir –aunque podrán seguir operando como escuelas superiores al estilo de los colleges anglosajones o como centros adscritos a otra universidad–. Las “más beneficiadas” dentro de las infractoras son las que tienen matriculados a más alumnos en programas de posgrado que en ciclos universitarios (algunas superan el 75%, como Atlántico Medio, el ESIC y la Universidad Internacional Valenciana) y que básicamente tienen dos salidas: o reducir los máster o aumentar los estudiantes de grado.
La primera opción es más sencilla, pero también más cara para los centros, que perderían muchos ingresos puesto que el crédito del máster cuesta aproximadamente el triple que el de grado. La segunda es la complicada, según explica Ernesto Anabitarte, secretario ejecutivo de Crue-Docencia y vicerrector de la Universidad de Cantabria, a elDiario.es. “Obtener estudiantes de grado no es fácil. La cantidad de alumnos de España es la que es y casi todos los años se distribuyen de manera parecida porque no hay tanta movilidad ni universidades que reciban a gente de fuera, excepto quizá las de Madrid, Barcelona, Salamanca o Granada”, desvela el experto. Además, los grados se implantan curso a curso, con lo que el proceso no permite atajos.
“Cinco años parecen muchos, pero no es tanto”, abunda el vicerrector cántabro. “Habrá universidades privadas tradicionales que no tendrán problemas para adaptarse porque tienen su estructura y son homologables a las públicas, pero hay algunas nuevas para las que se me antoja complicado”, asegura.
Entre las mayores dificultades está la de trabajar en una oferta académica amplia y de diversas ramas del conocimiento, como exige el Real Decreto. Crear un grado desde cero puede llevar fácilmente dos años, explica Anabitarte. Hay que diseñar primero el grado en sí y luego someterlo a trámite, que incluye su aprobación por la Junta del centro universitario (facultad o escuela) del que dependa, por el consejo de gobierno de la universidad en cuestión y por el consejo social. De ahí debe pasar a una agencia de calidad que lo acredite, más tarde al Consejo de Universidades y finalmente ser aprobado por la Comunidad Autónoma de turno.
“Y esto es un título de los sencillos”, matiza Anabitarte, “uno más complejo como Medicina cuesta más”. Para el vicerrector, el de la diversidad de la oferta es “el gran cambio”. “Esta exigencia me parece la más complicada de cumplir” para aquellos centros que actualmente no lleguen.
Más delicada aún es la situación de los centros que no tienen suficientes programas de doctorado, el eslabón en el que más fallan las privadas: la Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, ESIC Universidad, Villanueva, Internacional Isabel I de Castilla y la Internacional Valenciana no tienen ninguno; la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) tiene uno. Pero los expertos que conocen el proceso de creación de este tipo de programas desconfían en que pueda realizarse en un plazo de cinco años.
¿Dónde están los doctores?
“Sin investigación no hay Universidad”, repite el ministro Manuel Castells a menudo. Precisamente, el Real Decreto establece que los centros deberán dedicar “al menos” un 5% de su presupuesto a un programa o programas de investigación, un punto que parece dirigido exclusivamente a los centros privados, que enfocan su actividad en la docencia y dejan de lado la I+D+i. Pero esta exigencia es imposible de cumplimentarse de un día para otro.
“Conseguir estos proyectos es muy complicado porque se presentan un gran número de investigadores y no hay presupuesto para todos”, explica Juan Arturo Rubio, director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nebrija, que cuenta con cinco programas de doctorado. Anabitarte, de la Universidad de Cantabria, añade como dificultad la exigencia de que todos los profesores de los programas de doctorado sean ellos mismos doctores. “El profesorado de las privadas no suele cumplir esto”, explica, y ya van con el tiempo justo para formarlos.
Rubio, de la Nebrija, opina que lo más difícil es conseguir que el 60% del Personal Docente Investigador cuente con un sexenio vivo –como lo denominan en la jerga interna–, otra de las nuevas condiciones que recoge el RD. Es decir, lo primero que se requiere es que más de la mitad de los docentes de la universidad tengan trabajos científicos publicados en revistas de alta indexación. “Todos vamos a las mismas, es un sector muy competitivo porque no publican a cualquiera”, matiza Rubio. Después, un tribunal independiente debe aprobar una selección de esos artículos pertenecientes a un período de seis años (de ahí el término sexenio).
“Conseguir un sexenio y tener cinco publicaciones buenas en cinco años no es nada fácil. Debe existir una dinámica constante de publicación y de realización de proyectos que cuesta mucho arrancar desde cero”, dice este doctor, vaticinando lo que va a ocurrir con las universidades privadas que llegan tarde a este punto. “Lo único que pueden hacer es dar la vuelta por completo a su parrilla de titulares, porque en este tiempo se han conformado con una docencia que no investiga y casi no hay diferencia con el profesorado de Bachillerato”, remarca. “Van a volar las ofertas, pero deben contar con que les va a costar mucho dinero”, asegura Rubio, en referencia a los altos sueldos que suele exigir un PDI con sexenios, algo que también recalca Anabitarte, de la universidad cántabra.
Lo único que pueden hacer las privadas es darle la vuelta a su parrilla de docentes, porque en este tiempo se han conformado con una docencia que no investiga, y eso les deja al nivel de profesores de Bachillerato
Investigación, docencia, y transferencia son las tres claves que definen a una universidad para el Director de Doctorado de la Nebrija, pero admite que salvo contadas excepciones, como la suya, las privadas no han tenido históricamente esta tradición. “El doctorado es un sector deficitario, se invierte más de los beneficios que genera, y por eso no es una apuesta en marcha en la educación privada”, afirma.
Si hasta ahora se han mantenido es porque el decreto vigente de Wert despacha esta cuestión en una línea: “Las universidades deberán promover el desarrollo de actividad investigadora”. Luego se amplía un poco más apelando a una “programación plurianual de la actividad investigadora”, pero no establece mínimos ni otros requisitos concretos.
El apartado investigador del nuevo Real Decreto, en cambio, establece la exigencia de “como mínimo haber presentado cinco propuestas de proyectos de investigación en programas nacionales o internacionales”, y al menos una de ellas debe ser internacional. Además, dice el texto, “transcurridos cinco años desde el inicio de actividades, se deberá demostrar la concesión de al menos cinco proyectos de ámbito nacional o internacional”. Juan Arturo Rubio considera beneficiosos todos estos cambios en aras a una educación superior de “mayor calidad”, como persigue el ministerio de Manuel Castells.