Las donaciones privadas a la universidad pública: la polémica y poco explotada vía a la que apunta el ministro Castells

Bienvenido todo el dinero extra que sirva para financiar las universidades, también si proviene de las empresas privadas, siempre que no comprometa la autonomía de las instituciones académicas. Esta vía de financiación, esbozada en los últimos días por el ministro de Universidades, Manuel Castells, sobrevuela desde hace años los campus. Los rectores la ven con buenos ojos, pero nunca se ha llegado a desarrollar, atrapada entre los recelos que despierta en una parte del profesorado y los estudiantes y la poca cultura de i+D del tejido empresarial español.

“Uno de los grandes problemas de la universidad española es que las empresas no ayudan a financiarla”, se lamentaba Castells en una entrevista en Carne Cruda. Antes que él, ministros de otros colores políticos como Pedro Duque o Íñigo Méndez de Vigo defendieron aumentar las aportaciones privadas, por la vía del mecenazgo, sin acabar de concretar modelo alguno. Las donaciones existen, a menudo en forma de patrocinios y convenios de apoyo a la investigación, pero raramente llegan al 1% de los presupuestos de las universidades. 

Castells, que defiende el sistema universitario de Estados Unidos como el más avanzado del mundo, ha puesto en más de una ocasión el ejemplo de la Universidad de California Berkeley, en la que impartió docencia de 1979 a 2003. No hace falta ir a las grandes privadas como Harvard o Stanford, que recaudan más de 1.000 millones de dólares anuales en donaciones: esa universidad pública californiana consiguió en 2019 un total de 634 millones de dólares con aportaciones de privados, algo parecido al presupuesto entero de la Universidad Complutense de Madrid. 

Los campus norteamericanos, sobre todo los privados, dedican enormes recursos al llamado fundraising, la recaudación de fondos. En el caso de Berkeley, el 60% proviene de empresas y fundaciones, pero hasta un 25% es de exalumnos, entre los que existe esta tradición, sobre todo en los campus más prestigiosos.

En España, las universidades llevan explorando esta vía desde hace años, pero lejos de esas cifras. “El mecenazgo en España no es una práctica frecuente ni en personas físicas ni en instituciones, con lo que esta financiación es todavía residual”, resume Julio Abalde, rector de la Universidade da Coruña y responsable de la sectorial de gerencias de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 

Un repaso al artículo 47 de los presupuestos de las grandes universidades, como la Politécnica de Catalunya (UPC), la Autónoma de Barcelona (UAB) y la Autónoma de Madrid (UAM), permite observar cómo las transferencias de empresas privadas suponen entre 1 y 2 millones de euros, por debajo del 1%. En la primera, de los dos millones, 1,8 corresponde al Banco Santander y a cátedras de empresa. En la UAB, su gerente, Jaume Tintoré, también reconoce que gran parte del 1,3 millones que recaudan corresponde a la entidad financiera. 

El Santander es uno de los grandes donantes de las universidades no solo de España, sino de decenas de países. La Complutense, una de las que recibe en conjunto más donaciones (5,5 millones de esta partida, cerca del 1%), tiene un acuerdo con la entidad de Patricia Botín de cuatro millones y medio de euros anuales para becas y el patrocinio de la escuela de verano, principalmente. 

Mantener autonomía y financiación pública

En sus declaraciones sobre la vía de los fondos privados, Castells ha puesto dos líneas rojas: que no comprometan la independencia de las instituciones académicas y que no alejen el sistema universitario de una financiación mayoritariamente pública. 

Son las mismas condiciones que establecen los sindicatos y estudiantes a la hora de contemporizar con el ministro. “No nos oponemos, pero entendemos que tiene que haber una financiación pública suficiente, y no la política de recortes de los últimos años”, sostiene Encina González, secretaria general de Universidades de CCOO. En la misma línea se expresan desde el Consejo de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP). Según un informe del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), la financiación pública de los campus de desplomó un 27% entre 2008 y 2015. 

En ese momento de crisis, de hecho, el agujero en los ingresos se trató de compensar con una mayor aportación de los estudiantes (el ‘tasazo’ del ministro José Ignacio Wert), pero no con aportación de empresas. “Nadie contaba con que los fondos de empresas pudiesen compensarlo. El tejido económico y empresarial de este país es claramente más deficitario en innovación que el de otros países, estamos abocados al sector terciario”, valora Vera Sacristán, profesora de Matemática Aplicada de la UPC y miembro del OSU.

Sobre la capacidad de injerencia en la autonomía de los campus, esto ya genera más debate. “La cuestión es hasta qué punto la independencia absoluta es factible aquí. Las empresas han de rendir cuentas a accionistas y demostrar beneficios de sus inversiones, ya sean directos o indirectos”, apunta Sacristán. En una línea parecida se expresa Juan Hernández, experto en financiación universitaria y gerente de la Universidad de Jaén durante 15 años: “Lo normal es que en los convenios de colaboración se fije una dotación y una finalidad, no es que la universidad pueda usar el dinero para lo que quiera”.

Un ejemplo de ello son las cátedras de empresa, unidades de investigación dentro de las universidades que son fruto de la colaboración con firmas que aportan dinero a cambio de que se que se promueva la investigación en un ámbito concreto. Las empresas no suelen decidir quién investiga exactamente qué, pero sí proponen la temática genérica e incluso participan en la elección de su director (caso de la UPV, por ejemplo).

“Las actividades que se desarrollan a lo mejor pueden beneficiar a la empresa porque tiene interés en ese ámbito, pero las normativas dependen de la universidad. Nosotros estipulamos cuál es la función de esa cátedra”, argumenta Juan Salvador Pérez Villanueva, responsable de Mecenazgo y Patrocinio de la Universidad Jaume I (UJI), la pública que recauda más fondos en porcentaje de toda España (2,5 de 90 millones de presupuesto).

Pérez Villanueva defiende que las empresas se benefician en la medida en que se genera más conocimiento y mejores profesionales en su ámbito. También, como en todo patrocinio, tienen un retorno en cuanto a su imagen, puesto que el nombre de la empresa va ligada a los estudios. En la UJI, están desde la Cátedra BP de Medio Ambiente Industrial (con la petrolera BP Oil España) a la Cátedra Vilarreal FC de Deportes, pasando por la Cátedra GMI Dental Science o la Cátedra Medtronic de Formación e Investigación Quirúrgica. 

Tintoré, gerente de la UAB, defiende también que las cátedras de empresa no suponen una injerencia y que son actividades complementarias que, por su peso económico reducido, no comprometen la autonomía de la universidad. 

Los partidarios de hacer crecer estas aportaciones lamentan sin embargo no solo la poca tradición empresarial, sino las todavía menos facilidades que pone la Administración para que los privados hagan sus donaciones. En más evidente son las deducciones fiscales, que en España están en torno al 30%, por debajo de otros países europeos.

Más prácticas en la empresa privada

La elección de Castells por parte de los 'comuns' de Ada Colau despertó muchos elogios debido a su reconocida trayectoria académica en todo el mundo y por su apoyo en España a movimientos sociales como el 15M, pero algunos sectores de izquierdas vieron también con recelo a un nuevo ministro que se identifica con el modelo de educación superior americano, con un menor porcentaje de funcionarios, mayor competitividad entre campus y menor participación del estudiantado en la elección de los órganos de gobernanza de las universidades.

Entre sus medidas, estudiantes y profesores han celebrado la ampliación de las becas y la reducción de las tasas, dos de sus grandes reivindicaciones históricas desde los recortes del PP, pero en el otro extremo, los sindicatos se le echaron encima con un borrador de real decreto de ordenación de las enseñanzas oficiales del sistema universitario, que abría la puerta a un modelo un modelo de grados y másteres duales –parecido al de FP– según el cual los estudiantes podrían sacarse el título con un hasta un 50% de prácticas en el sector privado. Tras las quejas del profesorado, el proyecto se guardó en un cajón y ahí permanece.