El presidente norteamericano, Donald Trump, ha comenzado este martes a demoler la política ambiental y contra el cambio climático de EEUU. Su lema se basa en que es más importante proteger puestos de trabajo que regular el cambio del clima y sus impactos.
La orden ejecutiva que ha firmado desmontará varias normativas puestas en marcha por su predecesor Barack Obama. Entre ellas, el Plan de Acción Climática o la protección de aguas. Su plan de energía considera que las industrias se han visto “frenadas por el lastre de regulaciones” y asegura buscar “independencia energética”.
Una pieza clave del decreto, suscrito en la sede de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) en Washington, radica en que elimina el requisito de que las agencias del Gobierno federal consideren el impacto para el cambio climático en su toma de decisiones.
En la ceremonia celebrada en la sede de la EPA, el presidente de Estados Unidos estuvo acompañado por el jefe de esa agencia y escéptico del cambio climático, Scott Pruitt, los secretarios de Energía, Rick Perry, e Interior, Ryan Zinke, y el vicepresidente, Mike Pence.
También estuvieron presentes representantes, trabajadores y mineros de la industria del carbón, una de las más afectadas por las “regulaciones devastadoras”, en palabras de Trump, impuestas bajo el mandato de Obama.
¿Qué anulará?
El Plan de Acción Climática decía literalmente que EEUU debía “liderar los esfuerzos internacionales para afrontar el cambio climático”. EEUU ha sido el mayor el contaminante y responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, como reconoció Obama al inicio de la conferencia de París en 2015.
Especialmente enfocado hacia el sector del carbón, establecía un objetivo concreto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: “3.000 millones de toneladas para 2030, más de la mitad de lo que emite el sector energético”.
Además, encargaba a la Agencia de Protección Ambiental establecer estándares de emisión de las centrales de carbón y planeaba permitir que se desarrollaran proyectos de energías renovables en suelo público para dar electricidad a seis millones de hogares en 2020.
Sin embargo, la nueva visión estadounidense es que “la administración Trump está comprometida con la tecnología de carbón limpio”. Este concepto es esgrimido por la industria del mineral bajo el título de Alta Eficiencia, Bajas Emisiones (HELE en inglés). El argumento es que cuánto mejor se queme el carbón en las centrales térmicas, menos se contamina: “Un punto porcentual de eficiencia se traduce en una reducción de 2%-3% de emisiones”, aseguran.
De esta manera, el decreto anulará la moratoria para extraer carbón en terrenos federales (no administrados por los propios estados) y da rienda suelta a cualquier método de extracción de combustibles fósiles ya que, dice, “acoge con brazos abiertos la revolución del petróleo y gas de esquisto”. Esto significa el fracking.
Trump se congratuló este martes, tras firmar el decreto, de que la “guerra al carbón” ha terminado, al instar la cancelación de regulaciones del Gobierno federal que, a su juicio, ha estado “matando empleos”. Su orden anticipará una “nueva revolución energética”, centrada en fomentar la producción nacional, asegura.
Otra de las regulaciones que el presidente norteamericano considera que “lastra a la industria energética” es la que protege las aguas. En 2015, el Gobierno de Barack Obama expandió la ley sobre Aguas Limpias (que blindaba corrientes y afluentes) lo que suscitó demandas legales por parte de 31 estados, municipios y empresas privadas. Uno de los principales opositores a esa normativa fue el exfiscal general del estado de Oklahoma, Scott Pruitt, ha terminado como director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, nombrado por Donald Trump.
Si en 2013, el presidente del país, Barack Obama, consideró que los efectos del cambio climático eran materia de “seguridad nacional”, solo cuatro años después, su sucesor ha dejado por escrito que levantar las restricciones ambientales para crear energía “ayudará a los trabajadores, incrementando los sueldos más de 30.000 millones de dólares en los próximos siete años”.
El decreto de hoy no menciona el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que establece en el marco de las Naciones Unidas medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y que entró en vigor a finales de 2016. Durante la campaña electoral, Donald Trump prometió sacar a EEUU del Acuerdo de París y llegó a decir que la amenaza del cambio climático era un “invento” de China.