La marea verde vuelve a la calle ante el fracaso político para alcanzar un pacto que sustituya a la Lomce

Sin esperanzas de que en el Congreso se alcance un pacto educativo y tras meses sin manifestarse, sindicatos de profesores, colectivos de estudiantes y asociaciones de familias convocan este martes una treintena de concentraciones en todo el país para reivindicar la enseñanza pública.

Con este primer paso pretenden recuperar el espíritu de la marea verde y volver a la calle siguiendo la estela iniciada por el movimiento feminista y los pensionistas. “Queremos calentar motores para el curso que viene, aumentar la movilización para conseguir una ley hecha por la comunidad educativa y para la comunidad educativa”, apunta Adrià Junyent, secretario general de una de las organizaciones convocantes, el Frente de Estudiantes.

Los organizadores reivindican una nueva ley de enseñanza consensuada con la comunidad educativa, la reversión de los recortes, más becas para el alumnado, una gestión democrática de los centros educativos y una inversión no inferior al 5% del PIB.

La financiación bloqueó el pacto educativo

La financiación y el 5% del PIB fue el primer obstáculo que se encontraron los partidos en la subcomisión creada en el Congreso para elaborar un pacto educativo que sentase las bases de una nueva ley educativa. No consiguieron salvarlo y en el primer conflicto, en el que se tenía que acordar un suelo de inversión, las negociaciones reventaron. La subcomisión comenzó a funcionar en febrero del año pasado. Tras registrar la comparecencia de 80 expertos en educación, los partidos políticos no llegaron a un acuerdo en el primer punto conflictivo.

A comienzos de marzo, los socialistas fueron los primeros que abandonaron las negociaciones ante la negativa del PP a aumentar la inversión al 5% del PIB. Unidos Podemos tomó la misma decisión tras consultarlo con la comunidad educativa. “Aquí [en alusión a la subcomisión] no puede salir un pacto para revertir los recortes”, se justificó la portavoz del partido morado Ione Belarra.

El fracaso de estas negociaciones garantiza una larga vida a la Lomce en los centros educativos. Pero no solo los grupos políticos apuntalaron su futuro, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional reforzó también a esta normativa avalando los artículos más polémicos, entre ellos, la financiación de centros que segregan por sexos, el peso que tiene la Religión en la nota media o la selección del alumnado por centros.

“Entendemos que sin financiación no hay mejoras en la educación”, reivindica Junyent. Desde el sindicato STEs, su portavoz, Voro Benavent, explica que las protestas no se limitan solo a la falta de acuerdo también a la propuesta presupuestaria del Gobierno defendida ante Bruselas en la que abogan por reducir la financiación a menos del 4% en 2020.

Por su parte, las asociaciones de padres protestan por la pérdida de democracia en los centros educativos que ha supuesto la entrada en vigor de esta ley. “Salimos a la calle para exigir participación y democracia, los consejos escolares han pasado a ser consultivos y nos han dejado en la cuneta”, asegura Camilo Jené, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos.

Derogación votada en el Congreso

A pesar de que el Gobierno del Partido Popular no tiene mayoría en el Congreso y de que en esta Cámara se ha votado a favor de la revocación de la Lomce, las dinámicas planteadas durante el último año en la subcomisión no avalan que en un futuro cercano esta normativa tenga una alternativa. El portavoz de Unidos Podemos en temas educativos Javier Sánchez reivindica que todavía “hay margen” para que los grupos políticos de la oposición se “pongan de acuerdo para derogar las propuestas más sangrantes de la Lomce”.

“¿Cómo se va a sacar una nueva ley si no se sientan a negociar?”, recrimina la diputada de Ciudadanos Marta Martín a UP y PSOE por haberse marchado del pacto. “No nos gusta la Lomce, pero para quitar esta ley hay que tener otra ley de base y para eso era necesario que Unidos Podemos y PSOE estuviesen trabajando. Se tienen que hacer responsables del tiempo en el que va a seguir en vigor la Lomce”, añade Martín.

Por su parte, preguntado en una reciente entrevista por la imposibilidad de acuerdo con Ciudadanos para derogar la Lomce, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguraba que la formación naranja tiene “un problema evidente de compromiso con la educación pública”. “Ciudadanos está apoyando unos presupuestos que sitúan la inversión en educación pública por debajo del 3,8% del PIB cuando la comunidad educativa y el PSOE lo que estamos pidiendo es que se sitúe en el 5%”, recordaba.

Según explican fuentes parlamentarias, la subcomisión del Congreso sigue adelante solo con Partido Popular y Ciudadanos y hasta el próximo 15 de mayo continuará funcionando. Ese día termina el plazo para que esté activa. Por ahora, los partidos participantes no pueden votar unas conclusiones finales porque – según relatan estas mismas fuentes – no tienen el quorum requerido.