7 de septiembre de 2011. Guadalajara. Una manifestación contra los recortes, a favor de la educación pública y para denunciar la reducción de 800 puestos de interinos en Castilla-La Mancha recorre la ciudad y acaba en el Teatro Buero Vallejo. Allí se está celebrando el pregón de las Ferias y Fiestas de la ciudad. Unas 500 personas se concentran vitoreando lemas como “La escuela no se vende, se defiende” y “No a los recortes”. Entran en el auditorio interrumpiendo el pregón. Hay gritos, algún que otro empujón, momentos de tensión con algunos dirigentes políticos municipales y, finalmente, la protesta se traslada a la calle.
Dos años después, la protesta puede salir muy cara a cuatro profesores y un miembro del 15M de Guadalajara. Los cinco están acusados por presuntos delitos de desorden público y agresión continuada a la autoridad, tal y como solicita la acusación particular que ejercen cinco de los siete policías que en su momento denunciaron los hechos. “Dos han retirado la denuncia”, explica Domingo Alcázar, uno de los profesores acusados que da clase en el Centro de Adultos de Guadalajara. La acusación particular pide para ellos cuatro años de cárcel, dos por cada delito, y una multa de 1.200 euros. Una pena que de salir adelante supondría la entrada en prisión de los cinco acusados.
“La semana pasada nos enteramos de las penas que pedía la acusación particular”, explica Alcázar. Insiste en que de una protesta de medio millar de personas –en la que “no pasó absolutamente nada, fue una protesta habitual y absolutamente pacífica”, agrega– “nos acusan a cinco personas no sabemos muy bien por qué procedimiento”.Ya entonces el Ayuntamiento de la localidad (del PP) solicitó que se identificara a los autores de las protestas con las grabaciones de los medios de comunicación y a través de una moción de condena aprobada con sus votos.
“Consideramos que esto es un juicio político y aleatorio, un acto de represión sin más, que se realiza con la connivencia del Ayuntamiento, del señor Antonio Román [alcalde de Guadalajara] y del señor Juan Antonio de las Heras [primer teniente alcalde y senador del PP]”, remacha Domingo Alcázar. “Si el alcalde quisiera que esto se acabara, se habría acabado hace mucho tiempo”, apostilla.
Lo cierto es que desde un primer momento el Juzgado de Instrucción Nº3 de Guadalajara determinó que los hechos se dirimirían por vía penal, al considerarlos constitutivos de delito y a pesar de que la Fiscalía solicitó que se llevaran como un juicio de faltas. La Audiencia Provincial finalmente ha dado la razón al juzgado y el caso seguirá por vía penal. Ahora falta que se pronuncie la Fiscalía, previsiblemente en un mes, y que se señale el juicio, probablemente para después del verano de 2014.
Desde el Ayuntamiento de Guadalajara han asegurado a eldiario.es que el consistorio no está personado ni tiene que ver con la causa. Sin embargo, el jefe de la Policía Local, Julio Establés, que es además uno de los policías denunciantes y presuntamente agredido, ha explicado a este periódico que el “Ayuntamiento formuló los hechos y tramitó la denuncia”. “Los policías implicados denunciaron como agentes de la autoridad en la comisaría y desde ahí comenzó el proceso judicial en el que los agentes que quieran pueden ejercer su derecho de acusación particular”. Cuando se le pregunta por cómo habían ocurrido los hechos denunciados, simplemente ha afirmado que “fue duro, fueron violentos y eso consta en las diligencias”.