La marea verde vuelve a la carga. La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) a finales de 2013 no fue un punto final. Ese es el mensaje que transmiten las asociaciones que marcharon por toda España unidas en la plataforma Stop Ley Wert. Ahora, todas ellas impulsan La educación que nos une, una iniciativa para mantener el debate educativo entre la población y construir un modelo educativo “público, democrático, inclusivo y ecológico”, según han explicado varios portavoces este martes.
Esta presentación coincidía con la materialización de otro de los frentes de batalla contra la reforma educativa, el recurso que ha presentado Andalucía ante el Tribunal Constitucional. Esta semana le seguirán, previsiblemente, Cataluña, Asturias, País Vasco y Canarias. Y el PSOE.
Yo estudié en la Pública, Juventud Sin Futuro, Attac, Movimientos de Renovación Pedagógica y Ecologistas en acción, entre otros, crearon en 2012 la plataforma Stop Ley Wert para evitar que la ley de educación diseñada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, entrase en vigor. No lo consiguieron. “Sin embargo, esa pelea logró que nos uniésemos muchas asociaciones que defendemos un modelo de educación diferente y llevó el debate a la calle”, recuerda Asier Delgado, portavoz de Juventud Sin Futuro.
Los ponentes han criticado el modelo educativo que impulsa el Gobierno como una norma subordinada al neoliberalismo económico, “que fomenta valores como la excelencia y la competitividad según el mercado”, ha apuntado Ana Contreras, de Yo Estudié en la Pública. “Es un modelo que privilegia a los más capaces y al que no vale, lo echa fuera del sistema”, coincidía Soraya Chapinal, de Movimiento de Regeneración Pedagógica.
Carmen Esbri, de la asociación económica Attac, ha calificado el sistema de la Lomce como un modelo de “plantilla”, en el que todos los alumnos deben ajustarse a un margen uniformado y centralista, que esconde valores de un sistema económico basado en el capitalismo salvaje.
La educación que nos une es una plataforma de encuentro y de diálogo, para diseñar una educación que sustituya la impulsada por el Gobierno. Para ello, defienden la resistencia y la desobediencia. “La desobediencia es más compleja y no queremos que nadie ponga en riesgo su trabajo, pero estamos diseñanado propuestas de objeciones de conciencia para los profesionales de los centros educactivos”, explican. “La resistencia sí puede estar más a mano de todos. Intentaremos que, dentro de la ley, los profesores sean creativos y defiendan los valores de una educación de calidad y universal con sus alumnos”.
Con estas propuestas y las ideas que se reúnan en la plataforma pretenden que el espíritu de la LOMCE no se instale en las aulas. “En la práctica, cada profesor tiene cierto margen en su clase”, insistió Ana Contreras. La portavoz de Yo Estudié en la Pública animó a la población a convertir la Ley Wert “en una de esas leyes que están en vigor pero que nadie aplica en la práctica porque no están aceptadas socialemente”. “Ante una ley injusta sólo cabe desobedecer”, resumió.
La LOMCE ante el Tribunal Constitucional
Esta semana la Ley Wert también afronta otro ataque, en este caso, ante la justicia. Cinco Comunidades Autónomas -Andalucía, Cataluña, Asturias, País Vasco y Canarias- y el PSOE presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la norma antes del próximo lunes 10 de marzo, cuando se cumplen tres meses de su publicación en el BOE.
Andalucía ha sido la primera en aprobar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, durante el Consejo de Gobierno de este martes, al considerar la norma “nefasta y segregadora”. “Andalucía se rebela, no vamos a ser insumisos, pero tampoco vamos a incumplir nuestro Estatuto de Autonomía”, ha advertido el consejero de Educación, Luciano Alonso. También aseguró que se impartirán asignaturas “desterradas” en la LOMCE, como Educación para la Ciudadanía, y que aplicarán la Religión en el “horario mínimo posible”.
Cataluña se centrará en aspectos que consideren que vulneran sus competencias. En el caso catalán, la Generalitat se ha manifestado contraria a pagar la escolarización en escuelas privadas de los alumnos que lo soliciten cuando no exista una oferta de castellano en la pública, tal y como recoge la LOMCE.
Por otro lado, la elaboración de los currículos y las nuevas evaluaciones al final de etapa en la ESO y el bachillerato también han enfadado a los gobiernos autonómicos, que consideran que el Gobierno ha impuesto una ley homogeneizadora y centralista en asuntos de competencia autonómica.
Por su parte, el Partido Socialista presentará su propio recurso ante el alto tribunal, “contra los temas más sustanciales de tipo educativo”, ha explicado Mario Bedera, portavoz de Educación del Partido Socialista a eldiario.es. “Cada Comunidad atacará los puntos que afecten a sus competencias. Nosotros nos hemos centrado en los puntos educativos más generales”, prosiguió.
El recurso del PSOE se argumenta alrededor de cinco motivos, en los que han encontrado contradicciones con lo recogido en la Constitución Española.
- La segregación por sexo en las aulas. “Atacamos el principio de separación de niños y niñas porque creemos que va en contra de los artículos 9 y 14 de la Constitución”, ha apuntado Bedera. El portavoz socialista considera que estos artículos del texto constitucional van más allá de la convención en la que se ampara el Gobierno para aprobar este punto, de 1970: “La Constitución es posterior, de 1975, y garantiza la igualdad sin que pueda haber discriminación por razón de sexo”. Además, Bedera recuerda otra convención internacional, de 1979, contra la discriminación de la mujer que podría defenderse del mismo modo que el PP lo hace con la del '70.
- La reducción del poder de decisión de padres, profesores y alumnos. “La LOMCE supone una desvirtualización de los consejos escolares. Les quitan los poderes de decisión para convertirlos en meros órganos consultivos”. Por ello, Bedera considera que la norma es contraria al artículo 27.7, que garantiza que “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”.
- Equiparar las asignaturas de Religión y Valores Culturales y Cívicos. “No se puede poner a la misma altura estas dos materias en un país cuya Constitución exige la neutralidad del Estado”, asegura. En opinión de Bedera, al obligar a elegir a los alumnos entre ambas materias, las equipara y, además, supone que aquellos niños que opten cursar Religión se perderán valores fundamentales para la ciudadanía. “Esto se puede considerar una discriminación contra estos estudiantes”.
- La separación de itinerarios en secundaria. “Esta medida vulnera el derecho a la educación recogido en el artíulo 27. Los alumnos deberían seguir el mismo recorrido hasta los 16 años, excepto por una justificación muy seria, para que se eduquen en igualdad”, defiende Bedera. En su opinión, motivos de necesidades especiales (como la diversificación) son aceptables, pero no así la separación para que los alumnos se orienten hacia la Formación Profesional (FP) básica. “No está sificientemente explicado porqué sacas a un chaval del carril para que haga un FP”, critica.
- La selección del alumnado según su rendimiento académico. El portavoz socialista denuncia la posibilidad de los centros de especialización curricular para elegir sus alumnos en función de sus rendimientos académicos. “Esta posibilidad provoca indefensión de muchos alumnos y discriminación. Creemos que es contrario al derecho de educación y también a la igualdad de los individuos ante la ley”, señala.