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Andalucía recurre la Lomce ante el Constitucional y busca reducir religión al mínimo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes presentar un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), lo que se acompaña de una serie de medidas para reducir su impacto en la comunidad autónoma, como es la reducción al mínimo de la religión en las aulas.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha justificado el recurso contra la Lomce -que también estudian otras cuatro comunidades autónomas- por “atentar contra los principios de acceso a la educación en condiciones de igualdad”,“por obligar a conciertos con centros de enseñanza que segregan por sexo” y por “desamparar a los que tienen menos recursos”, entre otras razones. Ha criticado que esta ley “haya batido todos los récords de enmiendas a la totalidad”, y ha dicho que era “una obligación institucional y moral” presentar este recurso.

Medidas para reducir el impacto de la LOMCE

También ha enumerado las propuestas de la Junta de Andalucía para paliar sus efectos en la región. De momento, ha hablado de reducir “al mínimo” el tiempo de impartición de la religión en infantil y primaria, “una vez que la Lomce la convierte en materia evaluable y por tanto corresponde a la comunidad autónoma decidir su aplicación”. De hecho, se ha encargado un informe a los servicios jurídicos para ver si posible que en lugar de hora y media a la semana como actualmente, se pase a una hora. Lo que ocurre es que esto está fijado en virtud de los acuerdos del Gobierno de la Nación con la Iglesia Católica, y la Junta de Andalucía entiende que ésta no puede decidir sobre una asignatura si cuenta en el currículo del alumno -hasta ahora no lo hacía- y por eso pretende ejercer su competencia y decidir cómo se imparte.

Paralelamente ha mencionado otras medidas para mantener un sistema que se ha tambaleado con la Lomce:

-Garantizar dos cursos seguidos con el mismo profesor para el alumnado

-No firmar conciertos con centros escolares que segregan por sexo

-Cerrar los sistemas de evaluación con la comunidad educativa

-Ofrecer alternativas para los que no superen la reválida habiendo aprobado el curso

-Mantener la asignatura de educación para la ciudadanía

-Establecer un currículo basado en formación humanista

-Blindar una escolarización equilibrada (en contraposición con la posibilidad que establece la LOMCE de escoger al alumnado).

También ha acordado impugnar la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado, lo que eleva a nueve los recursos en el TC presentados por el Gobierno de Andalucía, todos esta legislatura. El frente en el alto tribunal desde la comunidad autónoma no se detiene ahí porque hay que sumar otro recurso elevado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el que la Junta de Andalucía pretende aprobar en un próximo Consejo de Gobierno contra la Ley 9/2013 de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.

El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que se eleva porque esta ley también “atenta contra los principios constitucionales”. En su opinión, en “lugar de apostar por la simplificación de trámites, lleva a la desregularización”. En concreto, esta norma de garantía de la unidad de mercados da prevalencia a los territorios de origen de los distintos operadores económicos a la hora de regularizarlos. Un ejemplo: una empresa o institución de otra comunidad autónoma que opere en Andalucía no podrá ser controlada por las normas de ésta en materia por ejemplo de calidad, sino que las competencias serían de su región de origen. “Los operadores económicos podrán así elegir cuál es su comunidad de origen, y lógicamente decidirán lo que les resulte más beneficioso”, ha expresado. Esto genera, ha dicho, “inseguridad jurídica” y “vacía de competencias a las autonomías”.

Con estos dos recursos se elevan a 22 los conflictos de competencias entre las dos administraciones abiertos en el TC, porque eran 23 pero el recurso del Gobierno de España contra el Decreto Ley para el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda ha quedado sin efecto una vez que se aprobó la ley, igualmente recurrida. De estos conflictos, 12 han sido abiertos por el PP desde 2006 (cuatro por el grupo parlamentario y ocho por el Gobierno de España), nueve por la Junta de Andalucía (todos ellos en la presente legislatura) y uno por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Conflicto de competencias entre el Gobierno de España y Andalucía

1) Recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra la Ley de Andalucía 13/2005, de 17 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo (presentado en 2006).

2) Recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía (presentado en 2008).

3) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España contra la Ley de Andalucía 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía (presentado en 2008).

4) Recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra el Decreto Ley de Andalucía 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban Medidas Urgentes en Materia de Reordenación del Sector Público (presentado en 2010).

5) Recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía (presentado en 2011).

6) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España contra el Artículo 1 de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los ex Presidentes de la Junta de Andalucía y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía (presentado en 2012).

7) Conflicto positivo de competencia del Gobierno de España contra la Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando, en las recetas médicas y ordenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud, sean prescritos o indicados por principio activo (presentado en 2012).

8) Conflicto positivo de competencia del Gobierno de España contra la Orden de 13 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de artes Plásticas y Diseño (presentado en 2012).

9) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito educativo (presentado en 2012).

10) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España contra el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban Medidas Urgentes sobre Prestación Farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía (presentado en 2012).

11) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para Garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (presentado en 2012).

12) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad (presentado en 2012).

13) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (presentado en 2013).

14) Conflicto positivo de competencia del Gobierno de España contra la Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud (presentado en 2013).

15) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra los artículos 4, 5 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética; artículo 8 del Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de Mejora de Gestión y Protección Social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social; y los artículos 1, 2 y 3 y la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de Medidas Urgentes en el Sistema Eléctrico y en el Sector Financiero (presentado en 2013).

16) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el Sistema de Asistencia Jurídica Gratuita (presentado en 2013).

17) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España contra el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda (presentado en 2013). Se quedó sin efecto.

18) Cuestión de inconstitucionalidad de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, en su aplicación al personal laboral del sector público por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española (presentado en 2013).

19) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (presentado en 2013).

20) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España contra la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Función Social de la Vivienda (presentado en 2013).

21) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (presentado en 2014).

22) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra diversos preceptos de la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado (presentado en 2014).

23) Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en la redacción dada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y disposición transitoria segunda de ésta (presentado en 2014).