Como un milagro. Así califican los españoles residentes en el extranjero la devolución del dinero que emplean en votar en elecciones generales, autonómicas y municipales. A pesar de que Correos asegura que el Gobierno ya ha empezado a reembolsar los importes que gastaron para ejercer su derecho en los comicios del 20 de diciembre, los emigrados denuncian que la mayoría nunca recibirá el dinero. De hecho, muchos de ellos siguen esperando las devoluciones correspondientes a las autonómicas y municipales del 24 de mayo de 2015 e incluso a las generales de 2011.
A las dificultades derivadas del la introducción del voto rogado –la participación exterior del 20D fue la más baja desde 1986–se suma que, en la práctica, muchos residentes en el extranjero a los que no reembolsan el dinero, deben pagar por votar. Eso a pesar de que la ley obliga al Ministerio del Interior, que no ha contestado a este diario, a devolverlo.
Los residentes permanentes –inscritos en el censo CERA– incurren en gastos al enviar el voto al consulado en caso de que residan en ciudades donde no los hay. Los residentes temporales –inscritos en el censo ERTA– pagarán por enviar el voto por correo certificado a España. El coste dependerá de lo que cobre cada servicio postal.
Están eximidos de hacerlo los residentes permanentes –pero no los temporales– en aquellos países con los que el Ministerio de Exteriores tenga convenio. Sin embargo, son solo catorce, entre los que “faltan algunos que tienen grandes colonias de españoles como Gran Bretaña o Estados Unidos”, afirman fuentes de Correos, que se encarga de reintegrar el dinero. La empresa confirma que actualmente hay 20.000 residentes en el extranjero, que tienen que haber solicitado la devolución en el momento de votar, que deben recibirlo por las anteriores elecciones generales.
Sin embargo, la plataforma de juristas Dos Millones de Votos asegura que se han constatado numerosos casos de falta de reembolso “incumpliendo la gratuidad del voto” que reconoce la legislación. El colectivo, junto al de emigrados Marea Granate, considera que el sistema implementado es “manifiestamente deficiente y ha llevado a la mayor parte de electores a financiar su voto”. Dos Millones de Votos calcula que el gasto que deben afrontar los españoles residentes en el extranjero oscila entre los cinco y 25 euros por voto de media.
Las peticiones de los emigrados
María Gavira, que emigró a Londres en octubre de 2012, rogó el voto para las autonómicas y municipales de 2015 y para las generales, pero no ha recibido los casi 13 euros que en cada ocasión se gastó para enviarlo. Califica la situación de “robo” y asegura que no votará en los próximos comicios. Esta enfermera de 31 años ha desistido en su empeño porque, dice, “ni siquiera he conseguido una respuesta clara de cuál es la forma correcta de reclamarlo”.
Marea Granate incide en que el Gobierno debería implementar acuerdos con más países y extenderlos también a los residentes inscritos en el censo ERTA, que siempre tienen que pagar. En los casos en que no hubiera acuerdo, “que se reducirían mucho”, sostiene María Almena, portavoz del Grupo de Voto del colectivo, “deberían iniciar los procesos de devolución antes porque se pueden hacer con antelación estimaciones de votantes que van a tener que pagar”. Otro de los problemas que identifica es que el reembolso solo llega al domicilio al que se ha solicitado el voto.
Seis meses después, que es cuando Interior comienza a iniciar las devoluciones, puede que el emigrado ya no esté viviendo allí. Tal y como confirman desde Correos, que solo cuenta con el nombre y el lugar de residencia, puede ser un problema “porque este es un colectivo en el que hay mucha movilidad y rotación”. La empresa hace las devoluciones directamente a aquellos países con los que existan acuerdos para servicios de giro postal. En los casos en los que no, es una empresa privada la que se encarga, la mayoría de las veces Western Union. Correos confirma que en la mayoría de ocasiones se hace de esta manera, en concreto, en un 76% de las veces.
“Me han dicho tres veces que ya está solucionado”
Marea Granate critica que muchas veces esta empresa “no paga transferencias que no haya realizado una persona física”, por lo que el dinero no llega a su destino cuando lo envía el Ministerio del Interior. Es lo que le está pasando a Jose Carlos Cambero, residente en la ciudad estadounidense de Jersey City, al que ya le han avisado de que los cinco euros que le costó enviar el voto están disponible a través de Western Union. “He intentado ir a cobrarlo en tres ocasiones y las tres veces me he venido con las manos vacías”, afirma.
Ha comunicado las incidencias a Correos y al Ministerio del Interior, pero “siempre me dicen que el problema está solucionado, pero por más que lo intento no hay manera de que me lo devuelvan”. En 2011 no pudo votar porque, a pesar de cumplir con los trámites del ruego de voto, las papeletas no llegaron a tiempo. Este es otro de los obstáculos más denunciados por Marea Granate, que recibe decenas de testimonios de personas a los que las papeletas les llegan incluso cuando ya se han celebrado las elecciones.
Álex López, que vive en Dublín, sigue a la espera de que el Gobierno le devuelva lo que le costó votar en las dos anteriores citas electorales. Unos 12 euros entre ambas. Cuando fue a la embajada a solicitar el voto para el 20D informó del retraso respecto a las municipales y autonómicas, desde las que ya habían pasado siete meses. Allí le respondieron que era algo general y que “había más gente a la espera”. A este ingeniero de 42 años, que emigró hace tres, le parece “decepcionante” el retraso. “Piensas en dónde estará el dinero y no haces la reclamación por la cantidad sino por lo que supone, la falta de rigor”, critica.
En muchas ocasiones, además, el dinero que devuelve la Administración es inferior al que se ha gastado la persona residente en el exterior porque hace una media de lo que cuesta en cada país “y a veces puede ser inferior”, afirman fuentes de Correos. Algo denunciado también por Dos Millones de Votos, que expresa sus quejas también porque muchos residentes en el extranjero deben afrontar “extraordinarios gastos derivados de desplazarse a consulados y embajadas o en tomar tiempo libre de sus trabajos para adaptarse a los restrictivos horarios de oficina”.