La salida del Reino Unido de la Unión Europea modificará la vida de los británicos que viven fuera de su país. En España son unos 250.000, según el Instituto Nacional de Estadística. Gran parte en las zonas costeras (solo Alicante y Málaga suman casi la mitad de la colonia) donde se ha acuñado el estereotipo de británico jubilado que disfruta del sol y el sistema sanitario español.
“Estoy preocupada por todo para ser sincera. Espero que la asistencia sanitaria esté bien, porque pago aquí mis impuestos pero, obviamente, no lo sé”, cuenta Cindy Wilson, que vive en España desde hace 15 años. Esta profesora tiene dos hijos nacidos en España y explica que, tras el referéndum del Brexit, ha entrado en una fase “de incertidumbre total: sobre si voy a poder vivir aquí, si voy a necesitar un visado para regresar cuando salga...” y abunda “incluso la asistencia sanitaria en el resto de Europa va a ser un problema”, dice preocupada.
La asistencia sanitaria entre países de la Unión Europea está garantizada aunque exige trámites para asegurar que los gastos repercuten en el estado donde el paciente cotiza. Lo más normal es obtener una Tarjeta Sanitaria Europea que asegura el acceso sanitario en los países de destino temporal. Sin el paraguas europeo, se hará necesario un acuerdo específico o que los visitantes exhiban un seguro médico.
Pero, más allá de esa circunstancia temporal, si un británico tiene trabajo y residencia tiene condición de “asegurado”, según lo define el Ministerio de Empleo, y por lo tanto derecho al Sistema Nacional de Salud sustentado con “fondos públicos”.
La legislación española también reconoce como asegurado a los pensionistas. Hasta ahora, a los extranjeros pensionistas europeos les ha bastado con rellenar un formulario de la Unión Europea que certificaba el derecho a recibir asistencia sanitaria en el país de origen y, por tanto, en el de destino, es decir, España. Después se ajustan cuentas. ¿Es exclusivo este tratamiento de los países de la Unión Europea? No.
Acuerdos especiales para acudir a la consulta
La UE mantiene acuerdos preferenciales en esta materia con los países del Espacio Económico Europeo (EEE) –que no son parte de la unión–: Noruega, Islandia y Lichstestein. Estos acuerdos contemplan la cobertura sanitaria, “bajo algunas circunstancias”. Incluso Suiza, país que no es de la UE ni del EEE, tiene firmado un convenio especial para la asistencia sanitaria para pensionistas de nacionalidad suiza que residan en España.
Dave Finnan habla con pesadumbre tras hacer mucha campaña a favor del remain entre su compatriotas en España. Asegura estar “asqueado, triste y en shock. Valoramos nuestra asistencia sanitaria, la educación y otros beneficios de estar en la UE. Estimo estos derechos y quiero que mi hijo tenga los mismos”. Vive en España desde hace casi siete años y confiesa estar “preocupado por todas las posibles consecuencias”. Piensa que la campaña del Brexit se ha basado “en la generación de miedo” y remata: “Estoy valorando seriamente cambiar de nacionalidad”.
Una idea que también ha asaltado a William Pairman: “Llevo 27 años en España, no creo que tuviera problemas para adquirir la nacionalidad española”. William es autónomo y paga sus cuotas “todos los meses” por lo que “no tengo inquietud a corto plazo. Otra cosa es a largo plazo porque no creo que nadie en Inglaterra, España o Europa sepa qué va a pasar”. Pairman reproduce el sentimiento de decepción y “vergüenza” que le ha provocado el resultado del referéndum porque, se lamenta, “hemos dado una pobre imagen de país xenófobo. De Little Englanders [un término usado para criticar a los nacionalistas radicales británicos].
España tiene firmados más de 20 convenios bilaterales en materia de Seguridad Social con otros países. Se suelen aplicar a las “personas que trabajen” o a sus familiares. Algunos de estos acuerdos incluyen expresamente la asistencia sanitaria. Así aparece en las prestaciones contempladas con Chile, Brasil, Túnez, Perú, Andorra o Marruecos. A Imogen Beazley su periplo vital la llevó de Manchester a Palma de Mallorca. Desde allí trata de no caer en exageraciones: “Sé que en un hospital no van a rechazar a nadie que llegue enfermo”. Pero luego añade rápidamente que se siente “deprimida y no me fío nada de los políticos que tienen que negociar la salida”. De esa negociación dependerá el estatus final de los británicos y el modelo de sanidad al que tendrán derecho en España.