“¿Nos están llamando tontas? Claro que sabes a qué vas y si te falta información, allí te la dan. Cuando tomas la decisión tienes claro lo que vas a hacer”. Ana, que prefiere utilizar un nombre ficticio, lo sabe bien. Es una de las 562 mujeres que abortaron en 2019 en la provincia de León, en la comunidad en la que Vox quiere imponer un plan de escucha del latido fetal con la intención de frenar el número de abortos. Las medidas, que aún no está claro si se aplicarán ni cómo, han causado un terremoto político mientras expertas y mujeres que han pasado por el proceso denuncian la “infantilización” que suponen y lamentan que la vista no esté puesta en las auténticas trabas que aún persisten en el acceso al aborto.
“Al hacerme la ecografía me dijeron que venían dos y eso me afectó muchísimo psicológicamente. Pasé mal año y eso que sabía que el embarazo hubiera puesto en riesgo mi salud y la suya, pero imagínate que te hacen ver una ecografía 4D o escuchar los latidos. Puede hacer que tu recuperación psicológica sea más jodida o te haga sentir más culpable”, detalla sobre la propuesta Ana, que tuvo que abortar tras ser diagnosticada de una enfermedad neurológica con un tratamiento incompatible con el embarazo.
Las medidas no son una ocurrencia de la extrema derecha en Castilla y León, parten de un argumentario compartido internacionalmente por los grupos antiaborto que vendría a afirmar que las mujeres lo hacen de forma inconsciente, casi engañadas y sin tener claras unas supuestas consecuencias físicas y psicológicas que la evidencia científica no avala. Es a lo que se refieren cuando hablan de falta de información, en lo que consideran a Hungría un referente. La tesis ha sido llevada por Vox al Congreso varias veces, donde ha llegado a asegurar que “la mayoría” de mujeres abortan “presionadas” mientras el Estado “no ofrece alternativas” y las aboca al “único fin” de “la eliminación de la vida de su hijo”.
De hecho, el propio vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, afirmó que el plan está pensado para que las mujeres tomen la decisión “con una conciencia mayor” mientas que en Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha justificado la puesta en marcha de un teléfono asegurando que las mujeres tienen “derecho a informarse y no estar presionadas por nadie”.
Según explica Raquel Hurtado, coordinadora de intervención social de la Federación de Planificación Familiar (SEDRA-FPFE), la realidad y la evidencia científica desmienten que los abortos se produzcan en estas condiciones: “Sabemos que las mujeres toman la decisión de forma muy autónoma y rápida, saben que quieren abortar y la literatura nos dice que se arrepienten muy poquitas”. Si fuera una decisión “que cuesta mucho tomar –asegura la experta– habría un mayor número de abortos en semanas avanzadas”, sin embargo, la inmensa mayoría, el 72%, se producen hasta la octava.
Romina Llaguno, que inició hace ocho años los trámites en Madrid y al final tuvo un aborto espontáneo, describe la estrategia de Vox como un “ataque” a las mujeres. “Es muy patriarcal, porque entienden que tú como mujer eres un ser emocional y si te hacen escuchar el latido seguro que te arrepientes”, asegura. A ella, confiesa, le hubiera dado igual que le hubieran hecho escuchar el latido. Lo tenía muy claro y hoy no tiene “ningún trauma”. Hurtado insiste en que escuchar el latido fetal o disponer de una ecografía 4D “no aporta ninguna información extra” para la mujer que ya ha tomado la decisión “ni les hace cambiar de opinión”, pero sí provoca “coacción y cuestionamiento” y generar “culpa o malestar”.
“Vienen con la decisión tomada”
“Cuando va al centro, la mujer ya tiene la información, han pasado los tres días y tiene la decisión tomada”, explica la presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, que califica de “innecesarias” las propuestas y aclara que hablar de 'latido fetal' puede ser confuso. “Se puede pensar que hay un corazón, pero es una falsedad. Hablamos de dos células que están tintineando”, afirma la también directora de una clínica de abortos de Granada. A estos centros concertados con la Administración deriva la sanidad pública hasta al 84% de las mujeres que solicitan abortar, según los últimos datos.
García incide en que mujeres con dudas acuden de forma “muy extraordinaria”, normalmente llegan con su informe de derivación, “la información dada y la decisión tomada”. “Cada una ve lo que quiere ver, está en su derecho, pero la mayoría decide no ver nada”, continúa la ginecóloga sobre las ecografías .Tras elaborar la historia clínica de cada mujer se le explican las técnicas a su disposición: farmacológica o instrumental. Y se le dan los consentimientos informados, en los que “se les explican las ventajas e inconvenientes de cada método, qué conlleva interrumpir el embarazo y que puede cambiar de opinión”, apunta.
La información que reciben las mujeres en el momento de interrumpir la gestación está regulada en el artículo 17 de la Ley del Aborto, que estipula que deberá comprender los distintos métodos, las condiciones para la intervención, los centros disponibles y los trámites, así como las condiciones de cobertura. Además, en el caso de que sea un aborto libre, no por causas médicas, deben recibir un sobre cerrado con información sobre ayudas, prestaciones y recursos de asistencia asociados a la maternidad que en algunas comunidades incluso cita a entidades antiaborto que prometen ayudar a las que no interrumpan su embarazo. A esto se suman los tres días de reflexión que deben esperar hasta la intervención.
La reforma de la ley que tramitan las Cortes y que previsiblemente será aprobada en las próximas semanas con la oposición del PP y Vox mantiene la obligatoriedad de recibir información médica y administrativa, pero elimina los dos últimos requisitos. Los sobres pasarán a ser opcionales, solo si la mujer los solicita. “Ambas son cuestiones infantilizadoras y presumen que no es capaz de tomar decisiones o debe pensárselo más”, esgrime Hurtado, que lamenta que el debate público y la derecha estén centradas en cuestiones “ideológicas” e “inútiles” y no en solventar los déficits que aún existen en el acceso al aborto en España.
La información que sí falta
Es algo que constata el último informe de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya, que ha mapeado la situación actual para identificar las numerosas “barreras” que aún persisten. Menciona entre ellas la falta de información, pero no en el sentido en el que lo defiende la extrema derecha. “En su caso están hablando de intentar que las mujeres cambien de opinión, pero en realidad lo que ocurre es que hay un desconocimiento generalizado sobre el derecho al aborto y sobre cómo se accede a él”, explica Hurtado.
Según la asociación, falta información institucional “accesible” y “de calidad” sobre la interrupción voluntaria del embarazo, además de mucha “inequidad territorial” en cuanto a disponibilidad de recursos para que las mujeres sepan cómo pueden abortar y en qué condiciones. Ninguna campaña del Ministerio de Sanidad analizada para el informe entre 2010 y 2020 estuvo vinculada al aborto, mientras que las organizaciones que trabajan en el tema destacan la gran cantidad de mujeres que reciben porque no saben a quién acudir.
Lo constata Hurtado, que explica que a los servicios de atención que tiene en marcha la Federación de Planificación Familiar acuden muchas en busca de información y asesoramiento. “Tenemos consultas de mujeres que no saben dónde ir, que no tienen claro siquiera si es una prestación incluida en la cartera de servicios sanitarios o no saben cómo se gestiona o cómo se solicita”, explica la experta, que asegura que en ocasiones abortar “se convierte en un periplo” que “al final tiene que ver con que es una práctica que sigue estando estigmatizada”.
Ahorrarse ese periplo y el posible cuestionamiento es lo que Ana quería al tomar la decisión de evitar la sanidad pública y pagar su aborto. “Yo había tenido una falta y eso ya son ciertas semanas. Si ya tienes la angustia de que lo tienes que hacer, añádele la de pensar si vas a llegar a tiempo o si se entera alguien que no quieres o si vas a encontrarte con alguien que no está por la labor de ayudarte. Tuve la suerte de poder quitármelo [el dinero, unos 400 euros] de otro lado y no pasar por esa tortura de ir a un lado, a otro, contarle a todo el mundo una y otra vez cuál es tu situación y por qué lo quieres hacer”, explica.
A ello, suman las expertas como “obstáculos” los tres días de reflexión y el sobre, también el hecho de que las mujeres de 16 y 17 años deban contar con el consentimiento de sus progenitores para abortar, algo que modifica la futura reforma a pesar de que el PP, que introdujo este requisito en 2015 tras dar por perdido su intento de aprobar la ley restrictiva de Gallardón, pide vía enmiendas en el Senado que se mantenga.
Obligadas a viajar para abortar
Que la inmensa mayoría de abortos se produzcan en centros privados, aunque acreditados con la Administración, es otro de los obstáculos, señala el estudio. Y en concreto, los traslados a los que se ven obligadas miles de mujeres al año, que deben salir de sus provincias e incluso de sus comunidades autónomas para ejercer su derecho. Le ocurrió a María (nombre ficticio), que tuvo que viajar 200 kilómetros tras un periplo administrativo y sanitario y con un diagnóstico de “graves e incurables anomalías en el feto” que el hospital público de su provincia se negó a asumir.
Estas situaciones están provocadas porque en algunos territorios no hay clínicas con las que la sanidad pública pueda concertar el servicio, pero tampoco los hospitales se encargan de las intervenciones, por lo que la única opción que les da el Estado a estas mujeres es acudir a los centros privados de otros lugares.
Ocurre en más de una decena de provincias y entre ellas hay varias de Castilla y León. Ninguna interrupción voluntaria del embarazo se notificó en 2021 en Soria, Segovia, Ávila, Zamora o Palencia, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. La Junta de Castilla y León es una de las comunidades que aduce objeción de conciencia de sus profesionales en los hospitales. O así respondió al Movimiento Feminista de Salamanca hace unos meses en un escrito en el que reconocía que “en el ámbito de la sanidad pública” de la provincia no se llevan a cabo abortos “porque los profesionales se acogen a la objeción de conciencia”.
Las expertas, sin embargo, llevan tiempo advirtiendo de que la objeción de conciencia no puede ser institucional, sino que se trata de un derecho individual y apuntan más a “una falta de voluntad política” para poner en marcha los servicios en los centros de la sanidad pública. Es algo que intentará revertir la reforma de la Ley del Aborto, que obliga a crear registros de objetores y a garantizar que haya siempre profesionales disponibles para llevar a cabo la intervención. La cuestión es que serán las comunidades las encargadas de ponerlo en marcha.