Apenas fue un anuncio, cuatro palabras sin más desarrollo, pero que atienden una vieja reivindicación del sector educativo y que, de cumplirse, podrían cambiar la vida de muchas familias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pactaron el pasado jueves universalizar la gratuidad del tramo educativo de cero a tres años.
Pero al anuncio deja más dudas que certezas. ¿Cuándo pretende implantarse? ¿Quién lo va a pagar, Moncloa o las Comunidades Autónomas, responsables de la educación? Dado que la etapa no es obligatoria, ¿qué modelo se elegirá? ¿Ampliar la (escuálida) red pública o sufragar a a las familias el pago de las escuelas privadas, como hacen ahora algunas autonomías? ¿Hasta dónde llega el propósito de mejora? ¿Es solo sacar más plazas gratuitas o darle una pensada al modelo? El Gobierno no ha dado ningún detalle más. Desde el partido de Iglesias informan de que lo concreto se tratará en la mesa de negociación con el Ejecutivo.
Otra cuestión a tener en cuenta es que PSOE y Podemos no suman lo suficiente en el Congreso para sacar adelante esta cuestión por sí mismos. Necesitarán algún apoyo más. Si Ciudadanos es coherente con declaraciones y actuaciones pasadas, debería apoyar la medida: hace tiempo solicitaron algo muy parecido en la Cámara Baja mediante una proposición no de ley.
De la necesidad de tener una Educación Infantil de calidad y lo que implica son pocos los expertos que dudan, aunque nadie debió explicárselo a exministro de Educación del PP José Ignacio Wert, que hizo de esta una etapa meramente asistencial en la LOMCE.
Sin embargo, Hay abundante literatura académica al respecto, que se puede resumir en que “las relaciones afectuosas, estables, seguras y estimulantes entre los niños y niñas y las personas que ocupan de su cuidado, durante los primeros meses y años de su vida, son esenciales para todos los aspectos del desarrollo. La calidad de la atención y el cuidado que reciban los niños en estas primeras etapas de su vida van a sentar las bases para que puedan desarrollar, en etapas posteriores, habilidades y capacidades que les permitan un desempeño adecuado en sus diferentes entornos de socialización”, según manifiesta Ángeles Espinosa Bayal, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la UAM y autora del informe de Unicef La garantía del derecho a la educación en la etapa 0-3 años.
El panorama
Primero, la foto fija. Aunque es difícil generalizar, la situación de las escuelas infantiles no es la óptima, a decir de los expertos. “Excepto algunas excepciones que estamos viendo, está tocadísima”, lanza Lourdes Quero, presidenta de la Junta de Portavoces de Eduación Infantil 0-6. “Las escuelas de gestión directa están abandonadas, las de gestión indirecta están maltratadas, se ha pasado la gestión a empresas con ánimo de lucro y se está haciendo negocio con los más pequeños”, argumenta.
A nivel de escolarización, y si el entorno europeo sirve como referencia, la situación no es mala. En el tramo 0-2, uno de cada tres pequeños (34,9%) está matriculado en una escuela, sea pública o privada. A este nivel no hay referencias, pero cuando se sube un escalón, la tasa de escolarización de dos años es del 55%, por encima de la media de la OCDE (39%) o la UE22 (35%), según datos del informe de Unicef. Con tres años la escolarización ya sí es universal con un 95%, lo que deja a España en la vanguardia europea y mundial, al nivel de Suecia, Italia, Alemania o Francia.
Sin embargo, el panorama de la escolarización global en el 0-3 varía mucho según la Comunidad Autónoma. El País Vasco (51,2%), Madrid (44,8%) y Galicia (42,5%) son las regiones en las que más pequeños acuden a la escuela antes de los tres años. En el otro extremo, Murcia (17,5%), Ceuta (13,3%) o Canarias (12,1%) son las que menos.
La peculiaridad de esta etapa es que es, de lejos, la que más escuela privada no concertada tiene por su propia naturaleza. Como la etapa no es obligatoria, nadie se ha preocupado por ella, como explicaba Pepa Alcrudo en esta entrevista. “Todos los Gobiernos consideran la Educación Infantil como un gasto, así que han optado por abandonarla a su suerte, especialmente el 0-3”.
El resultado ha sido que apenas la mitad de los 457.224 alumnos que cursan el primer ciclo de infantil están en la escuela pública (51,4%). El resto se ha tenido que buscar la vida entre la concertada, minoritaria en esta etapa (15,1%) y la privada no concertada, donde acude uno de cada tres alumnos (33,4%) en buena parte por la falta de alternativas para las familias. Esto quieren arreglar PSOE y Podemos.
La escolarización
Y luego están los modelos de escolarización. De nuevo, como la etapa no es obligatoria, cada Gobierno regional elige el suyo. Puede haber más red pública o menos, subvenciones para las escuelas privadas o cheques-bebés a las familias. Y la elección del modelo no es baladí porque todos tienen algo en común (que precisamente es lo que pretende arreglar el pacto Sánchez-Iglesias): la red existente no tiene en general capacidad de absorber toda la demanda de plazas, al menos públicas, lo que obliga a las administraciones a decidir quién entra y quién no en sus escuelas.
Así, Espinosa explica que “los criterios de admisión (...) están relacionados con la calidad de las escuelas infantiles, ya que afectan a la equidad (...) y de ningún modo se puede entender un sistema educativo de calidad si no garantiza la equidad en el acceso y los resultados”.
Expone Espinosa que en España hay tres modelos de admisión en función de la prioridad que den a la conciliación de los padres o al nivel socioeconómico de las familias. En el primer modelo se favorece la equidad y se da prioridad a los niños que proceden de entornos socio-familiares más desfavorecidos, otorgando más puntos por renta familiar. Así es la normativa en País Vasco, Cataluña o la Comunidad Valenciana.
El segundo modelo favorece la conciliación de las familias y el estatus laboral de los progenitores puntúa más que la renta familiar, “lo que supone una importante fuente de desigualdad de oportunidades de acceso”, según Espinosa, y se sigue en Extremadura y Andalucía.
El tercer modelo, un híbrido entre los dos anteriores, “en la práctica puede llegar a dar prioridad a la conciliación sobre la equidad en función de los puntos que se asignen a cada criterio de admisión”. Este es el modelo de la Comunidad de Madrid.
Abandonada a su suerte
Con esta disparidad de criterios y maneras de actuación pretende acabar el pacto ampliando la universalización y gratuidad del tramo 0-3. Hay Gobiernos regionales que incluso lo habían pedido ya al Ejecutivo central que lleve a cabo esta regulación, toda vez que las Comunidades han tenido que asumir la la escolarización por la demanda social pero tienen “dificultades para hacer frente a su coste en solitario”, según expresó recientemente la consejera canaria de Educación, Soledad Monzón. La petición se realizó en la última conferencia sectorial educativa, que reúne a Gobierno con las Comunidades Autónomas, y la secundaron casi todas las regiones.
El panorama real en las regiones que los Ejecutivos apenas han podido desarrollar los requisitos de los centros y los currículos, que es lo único que les permite el Estado. Entre esto y que las Comunidades no tienen fondos, al final han sido los Ayuntamientos los que se han tenido que hacer cargo de la red pública de escuelas infantiles para tratar de paliar la falta de plazas públicas y atender las demandas de las familias (una escuela privada, a la que se ven abocadas muchas familias, puede costar hasta 500 euros mensuales en grandes ciudades como Madrid), una situación a menudo insostenible para las administraciones locales, que prestan el servicio únicamente porque nadie más lo hace.