España ha dado el paso definitivo para que la eutanasia sea una realidad. El Congreso ha aprobado este jueves la ley procedente del Senado y ha superado el último escalón para convertir a nuestro país en el séptimo del mundo que la regula, el cuarto en Europa. Los demás son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda, cuya ley se prevé que entre en vigor en noviembre. Otro grupo de países –Suiza, algunos estados de Estados Unidos y dos de Australia– permite el suicidio asistido, es decir que una persona termine con su vida con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios. Se diferencia de la eutanasia en quién realiza la acción: en esta es el médico el que pone fin a la vida del paciente a petición de este. La ley española, que previsiblemente entrará en vigor en tres meses, se refiere a ambos supuestos.
Aquí puedes encontrar todas las claves de la norma aprobada por el Congreso, pero ¿cómo son las leyes de los demás países?
Derecho a Morir Dignamente, la asociación que en España lleva décadas empujando por la regulación de la eutanasia, explica que la experiencia en el resto “demuestra que es posible regularla con seguridad y lograr que la ciudadanía pueda decidir en libertad sobre su propio final”. Todas las legislaciones son similares, aunque la española es especialmente garantista, pero difieren en algunos puntos: constituyen comisiones de evaluación, pero de los países europeos, solo en España tendrá una función de verificación previa de las solicitudes. En todas partes las peticiones debe contar con el visto bueno de al menos dos médicos, que deben asegurarse de que la persona conoce las alternativas.
Tal y como deberá hacer el Ministerio de Sanidad en España, la mayor parte de comisiones en el resto de países realizan informes anuales de evaluación de la práctica. Los últimos publicados en otros países revelan datos interesantes: en 2019, se produjeron en Holanda 6.361 muertes por suicidio asistido (el 4,1% del total), mientras que en Canadá, donde la ley es más reciente, se practicaron 5.631 eutanasias (un 2%). En ambos países y Bélgica, la mayor parte de pacientes que lo solicitan son enfermos de cáncer incurable: del 64% de Bélgica y Holanda al 67% de Canadá. En este último le siguen las enfermedades respiratorias (10,8%), neurológicas (10,4%) y cardiovasculares (10,1%).
Hay diferencias entre las legislaciones sobre uno de los puntos de gran controversia y que ha causado debate por algunos casos concretos: las personas con enfermedades mentales. En Bélgica u Holanda es posible que, si cumplen los requisitos, puedan solicitar el suicidio asistido –según los últimos informes, fueron el motivo en el 0,9% de los casos en el primero y el 1,06% el segundo–. Con todo, la evaluación belga revela que en la gran mayoría de los casos (87,3%) “el médico consideró que la muerte del paciente era previsible a corto plazo”. Esto es algo que estipulan otras regulaciones como criterio. En los estados de EEUU y Australia que tienen ley de suicidio asistido, el pronóstico de vida debe ser de medio año y la norma española dicta que la persona debe tener un “pronóstico de vida limitado”.
Otra de las cuestiones que más debate generan es la de la edad: Holanda, Bélgica y Colombia son los que permiten la eutanasia en menores de edad bajo determinadas condiciones. El resto, también la ley española, a partir de los 18 años. Ha habido casos de menores en los dos primeros países, pero Bélgica no reporta ninguno en sus últimos informes. Y la mayor proporción de casos en los tres países se da entre mayores de 70 años, pero también entre los 60 y 70. Por género, el reparto es similar, ligeramente superior en hombres: en Canadá, los solicitantes, según el último informe, fueron un 50,9%, mientras que ellas fueron el 49,1%.
Holanda
Fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia y lo hizo en 2002 a través de una ley que también regula el suicidio asistido. Establece como requisito ser víctima de un padecimiento “insoportable y sin perspectiva de mejora” y la petición debe ser voluntaria, informada y consciente. El médico debe dejar por escrito que el paciente rechazó todas las alternativas sobre cuidados y debe consultar con un segundo doctor, que tiene que emitir un dictamen sobre el cumplimiento de los criterios. Incluye a los menores de edad desde los 12 años, que requieren el consentimiento de sus progenitores. Las llamadas comisiones regionales de comprobación deben juzgar al terminar el proceso si se ha actuado conforme a la ley.
Bélgica
Diez años después de que se iniciara el proceso legislativo, Bélgica aprobó la regulación de la eutanasia también en 2002, junto a un programa de cuidados paliativos. La ley no establece límite de edad, pero en caso de los menores un equipo pediátrico debe evaluar su “capacidad de discernimiento” y tiene que sufrir una enfermedad terminal. En todos los casos el médico debe contar con la revisión de un segundo doctor, que debe redactar un informe. Y también con un psiquiatra si el médico opina que el fallecimiento “no sucederá en un corto periodo de tiempo”. La persona debe tener “un pronóstico de no recuperación” y padecer “un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable, sin alivio posible, resultado de una afección accidental o patológica grave e incurable”, establece la norma. Una comisión federal evalúa la aplicación de la ley en todos los casos. La norma no distingue entre eutanasia y suicidio asistido.
Luxemburgo
En 2009 Luxemburgo se convirtió en el tercer país de Europa en legislar sobre la eutanasia y el suicidio asistido. La ley incluye también una regulación propia de cuidados paliativos. Solo es aplicable a mayores de 18 años que deben encontrarse en la misma situación que describe la ley belga, que prácticamente calca la redacción luxemburguesa en este punto. El médico debe, salvo oposición del paciente, consultar no solo con un segundo especialista, que debe redactar un informe, sino también con su equipo médico habitual y una persona de confianza que el paciente designa.
Canadá
En 2014 la provincia de Quebec aprobó una ley de cuidados al final de la vida, que incluye la eutanasia, e inició el camino en el país hacia una regulación nacional. En febrero de 2015, la Corte Suprema emitió una sentencia en la que instó al Gobierno a despenalizarla, y le dio hasta el 6 de junio de 2016 para elaborar una nueva ley. Entonces, el parlamento aprobó una legislación federal que permite a los adultos canadienses solicitar asistencia médica para morir. Deben tener una enfermedad “grave e incurable”, experimentar un sufrimiento “físico o mental insoportable” que “no se puede aliviar” y estar en punto “en el que la muerte natural se haya vuelto razonablemente previsible”. La solicitud debe hacerse ante dos testigos y debe pasar por dos médicos independientes. La norma establece además un periodo de reflexión de diez días.
El parlamento canadiense discute actualmente una reforma de la ley a instancias del Ministerio de Justicia que se centra fundamentalmente en dos cuestiones: por un lado elimina el criterio de que la muerte sea “razonablemente previsible” –aunque estipula salvaguardas diferentes para el caso de que no lo sea– que el Tribunal Superior de Quebec dictaminó inconstitucional en 2019. Por otro lado, profundiza en los casos de enfermedades mentales y estipula que estas personas no serán excluidas, pero “solo podrían acceder a asistencia médica para morir si cumplieran con todos los criterios de elegibilidad”, es decir, su enfermedad mental no puede ser la “única condición subyacente”.
Colombia
En el país latinoamericano el debate se intensificó en los años 90, cuando una sentencia de la Corte Constitucional declaró que de acuerdo con la constitución colombiana el derecho a morir es un derecho fundamental. Ello fue nuevamente constatado por la Corte de Apelaciones en 2014 con el fallo sobre el caso de una mujer con cáncer de colon en fase terminal. Y un año más tarde el Ministerio de Sanidad aprobó un protocolo, aunque no una ley, para los enfermos terminales mayores de 18 años, que deben pasar una evaluación cognitiva. Un comité científico, formado por un abogado, un médico y un psiquiatra, evalúa previamente los casos y durante el proceso para asegurar que se cumplen todos los requisitos. En 2018, Colombia se convirtió por mandato de la Corte Constitucional en el tercer país del mundo en regular la eutanasia para menores de edad a partir de los seis años, aunque con diferentes requisitos en función del rango de edad.
Nueva Zelanda
Se prevé que en Nueva Zelanda la ley que regula la eutanasia entre en vigor el próximo noviembre, después de que el país lo aprobara en referéndum. Se aplicará a mayores de 18 años que así lo soliciten, sufran una enfermedad terminal “que probablemente acabará con la vida de la persona en un plazo de seis meses” y vivan con un “sufrimiento insoportable”. Deben pasar la evaluación de dos médicos, y de un psiquiatra en el caso de que haya desacuerdo entre ambos sobre su capacidad de discernimiento. La norma veta que la eutanasia se aplique a personas cuya única condición sea sufrir una enfermedad mental, tener una discapacidad o ser de edad avanzada.
El suicidio asistido en Suiza, EEUU y Australia
En otro grupo de países lo que está permitido es el suicidio asistido, es decir, el acceso a medicamentos para morir, pero no la eutanasia. Es el caso de Suiza, conocida por no requerir que los pacientes tengan la nacionalidad, por lo que ante la imposibilidad de hacerlo en sus propios países, a él llegan europeos buscando poner fin a su vida dignamente. De acuerdo con los cálculos de la asociación Derecho a Morir Dignamente, también hasta 70 millones de estadounidenses en diferentes estados del país tienen derecho al suicidio asistido. Es el caso de Oregón, que lo reguló a mediados de los años 90, también Washington (2009) o Colorado, en 2016.
Son legislaciones a las que pueden acogerse adultos que sean “capaces” y residentes en los estados y que hayan sido evaluados por dos médicos. Establecen como requisito el padecimiento de una enfermedad terminal, que las normas definen como patologías “incurables e irreversibles” que producirán la muerte dentro de un plazo de seis meses.
En Australia, el estado de Victoria aprobó en 2017 una ley de muerte asistida. También requiere que la persona tenga una enfermedad o dolencia que le va a causar la muerte “en semanas o meses” sin exceder el medio año y que le cause “un sufrimiento que no puede ser aliviado de un modo que la persona considere aceptable”. La norma especifica en este caso que no se puede acceder “por el solo hecho de haber sido diagnosticada con una enfermedad mental” y el paciente debe ser mayor de 18 años y firmar una solicitud en presencia de dos testigos y del médico coordinador. También el estado de Western Australia aprobó la regulación en 2020 y entrará en vigor este año.