Revertir la sobrepesca en el Mediterráneo, el mar más esquilmado del mundo, está resultando más complicado de lo que se pensaba. Apenas un año después de poner en marcha el plan de conservación de recursos demersales (los más cercanos al fondo), el Gobierno deberá ampliar la zonas vedadas a la pesca industrial para intentar alcanzar un nivel sostenible de capturas en 2025.
Las especies pesqueras que viven a mayor profundidad están “en situación precaria”, la mayoría debido a la sobrepesca, según reconocía el plan de gestión del Ministerio de Agricultura y Pesca en mayo de 2020. Algunas de las especies con mayor valor comercial han venido padeciendo una sobrexplotación diez veces por encima del valor sostenible, según especifica la organización Oceana. Las protagonistas son variedades tan populares como la merluza europea, las gambas blanca y roja, la cigala, el salmonete de fango o el langostino moruno.
Los 'santuarios temporales' deben ser ricos en ejemplares jóvenes y constituir "zonas de desove", unos criaderos donde estas especies puedan recuperar su población hasta ser adultos sin ser arrastrados por las redes fuera del fondo
El mandato acordado en la Unión Europea en 2019 es reducir la cantidad que se pesca de algunas de estas especies demersales (el “esfuerzo pesquero”, en jerga comunitaria) para que puedan recuperarse. Entre otras cosas, el reglamento europeo contemplaba la medida de establecer zonas vedadas, durante algunas épocas del año, a las flotas de arrastre que buscan estas variedades.
Estos santuarios temporales deben ser ricos en ejemplares jóvenes “por debajo de la talla mínima” y constituir “zonas de desove”. Es decir, unos criaderos donde estas especies puedan recuperar su población: los huevos eclosionarán y los alevines y crías medrarán hasta ser adultos sin ser arrastrados por las redes fuera del fondo.
Tras publicarse zonas de veda temporales en el Mar de Alborán, siete zonas en el norte y otras siete en el sur de la isla de Mallorca y seis en el golfo de León, el Ministerio ha diseñado, año y medio después, nuevas áreas prohibidas en el Mediterráneo andaluz, zonas de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera y áreas entre el cabo de Salou y Francia.
Conservación frente a actividad económica
Sin embargo, el choque entre conservación biológica y economía pesquera se mantiene muy vivo. Viene explicitado en las órdenes que crean los vedados: “Aunque las medidas de conservación de los recursos pesqueros tienen una base con el objeto de mejorar la situación de las poblaciones, es necesario tener también en cuenta el componente socioeconómico”.
Esta idea ha definido la postura mantenida por el Gobierno durante las negociaciones de las cuotas pesqueras europeas que se han cerrado este martes por la mañana tras casi dos días seguidos de negociación. La reducción de jornadas que podrán pescar los buques de arrastre en el Mediterráneo (a menos días, menos capturas) ha hecho que España no haya refrendado el acuerdo (que será obligatorio de todas formas).
España se opuso al acuerdo europeo de reducir las jornadas de faena: "Apoyar esta propuesta significaría defraudar a nuestros pescadores y dejar a la deriva el futuro y el sustento económico de las zonas costeras y la población que depende de su actividad
Agricultura y Pesca ha entendido que “antes de incidir en más recortes de días de pesca que pueden comprometer la viabilidad de la flota en el Mediterráneo” había que dar más tiempo para que los científicos evaluaran las medidas ya puestas en marcha como, por ejemplo, “las vedas espaciotemporales”, que está ampliando.
“Los científicos ya han dado la alarma: ninguno de los escenarios de gestión evaluados para 2022 terminarán con la sobrepesca en 2025 como fue el compromiso”, han alertado conjuntamente varias organizaciones ambientales como Ecologistas en Acción, WWF u Oceana. Según su análisis, es precisa una “reducción drástica” de ese esfuerzo pesquero de arrastre para “no poner en peligro el futuro de la pesca mediterránea”. Su temor es que la sobrepesca colapse los stocks, es decir, que las poblaciones se conviertan en excesivamente exiguas.
Los cálculos técnicos pedían reducciones de las capturas para las especies más buscadas por los buques de arrastre de un 74% en los bancos de merluza, entre un 57 y un 90% para la cigala, un 36% para la gamba blanca o hasta un 58% para la roja.
El arrastre es una forma de pescar, básicamente, poco selectiva. Las redes lastradas se deslizan por el fondo marino y van apresando todo lo que encuentran a su paso, ya sea objetivo de la industria o no. Antes de poner en marcha el plan de gestión, más de un 40% de las capturas en el Mediterráneo occidental se descartaba (se tiraba por la borda sin más), según los cálculos de la FAO.
De hecho, el reglamento europeo permite a los buques que enganchen redes menos masivas faenar algunos días más para fomentar esa “selectividad”: que se pesquen cada vez más los ejemplares adultos de las variedades deseadas y dejar a salvo juveniles y otra fauna y flora.
Con todo, la organización Oceana califica esta modalidad como “pesca destructiva” con gran impacto ya que la flota de arrastre, que supone como un 25% de la flota española, representa casi el 70% de la capacidad pesquera.
En cierto sentido, la creación de nuevas áreas apoya la idea de que las medidas actualmente en vigor no alcanzan para cumplir con las capturas sostenibles. El borrador que crea esas nuevas zonas de veda admite que las especies siguen en “situación no óptima”, a pesar de “algunas mejorías”, debido a su sobrexplotación.
Voto en contra de la nueva rebaja de días de faena
Finalmente, tras 40 horas de reunión en Bruselas, la mayoría cualificada de Estados ha aceptado reducir el número de jornadas de faena un 6% más. Se une a un acumulado del 17% de rebaja de los dos años anteriores. El voto español ha sido negativo. “Apoyar esta propuesta significaría defraudar a nuestros pescadores y dejar a la deriva el futuro y el sustento económico de las zonas costeras y la población que depende de su actividad”, ha dicho el ministro Luis Planas.
Se priorizan los intereses económicos de la industria sobre la gestión de recursos que son públicos. Es necesaria una visión a largo plazo para asegurar una pesca con futuro, que garantice poblaciones de peces y ecosistemas marinos saludables
La nueva normativa de Agricultura y Pesca ahora en elaboración insiste en que “de estos recursos dependen de forma directa el trabajo y la actividad de los pescadores (...) así como un elevado número de personas dedicadas a actividades complementarias derivadas del ejercicio de esa actividad”.
Sin embargo, los ambientalistas señalan que, precisamente, esta fórmula de explotación va a acabar con la materia prima de la que depende esa economía. Y advierten de que, a pesar de los pasos en “la buena dirección, el colapso de las pesquerías pronto se convertirá en una cruda realidad en el Mediterráneo”.
Para Cecilia del Castillo Moro, de Ecologistas en Acción, todavía “se priorizan los intereses económicos de la industria sobre la gestión de recursos que son públicos mientras es necesaria una visión a largo plazo para asegurar una pesca con futuro que garantice poblaciones de peces y ecosistemas marinos saludables y comunidades costeras vivas”.