Las víctimas de agresiones sexuales en España no cuentan con ningún recurso de emergencia que les brinde información, asesoramiento y acompañamiento disponible las 24 horas. Se trata de los llamados “centros de crisis”, muy desarrollados desde hace décadas en varios países europeos y en Estados Unidos, pero que en nuestro país no se han puesto en marcha. El pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Madrid anunció la creación de uno que prevé abrir sus puertas durante el primer semestre de 2019.
Amnistía Internacional ha reclamado en varias ocasiones la puesta en marcha de este tipo de centros, caracterizados por una atención permanente, conducidos por un equipo multidisciplinar y concebidos para atender en momentos de emergencia, hasta alcanzar la ratio de uno por cada 200.000 mujeres recomendada por el Consejo de Europa. La ONG aprovechó la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia machista en el Congreso de los Diputados para denunciar que “la violencia sexual sigue siendo invisible y no prioritaria en España”.
Más allá de las medidas destinadas a las víctimas de violencia de género en el seno de la pareja o expareja, Amnistía pide al Gobierno “el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional” con centros de crisis –al menos uno por cada comunidad autónoma– “disponibles las 24 horas del día y todos los días del año. Algo que no existe por el momento en todo el territorio español”, apuntaba en un comunicado a finales del año pasado.
Este tipo de centros, surgidos en Estados Unidos en la década de los 70, cuentan con características específicas como la atención de emergencia, es decir, nada más producirse la agresión, la disponibilidad 24 horas –ya sea con la apertura permanente del centro o mediante una línea telefónica de atención–, la existencia de un equipo multidisciplinar con profesionales psicológicos, médicos y del ámbito judicial y la coordinación con instituciones, servicios sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e instancias judiciales.
Coordinación con Policía y hospitales
El pasado mes de junio el Ayuntamiento de Madrid anunció la creación del primero en nuestro país, un “equipamiento municipal pionero”, explicaba el consistorio en una nota de prensa, que funcionará de forma ininterrumpida para atender a las víctimas de violencia sexual. “La idea es que esté muy conectado con el resto de recursos, con hospitales y comisarías, pero también con centros de atención más a medio y largo plazo como el CIMASCAM”, explica María Naredo, directora de prevención y atención frente a la violencia de género del Área de Gobierno de políticas de género y diversidad del Ayuntamiento de Madrid.
El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM), dependiente de la Comunidad de Madrid, también se encarga de atender y acompañar a las víctimas, pero está más enfocado a la terapia y recuperación. Lo mismo ocurre con CAVAS (Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas), la asociación de referencia en la capital de atención a víctimas, fundada en 1986, y otros recursos extendidos por la geografía española de las mismas características.
Por su parte, los centros de crisis están concebidos para atender en emergencia y las 24 horas del día, algo que no ocurre en los servicios con los que cuentan las comunidades. De hecho, en casi la mitad de las autonomías ni siquiera existen recursos específicos para víctimas de violencia sexual, tal y como denunciaron más de una decena de organizaciones en el informe Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España.
“En esas primeras horas deben hacer un acompañamiento integral a todos los niveles quiera o no interponer una denuncia. En el caso de que sí, los centros de crisis acompañarían a la víctima a la Policía. También deben tener una buena coordinación con medicina legal y forense de cara a ese primer informe que se debe hacer tras una violación. La idea no es que dependa de la voluntad de las profesionales, sino que haya una estructura creada y formada para ello”, sostiene Bárbara Tardón, experta en violencia sexual.
El origen: las feministas de base
Tardón, que ha estudiado la incidencia internacional de los centros de crisis, asegura que “España no tiene este tipo de espacios porque la violencia sexual ha estado totalmente desatendida”. Sin embargo, “en Londres hay uno en cada distrito”, ejemplifica. En Irlanda hay 16 que operan desde 1985 integrados en la Rape Crisis Network Ireland (Red de Crisis de Violación de Irlanda). En Inglaterra existe una red que cuenta con 45 centros.
Por su parte, varios estados de Estados Unidos cuentan con este tipo de recursos, que tienen su origen en el país norteamericano a principios de 1970. En EEUU existe un teléfono de atención 24 horas, la “línea de ayuda nacional para víctimas de asaltos sexuales”, que se coordina con más de 1.000 centros de crisis extendidos por todo el país.
Fueron las feministas de base las primeras en poner en marcha centros de crisis para atender y apoyar a las víctimas. Con frecuencia suele citarse el de Whashington como uno de los primeros. En aquel momento, las feministas trabajaban públicamente para politizar la violación y enmarcarla como una manifestación del contexto de desigualdad patriarcal y no como hechos aislados perpetrados por hombres con algún tipo de enfermedad.
Bajo este prisma, los centros de crisis proporcionaban asistencia 24 horas y hacían campañas públicas de concienciación. Eso sí, muy al margen de otras organizaciones y de las instituciones, a las que criticaban por la revictimización a la que sometían a las mujeres que habían sido agredidas. Con el paso del tiempo, fueron profesionalizándose y coordinándose con los servicios hospitalarios, las comisarías y las administraciones públicas.
El Consejo de Europa ha identificado algunos estándares mínimos que deben tener los centros de crisis, entre ellos, la existencia de una línea telefónica anónima que, de tener horario fijado, la información se ofrezca fuera de tiempo “por contestador y/o por derivación a una línea nacional de emergencia”. La situación ideal, prosigue el organismo, “es que las llamadas sean atendidas por personas físicas”. Por otro lado, también incorpora como elementos deseables el diseño de protocolos para intentos de suicidios o disponer de transporte para los casos de emergencia.