La captura masiva anual de pájaros en España ha comenzado. Entre septiembre y noviembre cientos de miles de jilgueros, verderones o pardillos van a terminar en las redes de los silvestristas. Los atrapan, teóricamente, para usarlos en concursos de canto, a pesar de que la normartiva europea y española establece la prohibición de la captura en vivo de los animales silvestres. Durante esta temporada las autorizaciones autonómicas suman 319.000 ejemplares que acabarán, como poco, en jaulas. Las comunidades autónomas redactan órdenes que permiten estas capturas, en sus palabras, “de forma excepcional”.
Todos los silvestristas usan formas masivas de captura. En las redes-libro permitidas puede caer cualquier especie aunque esté específicamente protegida. No son métodos selectivos, lo cual contraviene la directiva Hábitats de protección de aves, aunque luego pueden liberarse las variedades no permitidas. Solo en Andalucía la Consejería de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a la presa de 122.000 aves entre el 7 de septiembre y el 15 de octubre. En la Comunidad Valenciana la orden permite “extraer” 76.000 pájaros de su hábitat.
La Sociedad Española de Ornitología (SEO) considera que “desde un punto de vista científico, es una práctica muy dañina para las poblaciones de aves agrarias que están en franca regresión”. Los silvestristas argumentan que “forma parte del patrimonio sociocultural”, según cuentan en la Federación Andaluza de Caza. Dicen que necesitan ejemplares salvajes para refrescar genéticamente las variedades cantoras de sus campeonatos. “Está demostrado que la cría en cautividad es suficiente”, contraponen los ornitólogos.
José Eugenio Gutiérrez, de la SEO, explica que “la captura tiene un encaje legal muy difícil”. Y añade que las autorizaciones excepcionales que utiliza la administración requieren “una explotación prudente”. La captura de cientos de miles de aves se justifica en la “cría en cautividad” con fines científicos. “No se ha dado ningún paso para adaptarse a la normativa europea, se han estado dando autorizaciones excepcionales hasta llegar a un punto de que España directamente incumple la ley”. De hecho, la Unión Europea ha marcado 2018 como fin absoluto de esta manera de hacerse con las aves cantoras.
La situación actual, según describe Marío Díaz, también de la SEO, es de “autorizaciones de métodos prohibidos” que están siendo denunciadas por contravenir, además de la normativa europea, la Ley de Protección de la Biodiversidad“. ”Viendo los cupos que se van a atrapar, no puede aducirse que sean pequeñas cantidades“, explica.
El director general de Medio Ambiente andaluz, Jaiver Madrid, está imputado tras una querella presentada por la Fiscalía y la Asociación de Agentes Ambientales por la orden de autorización de 2013. Para 2014 se ha repetido el proceso. La Junta explica que “en Andalucía existe una larga tradición en la captura para el adiestramiento en el canto”. Y repite que se permite esta actividad “en pequeñas cantidades”. Con todo, los silvestristas presionan. “La Junta nos ha dado la espalda” al establecer los cupos de esta temporada que se han circunscrito a la época otoñal cuando antes también ocupaba parte del verano, sostienen.
Ecologistas en Acción va un paso más allá al señalar las malas prácticas que se filtran en esta modalidad cinegética: “Encontramos, por ejemplo, hembras muertas porque no valen para el canto”. El propio Gobierno andaluz reconoce que en tres años ha habido 71.000 ejemplares lesionados entre las capturas. “Y más de la mitad murieron”, añaden los ecologistas. Theo Oberhuber explica que en su captura “siempre se da un porcentaje de daños en alas, patas, plumas”, y que como lo que se persigue es el canto “a los silvestristas esto no les preocupa mucho”.
Además, insiste, las aves “acaban muchas veces en jaulas enanas donde se las hacina porque no hay una normativa específica sobre las dimensiones para esta actividad”. Para este miembro de la ONG es “imposible que se controle el silvestrismo como debería porque, sólo en Andalucía ”con 14.000 practicantes y más de 10.000 parajes autorizados, la inspección oficial de la actividad es imposible“.
La presión del 'lobby' cazador
Con un mandato legal para erradicar el silvestrismo en 2018, una querella por prevaricación contra un miembro de un Ejecutivo autonómico, ¿por qué sigue viva esta disputa? “Los silvestristas no son tantos, pero sí tienen detrás apoyándoles a los cazadores, que sí conforman un grupo de presión evidente”, analiza Eugenio Gutiérrez.
Tanto es así que el pasado 3 de junio las Cortes Valencianas aprobaron una proposición no de ley para que la Generalitat inste al Gobierno a encontrar “la vía legal en el marco de la Unión Europea, que permita mantener la práctica del silvestrismo en nuestra Comunitat”. El texto provenía de la Federación de Caza Valenciana y repetía casi textualmente una PNL andaluza de hace casi un año. En diciembre de 2013, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Andaluz atendió a la misma demanda de los cazadores. La diputada socialista Josefa Vioque Zamora expuso que “el silvestrismo merece el esfuerzo de todas las administraciones para su defensa y su conservación”. La PNL pedía al Gobierno andaluz que “busque una salida legal que permita mantener la práctica del silvestrismo en nuestra comunidad”.
En este sentido hay ejemplos recientes en Europa de los movimientos para sortear las leyes de protección ambiental. El 16 de octubre pasado, la Comisión Europea tuvo que llamar la atención a Malta por reiniciar el silvestrismo en 2014, “una práctica prohibida por la legislación europea”, le dijo. Malta ha decidido aplicar un derogación de la ley “sin justificación”, argumenta la CE. El aviso les da un mes para confirmar que cumplen la ley.
El ornitólogo Mario Díaz describe que se está “dando un salto cualitativo usando el argumento de la tradición”, como evidencia la inclusión de ese concepto en las autorizaciones. Según Díaz, se están reproduciendo los pasos seguidos con otro método de caza ya fulminado en el Tribunal Constitucional como era el Parany de la Comunidad Valenciana (una trampa que atrapaba pájaros con pegamento para luego consumirlos). A pesar de la prohibición legal, “los representantes políticos locales hablan de continuar la tradición, y el consejero de la Generalitat se reúne con ellos para ver cómo solventarlo...” analiza Díaz. La consecuencia, dice, es que se ha creado “un problema social en la provincia de Castellón y cada año el Gobierno regional busca salidas para autorizar esta caza –declarada ilegal– con supuestos fines científicos”.
Las organizaciones cinegéticas esgrimen el sentimiento de agravio. Por ejemplo, a pesar de contar con esa PNL del Parlamento y un cupo de más de 122.000 pájaros para capturar este año, dijeron sentirse ninguneados cuando no se abrió la veda en verano: “Han decidido dar la espalda al Silvestrismo andaluz eliminando el período estival”, dijeron. Es una actividad que, “en la actualidad, cumple con todos y cada uno de los requisitos de control exigidos por la normativa de la Comunidad Europea”, explican.
Con la captura masiva de aves para los concursos de canto ocurre lo mismo: una actividad minoritaria se está convirtiendo en un arma política mediante la vía del agravio a las tradiciones. Oberhuber coincide en que “los cazadores se están uniendo para proteger muchas prácticas cinegéticas sin control. Y el de la caza sí es un lobby de presión política con fuerza”.