El Gobierno enviará a la ONU en las próximas semanas un informe sobre la situación de las mujeres y la igualdad en España que ofrece una imagen cuanto menos distorsionada sobre lo ocurrido en los últimos años: omite los recortes en el presupuesto para políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, elude hablar de la reforma del aborto que prepara, y presume de apoyo a los organismos de cooperación dedicados a la igualdad, a pesar de que hace un año cerró la oficina de ONU Mujeres en España.
Con este informe, España se presenta al examen que el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la MujerConvención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) hace periódicamente a todos los países para evaluar el estado de la igualdad entre hombres y mujeres y proponer medidas a los estados examinados.
El borrador del informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, incluye un capítulo sobre salud que contiene varias sorpresas. Por un lado, presume de que la Ley del Aborto aprobada en 2010 por el Gobierno socialista “actualiza las políticas públicas e incorpora nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva”. Por otro, subraya que la reforma del sistema sanitario reconoce asistencia sanitaria a la población extranjera “solamente en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente, así como asistencia al embarazo, parto y postparto”. Entre los supuestos no se encuentra el aborto, al que las mujeres extranjeras ya no pueden acceder en la sanidad pública salvo motivos terapéuticos.
En el documento, el Gobierno asegura que la igualdad de género es “una de las señas de identidad de la cooperación española” y omite el recorte del 70% del presupuesto para esta partida desde 2011. Asegura además que España “contribuyó muy activamente” a la creación de ONU Mujeres. Precisamente, el Gobierno forzó hace un año el cierre de la oficina que el organismo tenía en España, algo que no menciona el documento.
En cuanto a la trata con fines de explotación sexual, el informe enumera las medidas legislativas adoptadas al respecto. Sin embargo, obvia que el Gobierno aún no ha aplicado a través de una ley integral una directiva europea sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. De hecho, el plazo que tenían los estados miembros para trasponer esta directiva a las legislaciones nacionales expiró el pasado 6 de abril. El informe sí admite que, a pesar de los “importante avances” en la recogida de datos sobre la explotación sexual de mujeres y niñas, “la dimensión real de este grave delito en nuestro país aún se desconoce”.
El capítulo dedicado al empleo no menciona la aprobación de la reforma laboral y sus efectos sobre, por ejemplo, el aumento de los puestos de trabajo a tiempo parcial (ocupados mayoritariamente por mujeres) o la eliminación de las bonificaciones a la contratación de mujeres que se encontraran en excedencia por cuidado de hijos. El informe habla también el Plan Estratégico de Igualdad 2013-2016, que el Gobierno ni siquiera ha aprobado aún.
Las organizaciones de mujeres critican el informe
Una veintena de organizaciones de mujeres y de cooperación ha hecho llegar sus observaciones al Gobierno sobre el informe. Critican que el Ejecutivo omita “información acerca de las numerosas medidas de recorte” y “el retroceso en derechos que las mismas han supuesto”. “Nos llama la atención que se hagan bastantes referencias al Instituto de la Mujer, el cual ha quedado realmente debilitado con los continuos recortes y reformas en su estructura, así como las referencias al extinto Ministerio de Igualdad”, apuntan las asociaciones.
En sus conclusiones mencionan el recorte de la cooperación al desarrollo y la eliminación de la Dirección General de Políticas de Género de la Aecid. Critican también la falta de referencia a los cambios legales que prepara el Ejecutivo sobre el aborto y la falta de algunos datos sobre el impacto de la violencia de género.
“Queremos concluir que el informe en general se compone de una suma de constantes contradicciones que realmente muestran la mirada que el Gobierno actual tiene en relación con las políticas de igualdad. Se alaba el trabajo de la Organización de Naciones Unidas a la vez que se cierra en el territorio nacional su delegación de ONU Mujeres, se ensalza el Observatorio Regional sobre la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid a pesar de que se ha cerrado en 2010”, dicen las organizaciones.
Informe sombra
Estas organizaciones están preparando un 'informe sombra', habitual en estos examenes, en el que expondrán su análisis sobre los avances y retrocesos de los últmos años y que el Comité también tendrá en cuenta en su evaluación.
España ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en 1983. Desde entonces, España se ha examinado ante la Cedaw en seis ocasiones; la última, en 2008. Entonces, el Comité celebró algunos avances, como la creación del Ministerio de Igualdad o que la paridad hubiera llegado al Gobierno, pero hizo un buen puñado de recomendaciones a España, como mejorar el acceso a los derechos reproductivos o avanzar en la coordinación entre los servicios locales, municipales y autonómicos.