España está a punto de delimitar por completo la zona de la costa a salvo de la urbanización

España está cerca de completar el deslinde de todo su litoral: delimitar cuál es la franja de costa que pertenece al dominio público marítimo-terrestre, una zona a salvo del urbanismo. Una vez que se traza la línea que marca ese dominio y los bienes que caen dentro se puede “garantizar la integridad del medio litoral y marino y su uso y disfrute público”, según explican los informes sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica.

El Estado tiene la obligación, al menos desde 1988, de deslindar toda la costa española. Treinta años después, en la última actualización publicada en 2018, había nueve provincias con más del 99% de su costa deslindada. Otras, como Huelva, Bizkaia o Valencia estaban en la franja del 80%. Ceuta en el 78% y Melilla en el 67%. En estas circunstancias, desde hace meses, se suceden los expedientes para trazar esta línea legal. Desde cortos tramos de 180 metros en la cala Fornells en Mallorca a los 34 kilómetros de la costa onubense que discurren entre Matalascañas y la desembocadura del río Guadalquivir.

Al mismo tiempo, el Grupo Parlamentario del PP acaba de presentar esta semana una proposición de ley en el Senado para retocar la normativa de manera que núcleos urbanos queden excluidos del dominio público marítimo-terrestre.

“En la costa hay mucho desorden”, afirmaba a elDiario.es la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, para explicar su intención de remodelar la ley de Costas. “No cabe engañar a la gente ni a la naturaleza porque, luego, llega la ola y deslinda te pongas como te pongas”, decía. “Hay que recuperar la línea de costa por razones de seguridad de las infraestructuras, y de las personas en escenarios que cada vez son más virulentos y frecuentes”. Es decir, el cambio climático.

“Acelerar el deslinde es fundamental. Está bien que el Gobierno lo termine”, analiza la directora de Campañas de Greenpeace, María José Caballero. “El problema es que se nos ha echado encima el cambio climático, así que incluso habría que revisar ese deslinde con este nuevo contexto”, matiza.

España tiene 10.000 km de costa de gran valor medioambiental, pero el 44% de la población vive en los municipios costeros, que apenas representan el 7% del territorio: es un litoral muy frágil, con problemas que se verán agravados por el cambio climático

Caballero se refiere a cómo los efectos de la crisis climática harán que el nivel del mar suba en un país inscrito en una península y archipiélagos. “Grosso modo, cada centímetro de más se traduce en, aproximadamente, la pérdida de un metro de playa. En el litoral norte, lo cálculos apuntan a una subida de 25 centímetros en el siglo. En el Mediterráneo, 10 o 12 centímetros...”, ilustra. “El litoral es lo que está ahí para protegernos”.

España dispone de una gran longitud de costa en la que hay más de 10.000 km de dominio público marítimo terrestre, según calcula el Ministerio de Transición Ecológica, “de gran valor medioambiental por la variedad de ecosistemas que alberga: playas, dunas, flechas litorales, marismas o acantilados”. Pero, al mismo tiempo, es una zona “muy deseada como soporte de actividades: el 44% de la población española vive en los municipios costeros, que apenas representan el 7% del territorio”. A eso se añade que el litoral tiene “gran importancia económica ya que el 80% de los turistas que llegan a España eligen la costa para sus vacaciones”, remata el análisis del Ministerio.

El resumen es que ese litoral es “muy frágil en su equilibrio físico, con importantes problemas de erosión que se verán agravados con el cambio climático”.

¿Qué supone deslindar?

Deslindar, pues, implica declarar que “bienes tan anhelados como las playas, las dunas, los acantilados, las marismas o los humedales”, según los define la normativa, tengan garantizados “su uso y disfrute abierto a todos”. En otros países vecinos, como por ejemplo Italia, la costa puede ser comprada y privatizada.

El trámite legal puede llevar hasta 24 meses, pero una vez acotada esa zona queda protegida por mandato directo de la Constitución, que lo declara específicamente “inalienable, imprescriptible e inembargable”. Transición Ecológica detalla que en esa zona se establece la “prohibición de nuevas construcciones, viviendas u hoteles de ningún tipo”. Aunque también añade: “No se trata tanto de prohibir las actividades en el litoral, como de conseguir que sean sostenibles y respetuosas con el medioambiente”.

Además del propio dominio marítimo-terrestre, que no deja de ser una franja de tierra estrecha, esta declaración adhiere a su costado un colchón protector de terreno aunque sea de titularidad privada. En primer lugar, al establecerse formalmente el dominio, se crea una zona de seis metros de ancho como “servidumbre de tránsito” para permitir la movilidad por el litoral.

Colindante a esa zona de tránsito, continúa la franja de “servidumbre de protección” –que se extiende 100 metros excepto en las áreas calificadas como urbanizables antes de 1988 donde son 20 metros de anchura– que afecta a los terrenos de propiedad privada colindantes con el dominio público. En ella se mantiene la titularidad privada de las parcelas y sus edificaciones, pero rigen ciertas limitaciones como no admitir nuevos usos residenciales o habitacionales.

Y después de la servidumbre de protección se alarga una zona de influencia de 500 metros más en la que se marcan unas pautas “para evitar la formación de pantallas arquitectónicas en el borde de la costa”. Todo eso se activa al declarar formalmente el dominio público marítimo terrestre.

Caballero recuerda que el deslinde avanzó lento “hasta el impulso que le dio la exministra Cristina Narbona. Ahora parece que Ribera también se lo ha tomado muy en serio”. La línea de deslinde se publicó por primera vez en julio de 2015. La voluntad a la hora de abordar estos trámites tiene sus consecuencias.

Un ejemplo de esto es la delimitación de todo el frontal costero que blinda el espacio natural de Doñana (incluido su corazón que es el parque nacional). El deslinde de los 17 km entre la torre del Loro y el núcleo urbano de Matalascañas estaba preparado técnicamente en 2007 y, finalmente, se acomete este año. Es más, los 34 kilómetros del brazo de tierra que cierra y separa del mar el parque nacional se deslindaron en 2010, pero el recurso de algunos particulares acabó en una anulación definitiva en 2015 por haberse demorado demasiado el proceso administrativo.

El expediente se ha reactivado en marzo de este 2021 a pesar de que la autorización para volver a deslindar está firmada en abril de 2016. Ha permanecido en un cajón al menos cinco años. Y eso que como la anulación era de forma la línea va a ser muy similar a la anterior.