A pesar de las protestas, la mayoría de comunidades autónomas no han aportado datos al Ejecutivo sobre sus poblaciones de lobos para justificar una desprotección de la especie. Así consta en la respuesta que el Gobierno de España ha remitido a la Comisión Europea –a la que ha accedido elDiario.es– tras la petición de información que realizó su presidenta, Ursula Von der Leyen, abierta a rebajar la protección del Canis lupus.
El Ministerio de Transición Ecológica contestó a Bruselas el pasado viernes, la fecha límite concretada por Von del Leyen el 4 de septiembre, que la idea de que donde han regresado los lobos “se han incrementado los conflictos, especialmente donde no se han implementado las medidas de prevención de ataques al ganado” está recogida en la Estrategia española para la conservación y convivencia con las actividades del medio rural.
La situación del lobo en España fue calificada de “desfavorable” en la última revisión oficial sobre las especies a la que obliga la normativa europea remitida a Bruselas en 2019. Para ese informe, solo tres comunidades (Castilla-La Mancha, Galicia y Catalunya) remitieron datos sobre sus lobos, “pese a que se envió un recordatorio incidiendo en la necesidad de disponer de la información”, apostilla la respuesta española. Se utilizaron los datos generados en el último censo nacional.
Ese estatus de conservación fue, entre otras cosas, lo que motivó generalizar la protección legal del lobo ibérico concretada en 2021 –hasta entonces los grupos al norte del río Duero eran una especie cinegética que podía ser trofeo de caza–.
Tanto la calificación de desfavorable como la extensión de la protección provocó las protestas de gobiernos autonómicos –presionados por el sector ganadero– en Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León. Sin embargo, en la actualización del censo de lobos iniciada formalmente en mayo pasado, solo Galicia y Euskadi “han remitido la información”, según detalla la carta a Bruselas.
Entre las comunidades más opuestas al lobo, Castilla y León ha explicado que su censo “está en curso” y que tendrá los resultados “al final de 2023 o inicios de 2024”. Asturias “ultima el censo de 2022”. Cantabria “ha iniciado la aplicación de la metodología de censo para colaborar en el censo nacional”. En todo caso, remata Transición Ecológica, “se está a la espera de que se remita la información”.
De cara a recibir fondos para indemnizaciones y prevención, las comunidades han indicado número de manadas y ejemplares, pero sin estar avalados con informes sobre censos, indica el Ministerio.
Sin embargo, el Gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León ha informado de que ha remitido una carta a la Comisión Europea para pedir que se desproteja al lobo en la que, afirman, se han incluido cifras.
La iniciativa abanderada por Von der Leyen decía que “basados en los datos que se recojan, la Comisión decidirá sobre una propuesta para modificar, donde sea adecuado, el estatus de protección del lobo en la Unión Europea y actualizar su marco legal para introducir, donde sea necesario, mayor flexibilidad”.
Flexibilidad, cuando se habla de la protección de especies, suele significar poder aplicar métodos letales para controlar la población. En este sentido, Transición Ecológica informa a Bruselas de que actualmente “el control de ejemplares [abatir lobos concretos] está recogido en esta estrategia”. De hecho, el Principado de Asturias planificó la muerte de un ejemplar en el Parque Nacional de los Picos de Europa (un plan que contó con un informe (preceptivo, pero no vinculante) negativo del Ministerio de Transición Ecológica.
Fondos para las comunidades
La presidenta Von der Leyen se ha implicado en primera persona en esta posible revisión de la protección legal del lobo. El asunto es uno de los conflictos sociales que protagonizan el último arranque del curso político antes de las elecciones europeas de 2024, pero además toca en lo personal a la alemana, ya que en septiembre de 2022 un ejemplar de lobo mató a su caballo favorito: el poni Dolly que había disfrutado durante tres décadas.
El Gobierno finaliza explicando a Bruselas que el año pasado distribuyó más de 15 millones de euros entre las comunidades autónomas para implementar medidas preventivas y pagar indemnizaciones por ataques al ganado. En 2022, la región que obtuvo más fondos fue Castilla y León (con 8,8 millones de euros), seguida de Asturias (con 3,6 millones de euros) y Cantabria (1,6 millones). Galicia renunció a estos fondos al no adherirse a la Estrategia nacional y la Comunidad de Madrid realizó la petición fuera de plazo, justifica la misiva.
El informe remata que “no se dispone de información detallada y homogénea acerca del destino dado por las administraciones autonómicas a estas partidas económicas transferidas, lo que puede poner en peligro el acceso el próximo año a este dinero”.