España teme que frenar la deforestación imponga un alto precio a la ganadería y la producción de piensos

El Gobierno considera que “no se debería rebajar la ambición ambiental” del reglamento europeo sobre productos como la soja, pero su análisis indica que “va afectar muy seriamente” con un “aumento de los precios” que “restará competitividad a nuestros productores”
— Arde un árbol en la Amazonía para que coma un cerdo de macrogranja en España

Labores de extinción de un incendio en el Parque Nacional Chapada dos Guimaraes, en el occidente de Brasil.

16 de marzo de 2022 22:23 h

Actualizado el 17/03/2022 10:11 h

Hay un precio por no destruir la Amazonía y otros bosques tropicales y contener la crisis climática. España está preocupada sobre cómo el próximo reglamento europeo anti deforestación impactará en sectores considerados estratégicos como la ganadería o la fabricación de piensos. “Va a afectar muy seriamente a los sectores de materias primas y productos derivados”, dice el estudio de impacto del Ejecutivo que ha podido revisar elDiario.es.

Aunque el Gobierno considera que “no se debería rebajar la ambición ambiental” de la norma, el análisis refleja la gran dependencia que sectores como la fabricación de piensos animales o la ganadería intensiva tienen de productos como la soja cuya producción a gran escala para satisfacer la demanda está conllevando la destrucción de grandes extensiones de bosque.

Porque el objetivo de la normativa, cuyo borrador revisan los ministros de Medio Ambiente de la UE este jueves, es que la importación de ciertos productos no conlleven deforestación. En la lista están: el ganado vacuno, el cacao, el aceite de palma, la madera y la soja. “La propuesta evitará la deforestación provocada por el consumo de la UE en más de 71.920 hectáreas para 2030”, explica el documento del Ejecutivo. Además de “una reducción de al menos 31,9 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono a la atmósfera”.

España “tiene una gran dependencia de suministro exterior en cuanto a las materias agrícolas que regulará este reglamento”, expone el informe gubernamental. Y luego abunda en que “las obligaciones” de la futura normativa van “a derivar en un aumento de los precios” y “un impacto directo negativo en los eslabones de la cadena de producción” que “restará competitividad a nuestros productores principalmente industria de alimentación animal, industria alimentaria y ganadería”.

Además el conflicto en Europa del este no ayuda ya que el informe afirma que se está viviendo ya “un aumento de precios y desabastecimiento de materias primas acrecentado en 2022 por la guerra en Ucrania”.

El documento contiene un desglose de preocupaciones:

España es el primer productor de piensos animales de la UE, pero necesita importar proteína vegetal, es decir, soja para fabricarlos. El temor es que cumplir las normas anti deforestación “produzca una reducción de la disponibilidad de materias primas (en particular harina de soja). Es difícil, a medio plazo, la obtención de alternativas en cantidad suficiente para mantener el abastecimiento del sector de piensos ligado a la producción ganadera”, cuenta el documento.

Unido directamente a esto está el sector ganadero intensivo que utiliza piensos para alimentar a la cabaña, por ejemplo, porcina. Y en este caso, el Ejecutivo recuerda: “La producción ganadera tiene un carácter estratégico para nuestro país. El valor generado sitúa a España en tercera posición en el ranking de países UE por valor de la producción final ganadera por detrás de Alemania y Francia”.

En cuanto al sector vacuno, el documento recoge que “el incremento de costes de producción” está ya afectando a la producción. Y a eso le suma que “cualquier coste añadido puede dificultar el mantenimiento de la actividad. El comercio exterior en el sector de la carne de vacuno tiene una gran importancia, ante la bajada de la demanda interna por el descenso continuo del consumo, ya que permite el mantenimiento de los precios internos”.

También se señala el sector de la producción de madera en España por el que “más de 130.000 personas están empleadas en el sector forestal”. “Todos estos sectores se verán afectados”.

Líneas rojas y objetivos de negociación

Las prioridades de negociación de la posición española reflejan en cierta medida la fricción entre los objetivos ambientales y la necesidad de atender las demandas de las industrias primarias. Por un lado, entre los objetivos principales de la negociación, se indica que “no se deberían rebajar las prohibiciones establecidas en la propuesta ni rebajar la ambición ambiental” y que “se deben tener en cuenta los objetivos globales de lucha contra el cambio climático y conservación de la biodiversidad”.

Al mismo tiempo también se incluye en esas prioridades “no crear disrupciones en el suministro de materias primas que pudieran suponer falta o escasez de alimentos y/o incrementos de los costes de producción en los sectores ganaderos que supongan la pérdida de competitividad del mercado comunitario en el ámbito internacional”.

Entre las observaciones incluidas por el Ministerio de Transición Ecológica se lee que el proyecto “está alineado con los compromisos internacionales de España y de la UE en materia de protección de los bosques, cambio climático y conservación de la biodiversidad. Por tanto, se deberá apoyar plenamente el objetivo que pretende frenar la deforestación y la degradación forestal”. Y un poco más adelante se incorpora que, dado que el reglamento desborda la materia ambiental, tiene que buscarse que su aplicación provoque “la mínima perturbación al tejido económico y social”.

Los grupos ambientalistas como WWF, SEO, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Mighty Earth y Ecologistas en Acción temen que “si se debilita el reglamento, no servirá para poner fin a la deforestación que está fuera de control”. En Ecologistas en Acción señalan como necesidad incorporar “otros ecosistemas como por ejemplo El Cerrado [la sabana brasileña], donde más se deforesta actualmente y otros productos como la caña de azúcar, el maíz o el caucho” al tiempo que denuncian “maniobras para retrasar la aplicación de la norma lo máximo posible”.

La destrucción de bosque en Brasil, en récords

En este sentido, las observaciones particulares del Ministerio de Agricultura incorporadas al análisis del Ejecutivo piden “tener únicamente como objetivo evitar la deforestación y degradación forestal, sin ampliarse de momento a otros ecosistemas o productos. Nos oponemos a la posibilidad de que se incluyan también productos que contengan las materias primas o productos relevantes, más allá de los incluidos en el anexo I”. Eso veta, analiza Ecologistas, “materias que también causan mucha deforestación” y que podrían incorporarse durante esta negociaciones.

Agricultura e Industria y Comercio también han pedido que se amplíen de dos a cinco años los plazos para evaluar los efectos de la norma y ponderar así una posible revisión de las listas de productos afectados y de los hábitats susceptibles de protegerse de la destrucción para abrir campos de producción. Los ecologistas opinan que ambos departamentos “han asumido los argumentos de la industria”.

Mientras, el mes pasado, la deforestación en la Amazonía brasileña rompió su récord para cualquier febrero registrado. La destrucción alcanzó los 199 km2, un 62% más que en febrero de 2021, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Investigación Espacial. Enero de 2022 también fue de récord. Hace solo dos semanas, una investigación mostró cómo este bosque tropical se acerca a un punto de no retorno en su degradación.

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