La sanidad privada sigue ganando terreno ante la sobrecarga del sistema público. Un informe de la Fundación IDIS, la patronal que aglutina a las compañías del sector, vuelve a poner de manifiesto esta realidad, que cada vez ofrece a lo privado un mayor trozo del pastel.
Casi uno de cada tres euros que se gastan en sanidad en España sale de bolsillo de los ciudadanos (un 28,4%). Con estos datos, España es el tercer país europeo que paga más por servicios de salud, solo por detrás de Portugal y Suiza: es un 3,1% del PIB –frente al 2,3% de la media de la OCDE– y creció en 2021 un 14,5% hasta los 36.805 millones de euros, según recoge el Observatorio del sector sanitario privado 2024 publicado este jueves.
El ritmo de crecimiento va más rápido (3,5% anual) que el de la sanidad pública (2,6%), según la comparativa que hace el estudio. Si hacemos zoom a las cifras, la mayor parte, más de 27.000 millones, se va en pagos puntuales como el dentista, el psicólogo o determinadas medicinas. Los otros 9.000 millones acaban invertidos en seguros de salud, que continúan captando cada vez más pacientes.
En 2023 había en España casi 12 millones y medio de asegurados (el 14% de ellos, mutualistas atendidos por la sanidad privada aunque los gastos los cubre el Estado), dos millones más que cinco años antes. Son uno de cada cuatro ciudadanos, aunque en algunas comunidades como Madrid la proporción se acerca al 40%. En Catalunya y Baleares supera el 30%, según recoge el estudio.
Esta escalada no se habría producido “si el sistema público fuera más productivo”, defiende la organización que aglutina a las compañías privadas. “Cuando se encuentra una necesidad, se ve una demanda, tenemos muchísima rapidez de ejecución y adaptación”, dijo la directora general de la fundación, Marta Villanueva, en la presentación del estudio.
No obstante, también admiten que la explosión de la demanda genera “cierta presión asistencial” dentro de un cambio de paradigma en el uso de la sanidad privada: “No queremos ser una alternativa de acceso” cuando la pública no llega, aseguró el presidente Juan Abarca. IDIS imputa también una parte del crecimiento a otros factores como “una mayor conciencia sobre la salud o el envejecimiento”.
El informe ha suprimido este año algunos términos como “ahorro” en su redacción, aunque la teoría de las compañías privadas sigue siendo que economizan costes a la pública. Por ejemplo, la organización que defiende los intereses del sector sostiene que la atención de los mutualistas resulta más barato al sistema que si esas mismas personas fueran atendidas directamente en la sanidad pública.
Uno de cada diez euros en conciertos
A estas cifras, además, hay que sumarle el presupuesto que las consejerías de sanidad destinan a los conciertos. Es decir, el dinero que pagan a la sanidad privada por la derivación de cirugías, pruebas o consultas con el especialista. No es algo residual, sino una política sanitaria consolidada en España que se utiliza como recurso para aliviar las listas de espera sanitarias, en máximos históricos.
Algunas comunidades abusan más de él que otras. Estos conciertos se comen uno de cada diez euros del presupuesto público, según los últimos datos disponibles, de 2022, aunque Catalunya supera el 22% y Madrid alcanza el 12%. El grueso (62%) se destina a los hospitales, ya sea para cirugías, consultas u hospitalizaciones.
De los 438 hospitales privados funcionando en España, hay más que conciertan con la pública que los que no: 172 frente a 162. Un modelo que para la patronal es un “colaboración necesaria” que los gobiernos no deberían rechazar por “cuestiones de índole ideológica” porque los “perjudicados son los ciudadanos”.