Tres años después de la llegada del coronavirus y ya de vuelta a una nueva normalidad que quiere dejar atrás al virus, hay un indicador que parece haber venido para quedarse. El 32% de la población española asegura haber sufrido un empeoramiento de sus salud mental debido a la pandemia, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud. No es el único. Casi dos de cada cinco personas ya se encontraba en riesgo de sufrir problemas de este tipo en la Encuesta Nacional de Salud de 2017. En 2021, se quitaron la vida 11 personas al día, un 13% más que tres años antes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
La pandemia ha hecho aflorar el problema latente de la salud mental y ha dejado ver las costuras de un sistema público que no alcanza a cubrir las necesidades de la población. En Europa, la media de psiquiatras por cada 100.000 habitantes es de 20. Casi duplica la española, con una tasa de 12 profesionales. En el caso de los psicólogos, aquí hay seis por cada 100.000 personas, un tercio de la media europea.
Las listas de espera para acudir a una consulta en la sanidad pública, que se padecen en casi todas las especialidades, las padecen también aquellos pacientes que son derivados a consultas de salud mental. En algunos casos, estos retrasos suponen que los problemas se cronifiquen, que no se haga un seguimiento adecuado o que se fuerce a quien puede permitírselo a un centro privado.
Precisamente, son estos recursos los que tejen la mayor parte de la red asistencial. Según un informe de la Fundación Idis, que aglutina al sector sanitario privado, en 2022, solo el 51% de los centros sin internamiento y el 30% de los hospitales de salud mental eran de titularidad pública. El estudio Aproximación a la salud mental en España, esta organización presume de que “la sanidad privada juega un papel esencial en el ámbito de la salud mental, concentrando el 70% de los centros especializados en salud mental y tratamiento de toxicomanías y el 49% de centros de salud mental sin internamiento”.
Según los datos del Catálogo Nacional de Hospitales, publicado por el Ministerio de Sanidad, además de los 28 centros hospitalarios de titularidad pública, la mitad de los que están en manos privadas reciben fondos pública a través de algún tipo de concierto.
Las comunidades que más derivan desde sus sistemas públicos con Catalunya, Andalucía y Madrid, que cuentan con un porcentaje de hospitales de salud mental privados altísimo: del 91%, el 89% y el 88%, respectivamente. En el otro extremo de la tabla están Cantabria y la Comunitat Valenciana, con solo un centro hospitalario de titularidad privada de los cuatro que aparecían en el registro de Sanidad en 2021.
El informe cifra también el número de camas para pacientes con problemas de salud mental o en tratamiento de toxicomanías. La Comunidad de Madrid, Andalucía y Navarra son las que mayor porcentaje confían a la privada: el 88%, el 85% y el 83%, respectivamente.
El porcentaje de consultas de psiquiatría en atención especializada, comparado con el de hospitales públicos y privados señala un embudo evidente. Mientras hay más centros privados, el grueso de las consultas se concentran en los públicos. En 2020, fueron el 87%, frente al 13%. En los últimos cinco años ha habido un trasvase de cinco puntos a favor de la pública. En total, hubo más de 5,5 millones de visitas.
La Fundación Idis destaca el peso del sector en los centros ambulatorios. “La sanidad privada toma mayor relevancia en el ámbito de centros ambulatorios de atención especializada, donde asume la mayoría de las consultas totales de psiquiatría. En 2020, se registraron un total de 19.539 consultas de psiquiatría totales, de las cuales el 82% se dieron en centros privados”, indica el informe. Si en los hospitales la pública había ganado peso desde 2016, en este ámbito la pérdida a favor de los centros de titularidad pública fue de 12 puntos en solo un año.