El Gobierno reduce el número de especies invasoras y favorece a cazadores y pescadores
El Gobierno ha reducido la lista oficial de especies exóticas con potencial invasor en más de 200 tipos de animales y plantas. Estas especies invasoras son, según al Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aquellas “cuya introducción amenza la biodiversidad de los hábitats”, es decir, agreden y desplazan a las autóctonas colonizando su espacio. Entre las excluidas destacan habituales trofeos de caza y pesca además de especies exóticas comerciales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy derogó el Real Decreto que contenía una relación más restrictiva -y que llevaba consigo medidas de control y erradicación- en febrero de 2012 (recién llegado el PP a la Moncloa). La norma estuvo en vigor apenas algo más de un mes (desde el 13 de diciembre de 2011).
Al colocar una especie en el catálogo que ahora se ha reducido, según la ley de Biodiversidad de 2007, se procede a “la prohibición de su introducción en el medio natural”.prohibición de su introducción en el medio natural“. La ONU creó un Convenio sobre la
Diversidad Biológica (firmado por España en 1993) que implica que se “impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies” consideradas invasoras.
Al quedarse fuera, podrán seguir siendo objeto del deseo de cazadores y pescadores ocupando ecosistemas con riesgo de invasión, comercializarse (con peligro de fuga) o producirse en factorías. Esta fauna y flora está reconocida como un peligro de “graves perjuicios a la economía, especialmente a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud pública”. Por ejemplo, el arrui (Ammotragus lervia, la cabra salvaje del Atlas) seguirá siendo trofeo de caza. Introducida en la murciana Sierra de Espuña hace 40 años con exclusivos fines cinegéticos, la asociación de agricultores Asaja ya ha reportado daños a las plantaciones por ese animal.
El Gobierno autonómico de Murcia encargó un estudio en 2010 firmado por Alfonso San Miguel de la ETS de Ingenierios Forestales de la Universidad Politécnica de Madrid en el que explicaba: “Creemos que no es una amenaza pero puede plantear problemas, y serios, si no es objeto de una gestión adecuada”. Las manadas ya han saltado a los montes alicantinos y han pasado a alimentarse de los brotes de uvas del Vinalopó.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha atendido “a las inquietudes del conjunto de Comunidades Autónomas”, según explica el Ejecutivo popular. La Federación Española de Pesca había recurrido ante el Tribunal Supremo la norma más restrictiva y el Consejo de Ministros ya vaticinó que se buscaría “el respeto a las actividades económicas y tradicionales como la caza y la pesca recreativa”. Y, efectivamente, entre las especies que ya no aparecen en el listado provisional, según la revisión de las asociaciones ecologistas, está una habitual en los anzuelos deportivos: la trucha arcoris (Oncorhynchus mykiss).
Tanto es así que a pesar de que el borrador de esta nueva norma, aún sin aprobar definitivamente, se terminó recientemente, la Xunta de Galicia ya soltó 50.000 alevines de este pez en el rio Umia en enero pasado dentro de todo un Plan de Repoblación Fluvial. Esta trucha, que desplaza a la autóctona, es protagonista de repoblaciones en ríos y embalses para luego pescarse. La teoría es que se sueltan en zonas donde no hay trucha común pero “es imposible que se saque todas del agua”, explica un pescador deportivo experimentado al eldiario.es.
La Comunidad de Madrid adjudica de manera sostenida estas repoblaciones intensivas por medio de contratas. Para 2006 presupuestó 199.000 euros. Para las anualidades entre 2009 y 2011, 324.852 euros, según las licitaciones aparecidas en el Boletín Oficial de la Comunidad. Ambos especies tienen un impacto medioambiental “alto” según la Comisión Europea.
El interés de las administraciones regionales por incentivar el negocio cazador es palpable. El Plan de Acción Forestal de la Comunidad Valenciana (adonde los arruis han saltado) recoge que “la caza genera un negocio de 400 millones”. La consejera de Agricultura de Castilla La Mancha, María Luisa Soriano, también habla de una cifra de 600 millones. La calculadora oficial no se corta a la hora de atribuir riqueza económica aparejada a los cotos de caza y pesca. De hecho, la Junta de Andalucía cifraba el sector en 1.500 milllones en 2008 para pasar a los 3.500 en 2012, según su Consejería de Medio Ambiente. “Es la segunda industria agraria después del corcho”, dicen.
En contraposición, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente considera las epecies exóticas la segunda mayor amenaza para la biodiversidad. Cuando esta fauna o flora pasa al medio natural su erradicación, además de difícil, es costosa. La Unión Europea calcula que han costado unos 12.500 millones de euros. La Comisión Europea está ahora mismo preparando una legislación específica sobre la matería. La CE calcula que entre el 10 y el 15% de las especies exóticas crean “daños económicos, medio ambientales y sociales”. Entre las más dañinas menciona específicamente el mejillón cebra y el cangrejo americano (ambas en los ríos españoles). Sólo la planta sanguinaria japonesa causa daños en Escocia e Inglaterra por valor de 205 millones de euros al año.
En España, los intentos por sacar del ecosistema el jacinto de agua (de venta en pajarerías) ha costado más de 21 millones en la cuenca del Guadiana. El mejillón cebra (llegado en embarcaciones deportivas) lleva 19 millones de infructuosa lucha según la Confederación Hidrográfica del Ebro. Otras especies muy comerciales como tortugas e iguanas podrán seguir vendiéndose (en España hay dos millones de mascotas exóticas, según la Asociación Madrileña de Veterinarios y Animales de Compañía). Lo mismo ocurre con las explotaciones de cangrejo rojo americano. Según Ecologistas en Acción, “el comercio con seres con alta capacidad de colonizar” hace casi imposible evitar un accidente o una suelta voluntaria en los ecosistemas.
Oncorhynchus mykiss
