Buenos Aires, 15 oct (EFE).- Estudiantes universitarios argentinos marcaron este martes una nueva jornada de lucha con nuevas tomas de universidades a modo de protesta contra el veto del presidente Javier Milei de la ley de financiación universitaria.
Los estudiantes ya han tomado más de 40 facultades, pertenecientes a 15 universidades distintas y en numerosas provincias del país, mientras deciden en asambleas cómo continuarán sus manifestaciones en rechazo a la decisión del presidente de vetar un mecanismo de ajuste para las universidades públicas en base al índice de inflación.
En este contexto, los alumnos han llevado a cabo en las últimas horas clases públicas en la calle y convocado manifestaciones en distintos puntos del país.
“Desde principio de año venimos alertando la baja de presupuesto. La facultad se sostiene por una gran mayoría de docentes ad honorem, mientras que otros cobran por debajo de la línea de pobreza entre unos 124.000 a 150.000 pesos (entre 124 y 150 dólares mensuales)”, dijo a EFE Martina Rapascioli, estudiante de la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que permanece tomada.
“La universidad pública funciona con millones de personas precarizadas y salarios de pobreza. Además, el presidente quiere venir y proponer auditorías creyendo que la UBA tiene plata de más. Los estudiantes sabemos cómo se nos caen las aulas a pedazos”, agregó la joven.
En paralelo con la movilización estudiantil, personal docente y no docente de las universidades públicas argentinas también protesta desde hace días contra la decisión de Milei.
Tras una movilización al Congreso el pasado miércoles, cuando la Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial a la ley, y un paro el día jueves, los principales gremios que agrupan al personal de las universidades anunciaron ya otra huelga para este jueves 17 de octubre, y otra para los días 21 y 22 de este mes.
Por otra parte, el Gobierno autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que responde al Poder Ejecutivo, para que audite las universidades públicas, tarea que previamente era llevada a cabo por la Auditoría General de la Nación (AGN), bajo la órbita del Legislativo.
“La universidad pública no está en discusión ni va a estar nunca en discusión, pero sí está en discusión una partida que se pueda justificar, explicar y mostrar. Todo peso que salga del bolsillo del contribuyente tiene que tener una contrapartida de transparencia y justificación”, expresó hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la sede de Gobierno.
El propio Milei se refirió hoy al conflicto universitario durante un evento en el Banco Central argentino.
“Si le tengo que vetar a los farsantes que defienden sus curros (actividad irregular o delictiva) a través de las figuras de las universidades, lo voy a hacer. Mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable”, señaló el mandatario.
La ley vetada proponía actualizar partidas del Presupuesto 2023, que fue prorrogado por el Gobierno, según la inflación acumulada ese año (211,4 %), para aplicar un aumento bimestral en concordancia con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para 2024 tendría un costo fiscal de 0,14 % del PBI, unos 757,5 millones de dólares, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso en agosto.