Los universitarios vuelven a la carga. El Sindicato de Estudiantes ha convocado una jornada de huelga de 48 horas este 25 y 26 de febrero y hace un llamamiento a alumnos, profesores y ciudadanos a “la movilización más contundente y extensa”. Esta vez tomarán las calles contra el Real Decreto, conocido como 3+2, aprobado el pasado 30 de enero, que abre la puerta a que los grados pasen de tener cuatro años (más un quinto de máster) a tres (más dos de máster).
La normativa ha encendido a la práctica totalidad de la comunidad universitaria, que considera que a partir de ahora los grados se convertirán en papel mojado para el mercado laboral, por lo que la mayoría de estudiantes deberá cursar un máster para tener “una licenciatura real”. Los altos precios de los posgrados provocarán que solo aquellos que tienen disponibilidad económica, puedan permitirse cursarlos, según el Sindicato de Estudiantes.
“No le vale con subir brutalmente las tasas, este gobierno quiere acabar con nuestro derecho a estudiar en la universidad y expulsar de sus aulas a todos los que no seamos de familias pudientes”, sostienen los organizadores de la huelga. Además, consideran que el decreto supone la privatización de las universidades, puesto que los centros privados matriculan al 38% de los estudiantes de máster.
Los estudiantes también protestarán contra los recortes en la educación pública y la reducción de las becas, a pesar de que Mariano Rajoy haya afirmado este martes que España cuenta con “el mayor presupuesto para becas de la historia”. Sin embargo, la cifra tiene trampa. Una cosa es el año natural 2014, en el que el Gobierno sí ha dedicado a esta partida más que ningún otro ejercicio presupuestario y otra cosa el curso académico. De hecho, en los dos últimos el dinero de las becas ha caído un 15,75%.
La huelga, que culminará con una manifestación el próximo 26 bajo lemas como “todos a la lucha para defender nuestros derechos”, ha sido desacreditada por el Ministerio de Educación. Este lunes, la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, calificó de “mensaje demagógico” el argumentario empleado por los estudiantes para protestar. En su opinión, las reformas educativas en España favorecen especialmente al sistema público, al ser el principal en el país y sostiene que la huelga debería atender a “razones serias” y tener “alguna relación con la realidad”.
La convocatoria, a la que se ha sumado la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), cuenta con el apoyo de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que incluye a asociaciones de docentes, alumnos y padres.