Europa decide cuánto va a pescar en 2018. La pelea está entre la presión de la industria, reacia a reducir su producción, y la capacidad de aguante del mar: la sobrepesca afecta a casi la mitad de los recursos, el 41% de las poblaciones fuera del Mediterráneo, según la evaluación de la Comisión Europea. La decisión la tienen los ministros de Pesca de la Unión Europea que están en Bruselas para discutir la propuesta de la Comisión. Casi todo se basa en que los Gobiernos intentan suavizar los recortes que ha llevado a la mesa el Ejecutivo comunitario siguiendo, básicamente, los criterios de los organismos científicos consultados.
La Política Pesquera Común de la UE estableció como límite para acabar con la sobrepesca el año 2015. Pero abrió la puerta a que en casos excepcionales el tope se fuera a 2020 cuando rebajar las capturas para asegurar el futuro de las poblaciones chocara con la viabilidad socioeconómica. Y ahí se aferran los Gobiernos nacionales para frenar las reducciones de pesca señaladas por los estudios científicos: el nivel de dependencia que ciertos puertos o poblaciones tienen de algunas especies, según analiza el Ministerio de Pesca. La economía y el empleo justifican estas excepciones.
Para 2018, Bruselas ha redactado una propuesta que supone, en general, una reducción del 8% de las capturas totales. De 595.000 toneladas a 546.000. Implica que 23 stocks (poblaciones de pescado) reduzcan su producción en distintas latitudes del Océano Atlántico y el Mar del Norte. Pero admite el incremento en otros 19.
Una vez decidido el máximo total de capturas, los estados se lo reparten por porcentajes según la zona y el stock. Lo que hacen los países es tratar de que los caladeros con mayor peso en sus respectivos sectores nacionales salgan lo mejor parado posible. Esto es: que sus flotas puedan explotarlos con más margen. Así, el Gobierno español quiere que no se rubrique el descenso del 30% de capturas previsto para la merluza del sur o del 24% para el jurel o el 10% en el gallo del golfo de Vizcaya.
“España va a seguir presionando y creemos que, al final, no se respetarán las cuotas científicas”, dice desde Bruselas Eneko Aierbe, responsable de Pesca en Ecologistas en Acción. Desde luego, las intervenciones de la ministra Isabel García Tejerina van en ese camino.
Un plan para no parar de pescar sardina
García Tejerina se mostró decepcionada hace unos días acerca de los cupos específicos aprobados para el atún rojo. “No estamos satisfechos. Era el momento de abandonar el plan de recuperación para pasar al de gestión e incrementar las posibilidades de pesca”, explicó en un encuentro organizado por la patronal Cepesca. Esta patronal calificó de “decepcionantes” las recomendaciones que se quedaron 4.000 toneladas por debajo de sus deseos. De igual manera, el Gobierno ha presentado ahora un plan de explotación de la sardina ibérica que se aleja de las indicaciones científicas que piden parar la pesca de esta variedad por su precario estado.
En este sentido, Cepesca felicitó la intervención del Ejecutivo en 2016 que hizo que se mejoraran las cuotas “permitiendo a la flota española la captura adicional aproximada de más de 41.000 toneladas de las principales especies con un valor estimado de 44 millones de euros”, explicaron.
“La acción política es muy cortoplacista”, explica Javier López de la organización Oceana. López critica que “García Tejerina normalmente aparece para felicitarse de que han conseguido corregir las peticiones de la Comisión. Solo parece preocupar qué supone reducir un stock en el corto plazo cuando hace falta una política radicalmente distinta para garantizar unas poblaciones pesqueras saludables”.
Esta mirada viene impuesta en parte por la gran dimensión económica del sector en España. La flota pesquera española es la tercera de la UE por número de buques, 9.200, pero la primera en cuanto a capacidad. Casi la mitad de los barcos tienen base en Galicia seguida en porcentaje por Andalucía, Canarias y Cataluña. También ocupa el primer lugar continental en cuanto a capturas con más de 898.000 toneladas en 2016 con un valor superior a 2.000 millones de euros de facturación. Ocupa a algo más de 30.000 personas directas.
Sin embargo, Oceana defiende que dejar descansar a las poblaciones para que recuperen sus niveles saldría rentable. Según sus cálculos, llegar a una explotación sostenible (dentro de los límites que marcan los estudios científicos) supondría un incremento de “4.900 millones de euros anuales en el PIB europeo y la creación de hasta 92.000 empleos”. En todo caso, el modelo de negocio marítimo basado en la pesca por encima de la raya tiene fecha de caducidad legal: 2020. A menos que se cambien las reglas del juego.