Europa juzgará a España por casi diez años de contaminación por encima de los límites legales
Después de casi diez años incumpliendo la ley, España será juzgada por el Tribunal Europeo debido a la contaminación excesiva en Madrid y Barcelona. Los límites de dióxido de nitrógeno que se han rebasado “persistentemente”, como ha indicado el comisario Karmenu Vella, entraron en vigor en 2010. La Comisión Europea ha decidido presentar el caso tras avisos, ultimatums y periodos de gracia extra.
El expediente contra España estaba en suspenso desde diciembre de 2018. Mientras Bruselas remitió a los jueces los incumplimientos similares de Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia, España se zafó al presentar un plan in extremis que parecía creíble para los responsables ambientales de la Comisión.
Sin embargo, las contramedidas del Ayuntamiento de Madrid, que dejó inactivada la zona de bajas emisiones Madrid Central al suspender las sanciones, reactivó a Bruselas: los datos de polución eran ilegalmente altos. Las medidas encaminadas a reducirla estaban en peligro y sin alternativa. Los registros del segundo trimestre de 2019, al menos en Madrid, habían ofrecido una muestra de los efectos de la restricción del tráfico con criterio ambiental, pero la idea del nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almedia, pasaba por no contar con esa zona de bajas emisiones.
Directiva de 2008: “Una victoria”
La directiva que marca los niveles máximos de este gas tóxico es de 2008. La ley exigía que se cumplieran esos “valores objetivos” desde el 1 de enero de 2010. El texto legal dejaba clara su intención: “Una victoria para el medio ambiente como para la salud”. Sin embargo, las atmósferas de Madrid y Barcelona han seguido acumulando NO por encima de lo permitido casi año tras año. Tres cuartas partes del gas provienen de los tubos de escape del tráfico.
El primer aviso de Bruselas llegó en 2015. Antes, los responsables, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid habían pasado por una fase de negación: el alcalde madrileño Alberto Ruiz-Gallardón (PP), aseguraba en 2011 que la ciudad tenía “el mejor aire de su historia”, a pesar de incumplir la normativa. Su sucesora en el cargo, Ana Botella (PP), repitió en 2014 que la calidad del aire era “la mejor” nunca vista.
También hubo protestas. Botella, siendo delegada municipal de Medio Ambiente, se quejó de que los límites de la ley eran “muy estrictos” nada más corroborarse que se incumplían en 2010. Además, en 2012 solicitó a Bruselas que permitiera a Madrid incumplir la directiva cinco años a cambio de presentar un plan.
Sus medidas no convencieron. Mientras, Barcelona, también continuó acumulando malos datos con el NO. La situación se prolongó hasta abrirse el expediente sancionador. La segunda advertencia, la que precede al envío del caso a los jueces, se materializó en 2017. En ese periodo, tanto en Madrid como en Barcelona se produjo un cambio en el color político de sus ayuntamientos. En Madrid entró a gobernar Manuela Carmena (Ahora Madrid) y en Barcelona Ada Colau (En Comú Podem). Con todo, llegó ese ultimátum ante la persistencia en la baja calidad del aire.
Zonas de bajas emisiones
Sin embargo, en el momento que la Comisión Europea sentó a los estados con problemas repetidos de contaminación para decirles que iban camino del Tribunal, España –Bruselas dialoga con los Estados no los municipios– tenía bajo el brazo los nuevos planes de las capitales. Y hubo periodo de gracia.
Era diciembre de 2018. Madrid Central acababa de ponerse en marcha. Estaba en el horizonte cercano la activación del sistema de multas para coches infractores que llegó a mediados de marzo de 2019. La zona de bajas emisiones en la ciudad catalana tiene fecha de entrada: 2020.
Pero, al constatarse un cambio de rumbo, el comisario Vella recordó por escrito al Gobierno español que había un incumplimiento de la ley. Exigió “medidas adicionales” y Bruselas desempolvó el expediente español en el que estaban unidas Madrid y Barcelona. El 11 de julio estaba claro que el caso iba directo al Tribunal de Justicia. Dos semanas después, Karmenu Vella confirmaba el movimiento: casi una década de NO excesivo terminarán frente a los magistrados. “No hay espacio para las excusas”, como ha recordado el comisario de Medio Ambiente.
