La Comisión Europea ha paralizado, de momento, el expediente contra España por la caza anual de miles de pájaros cantores. Bruselas considera que se ha detenido esta práctica llamada silvestrismo por la que se apresaban, a base de excepciones administrativas, siete especies de aves a pesar de que la ley establece una protección estricta.
Así se lo comunicó verbalmente el director general de Medio Ambiente, Daniel Calleja, al secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, tras constatar que no se habían dado autorizaciones en 2018 y 2019, según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. Bruselas había solicitado un informe al Gobierno tras la apertura del expediente y, tras estudiar el documento, mete en la nevera una posible multa. Todavía continúa la fase de vigilancia por si hubiera nuevos permisos.
Precisamente es lo que va a pedir Andalucía. La suspensión del proceso sancionador ha llegado justo cuando el Parlamento andaluz ha aprobado una moción para instar al Ministerio de Transición Ecológica a que haga una “defensa activa” de esta modalidad cinegética. La propuesta partió del Partido Popular y contó con el apoyo de todos los grupos excepto Adelante Andalucía. Andalucía es una de las comunidades autónomas con más afición al silvestrismo.
La propuesta solicita al Gobierno que abogue por esta práctica ante la Unión Europea. Considera que el fin de las capturas ha dejado en la ilegalidad a “40.000 españoles”, es decir, los aficionados a cazar jilgueros, pardillos, verdecillos, pinzones, verderones, canarios y luganos para alimentar sus coros que luego utilizan en concursos. Los silvestristas aseguran la cría en cautividad no funciona para obtener pájaros que canten según sus necesidades.
Las autorizaciones y cupos de ejemplares están a cargo de los Gobierno autonómicos que las incluían en sus órdenes de veda anuales. Ante la extensión y cantidad de permisos que las comunidades autónomas iban firmando cada temporada amparados en las excepciones que sí contempla la norma de protección, la Comisión Europea inició el procedimiento de infracción contra España. A partir de ese momento, empezaron a detenerse las autorizaciones con la consecuente reacción en contra del sector cinegético.
El silvestrismo busca pájaros salvajes por sus trinos. Aunque la directiva de Aves prohíbe la caza de ejemplares silvestres, cada año, las comunidades autónomas autorizaban la captura de decenas de miles: entre 2013 y 2015 los cupos sumaron 900.000 ejemplares lo que provocó que Europa iniciara el proceso de sanción.