El prior del Valle de los Caídos vuelve a paralizar la exhumación de los Lapeña
En el mes de mayo de 2016, un juez autorizó la primera exhumación de cuerpos en el Valle de los Caídos. Los de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, dos hermanos que fueron fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y posteriormente trasladados a Cuelgamuros sin la autorización de sus familiares. Desde entonces, la familia se ha topado con la oposición de los monjes benedictinos y su prior, Santiago Cantera, que ha intentado evitar los trabajos. También con continuos retrasos administrativos.
El pasado mes de abril comenzaron los trabajos de exhumación de estos dos hermanos republicanos, en lo que las familias (el hijo de uno de ellos aún vive) consideraron un gran éxito. Entraron los técnicos y las microcámaras. Pero hace dos días, las familias de la fosa de Calatayud fueron llamadas al Palacio de la Moncloa. Allí, el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo, les explicó que se ha encontrado un impedimento. Tienen que hacer un informe técnico y los monjes benedictinos, cuyo prior fue candidato de Falange y que se ha opuesto siempre tanto a esta exhumación de los Lapeña como a la de Franco, vuelve a poner trabas a que entren técnicos y maquinaria. Eso, pese a que el presidente de los obispos le desautorizó y obligó a facilitar el cumplimiento de la sentencia: “No puede negarse a exhumar los restos”, dijo entonces Blázquez. El prior no ha contestado a las presguntas de eldiario.es a ete respecto.
En la fosa donde supuestamente están enterrados los Lapeña hay 3.000 cadáveres y más de 700 cajas. La de ellos es, supuestamente, la 722. Para llegar allí hay que retirar todas las demás, que están en disposición piramidal y puede haber riesgo de derrumbe con la retirada. “Los enterramientos se hicieron para que nadie sacara cuerpos de allí”, lamenta Eduardo Ranz, que fue el abogado de la familia Lapeña en su periplo judicial y ahora es también asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de memoria histórica.
Ese informe previo a la extracción de la caja, necesario por seguridad según relatan desde el Gobierno, requiere que entren científicos y maquinaria a la fosa. El prior lo está impidiendo de nuevo, aunque “ese asunto se va a resolver, como explicó el subsecretario a las familias”, relata Ranz. El plazo que se ha puesto el gobierno para tener acabado el informe es de cuatro meses. Eso, si se desbloquea la negativa del prior.
“Lo llevamos como podemos”, relata Miguel Ángel Capapé, que dirige la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido y es el marido de Purificación Lapeña, nieta de Manuel Lapeña. “La reunión fue cordial, nos dieron muchas explicaciones, aunque la mayoría no las entendemos”, dice. “El gobierno nos ha recibido, cosa que no hizo el otro Gobierno”, destaca, “pero nuestro miedo es que nos digan que no se puede entrar. Quiero pensar que hay voluntad de arreglarlo, pero nos morimos con informes. No queremos un homenaje y una plaquita allí, queremos que los saquen”.
Ranz señala que se les pidió dispculpas en nombre del gobierno en la reunión el martes y que se les ha ofrecido “una vista al Valle acompañados de científicos para que conozcan la situación”. También está en marcha el proceso para tomar muestras de adn que cotejar con los restos. “Sobre todo les hemos transmitido que hay continuidad. Pese a este contratiempo, no se les abandona y el Gobierno sigue adelante” con la exhumación de los Lapeña, que inició su periplo judicial hace 10 años, cuando las familias se dieron cuenta que el lugar donde llevaban flores desde hacía lustros en Calatayud estaba vacío porque Manuel y Antonio había sido llevados, sin el permiso de nadie, al Valle de los Caídos.
