Uno de cada cinco niños europeos ha sido víctima de violencia sexual y entre el 70% y el 85% de los agresores eran personas conocidas por los propios niños. Son algunos datos expuestos por el Consejo de Europa sobre una realidad “escondida”: según sus estimaciones, sólo denuncia un 10% de los menores que las sufren.
Elda Moreno, directora del departamento de Dignidad Humana y Género de la institución europea, cita algunas de las tareas pendientes de los estados miembros para acabar con estas cifras: la prevención es crucial, pero también la labor más abandonada. Habla de la necesidad de establecer filtros para evitar que los agresores sexuales trabajen con niños, de garantizar servicios terapéuticos para los potenciales pederastas o de introducir la educación sexual en los colegios. Una recomendación que el PP ha tumbado en el Parlamento Europeo esta misma semana.
Menciona también el retraso español en la creación de una ley integral contra la trata de personas con fines de explotación sexual. España debe mejorar los sistemas de identificación de las víctimas para evitar que, por ejemplo, las personas encargadas de la seguridad fronteriza sólo se fijen en su situación irregular, “lo que puede provocar que caigan de nuevo en manos de los traficantes”, asegura Moreno.
46 países del Consejo de Europa han firmado el Convenio de Lanzarote para prevenir la violencia sexual contra los niños, pero los datos son alarmantes. ¿Está siendo efectivo el convenio?Convenio de Lanzarote
El Convenio de Lanzarote está obteniendo muy buenos resultados: primero, porque engloba el aspecto de prevención, de protección y de lucha contra la impunidad, lo que permite que los países puedan luchar contra la explotación sexual de esta forma. El ministro de Justicia ha anunciado una medida importante como subir la edad de consentimiento sexual y de matrimonio, que era una de las más bajas de Europa, y ahora se va a poner en 16 años.
Las medidas más fáciles, que consisten en la modificación de artículos determinados, son las que se están llevando a cabo. Los temas de prevención siguen siendo los más complicados: lanzar campañas de sensibilización, introducir la educación sexual en los colegios desde que los niños son pequeños, controlar que ninguna persona que haya sido agresor trabaje con menores... Es muy importante la atención a las víctimas, pero la prevención debe ser lo primero.
¿Qué tiene que hacer España para mejorar la prevención de la explotación sexual a menores?
Los niños deben tener acceso a programas e información y asesoramiento en los colegios. Los profesores deben recibir la formación y los materiales necesarios para hacerlo. Tanto las familias como los profesores tienen que explicar a sus hijos o alumnos desde pequeños los riesgos que pueden tener de sufrir abusos sexuales.
Pero los padres no quieren hablar de esto o esperan a que sus hijos sean adolescentes para hacerlo. Hay un tabú alrededor de la sexualidad y es importante proporcionar herramientas para ayudarles a que hablen de estos asuntos con sus hijos pequeños. Desde el Consejo de Europa, hemos creado unos materiales para que lo hagan de forma sencilla y España debería darle la mayor difusión posible.
Otro punto débil se refiere a los programas de atención a los potenciales agresores. Aquellas personas que temen algún día cometer abusos porque tienen fantasías con niños y que no siempre van a un terapeuta. Les da miedo. Así que debe haber servicios que les ayuden a controlar sus impulsos.
Esto plantea problemas éticos, porque la confidencialidad es un tema delicado, pero también es importante. También debería establecerse un filtro para que se pueda verificar que las personas que trabajan con niños no tengan antecedentes penales de abuso sexual de menores.
Además del tabú en el ámbito familiar a la hora de hablar sobre abusos sexuales, ¿existe un tabú en España a nivel gubernamental sobre la educación sexual en los colegios?
Sí. Todo lo que es tabú para la familia suele ser también tabú para los Gobiernos. A los Gobiernos les cuesta trabajo desarrollar políticas que se metan en el ámbito de la familia por la reacción que pueda tener la ciudadanía. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido porque, cuando los ciudadanos miran las estadísticas y ven que el 20% de los niños europeos son víctimas de violencia sexual, primero no se lo llegan a creer y luego reaccionan de forma negativa y piden explicaciones al Gobierno sobre qué esta haciendo para evitarlo.
Cuando se cumplen efemérides, se felicita a las ONG por su labor con las víctimas de explotación sexual o las víctimas de trata. ¿Es una tarea que debería corresponder al Estado?
El Estado es el que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Sin embargo, también puede delegar la responsabilidad de estas tareas, siempre y cuando sea dentro de unos parámetros y no signifique deshacerse del problema o dar el tema por solucionado.
Y si lo hace, el Gobierno debe identificar a aquellos profesionales que están preparados para colaborar, pero también tiene que vigilar cómo se esta llevando a cabo un servicio que le corresponde asegurar al Estado.
¿Europa invierte lo suficiente para que los Estados cumplan?
Los fondos que tenemos en el Consejo de Europa son únicamente para desarrollar nuestros propios programas (en este caso, la campaña) y ponemos los materiales en manos de los países. Nosotros no tenemos dinero para financiar el trabajo de los países pero cooperamos con la UE, que sí destina fondos para financiar directivas concretas. Se puede movilizar al sector privado, las voluntades de unos y de otros... No es el dinero el que plantea el problema, sino poner tiempo para coordinar y crear lo necesario para llevarlo a cabo.
El número de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual ha aumentado y su edad es cada vez menor. ¿A qué se debe?
El contexto de crisis económica provoca que cada vez haya más menores que salen de su país y llegan a otro sin la compañía de adultos, lo que los vuelve muy vulnerables y hace que caigan fácilmente en manos de los traficantes. Esto acaba derivando en explotación sexual, laboral o mendicidad.
¿Qué se hace mal en España en la lucha contra la trata?
El Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos incluye una serie de medidas para luchar contra la prevención y contra la impunidad. En general, el grupo de expertos independientes que vigila la aplicación del convenio (GRETA) pone en relieve que se invierte muy poco en prevención y destaca la necesidad de mejorar los sistemas de identificación de las víctimas.
A veces aparecen sólo como inmigrantes en situación irregular, lo que provoca que caigan de nuevo en manos de los traficantes. Pedimos verdaderos planes nacionales para que esta tarea no sea sólo una cuestión de control de las fronteras o del Ministerio del Interior.
La Red Española contra la Trata denuncia el retraso de una ley integral.Red Española contra la Trata
La ley integral contra la trata es una asignatura pendiente en España y en otros muchos países europeos. Una norma da una oportunidad a una acción visible con resultados e impactos reales. Las acciones puntuales como las que se están llevando a cabo actualmente dependen de la voluntad de las personas. Una ley es algo que permanece en el tiempo a pesar de los cambios gubernamentales o las crisis. Es muy difícil poner de acuerdo a ministerios de Asuntos Sociales, Educación, Interior... No es fácil, pero es esencial.
Hace poco más de un mes España concedió asilo por primera vez a una víctima de trata. Las ONG denuncian que esto no debería ser algo excepcional, sino que el Gobierno tendría que proporcionar mayor protección. ¿España debería hacer más por proteger a las víctimas de trata que llegan a España?
En general, el convenio dice muy claramente que, una vez que la víctima está identificada, el país receptor debe darle la oportunidad para que salga del peligro y el tiempo necesario para que se recupere. El convenio anima a los países a que, además de proporcionarle un plazo para que se recupere, pueda solicitar quedarse en el país porque, en muchas ocasiones, el regreso a su país puede provocar que vuelva a caer en manos de los traficantes.
¿Está vinculado el turismo y la explotación sexual de menores? Generalmente, los turistas sexuales proceden de países desarrollados, ¿se está trabajando en ello?
El Convenio de Lanzarote prevé una disposición específica para que podamos denunciar a los turistas sexuales directamente en los tribunales del país de origen de la persona, aunque el delito suceda en otro lugar, incluso en países donde los abusos sexuales a menores no estén recogidos en el Código Penal. Así, es posible que un tribunal nacional condene a una persona de este país por un delito sexual que ha cometido en el extranjero.