La falta de una vivienda digna afecta a la salud: “He adelgazado 10 kilos y me tiro todo el día llorando”

La ausencia de una vivienda digna está estrechamente relacionada con la mala salud. Es una de las conclusiones de un informe que viene a poner negro sobre blanco en una realidad que se agrava con la nueva crisis de accesibilidad y estabilidad en la vivienda. Así, las personas en situación de calle, que viven hacinadas o en viviendas insalubres, las que están atravesando procesos de desahucio o las que se encuentran ocupando viviendas por necesidad padecen más enfermedades, tanto físicas como mentales, tienen una menor esperanza de vida e, incluso, son más propensas a sufrir intentos de suicidio.

“Si el derecho a la vivienda no está garantizado, el derecho a la salud tampoco”, indica el investigador Thomas Ubrich, de la asociación privada Provivienda (en favor de garantizar casa a las personas vulnerables) y autor del estudio ‘Cuando la casa nos enferma’. El informe presentado por esta asociación, que cuenta con cerca de medio centenar de testimonios de personas afectadas, así como datos e investigaciones previas de organismos oficiales y diferentes organizaciones y profesionales, establece tres grupos de estudio: personas sin hogar; personas que residen en infraviviendas, como enclaves chabolistas o viviendas insalubres; y las que sufren fragilidades residenciales por estar inmersas en procesos de desahucios o en situación de ocupación.

El grupo más afectado es el que se encuentra en situación de calle. Una situación que “no solo enferma, sino que llega a matar”, lamenta Ubrich. La muestra más clara es el dato de la esperanza de vida. Esta ronda los 50 años, unos 30 menos que la media nacional, sin contar con que el 31% de personas en esta situación han intentado suicidarse. Pero las estadísticas sobre la prevalencia de enfermedades tampoco dejan lugar a dudas: el 20,9% padece algún tipo de enfermedad del sistema circulatorio; el 20,3%, del aparato respiratorio y digestivo; el 17,4%, endocrinas o metabólicas; el 16,8%, relacionadas con el sistema osteomioarticular; y un 30,9%, de otro tipo, según la encuesta sobre personas sin hogar de 2012, a la que hace referencia el informe y cuyos datos no parecen estar desfasados según “las personas con las que trabajamos en nuestros programas y las conversaciones con profesionales”, explica el director de desarrollo estratégico de Provivienda, Eduardo Gutiérrez.

“Pasar frío y miedo”

Miguel Racionero tiene 54 años y lleva desde 2015 en un centro para personas sin hogar de Cataluña. Antes, había pasado cuatro años y medio “durmiendo en la calle, a la intemperie, pasando frío y miedo” y sufriendo todo tipo de agresiones por una parte de “la juventud que se divierte pegándote”, recuerda. De hecho, el 57% de las personas que viven en la calle han sufrido en alguna ocasión delitos o agresiones. El 65,4% ha sido insultado o amenazado; el 61,8%, asaltado o robado; el 40,8%, agredido; el 28,3% intimidado; el 24,7% de las mujeres han sufrido delitos sexuales… que afectan a la salud tanto física como mental. De aquella época Racionero arrastra también “problemas de huesos, de artritis, un cáncer de colon, cuatro infartos y problemas de movilidad, porque la parte vascular de las piernas no me funciona”, lamenta. Dolencias que le han ido apareciendo “como un duelo que debes pasar”.

En los enclaves chabolistas, la situación mejora levemente, pero el dato de la esperanza de vida se sitúa aún lejos de la media española. Un informe elaborado por la Universidad de Comillas y Save The Children calcula que en ‘El Gallinero’, recientemente desmantelado, el 98% de la población no viviría más de 60 años. En las situaciones de hacinamiento, que en España suponen un 5,1% según datos de Eurostat, las estadísticas revelan que el 28,4% de personas cuentan con mala salud y, también, con más problemas relacionados con la salud mental, con índices de depresión y ansiedad de hasta el 86% en el caso de las mujeres y el 71% de los hombres. Aquí entran en juego otros factores, como “una peor calidad del aire, pobreza energética, goteras o humedades, suciedad o contaminación” que pueden provocar “problemas respiratorios, gripes, diarreas”, explica Ubrich, que apunta también a que “vivir en una vivienda con más personas puede llevar a una mayor conflictividad”.

Peor salud autopercibida

Los procesos de desahucio también hacen mella en la salud, con problemas cardíacos o de diabetes, principalmente, y en la salud autopercibida. En concreto, los afectados por esta situación tienen 13 veces más posibilidades de tener mala salud percibida. Son el 57,3% de los hombres y el 80,9% de las mujeres, según los investigadores de la Escuela andaluza de Salud Pública de Granada, que indica también que el 68,4% de estas personas presentan características de estrés postraumático, el 16,6% presentan riesgo alto de suicidio y el 48,3% toma medicamentos tranquilizantes, antidepresivos o para dormir.

El estrés, la angustia y la depresión son las problemáticas más habituales. Sara Vázquez, cabeza de una familia monoparental con dos hijos, es un ejemplo de ello. El 28 de septiembre, gracias al apoyo vecinal y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, consiguió frenar el desahucio de la vivienda en la que vive desde 2015 en Leganés, propiedad del IVIMA y que había sido ocupada, sin ella saberlo, por su inquilina. Ahora, una solicitud del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha conseguido darle de plazo hasta el 29 de noviembre para estudiar su caso. “He ido al médico por depresión, he adelgazado 10 kilos, me tiro todo el día llorando, porque te ves en la calle con dos niños. Vas contando los días y no sabes qué hacer con tu vida. No tengo ganas de nada”, explica. El día del desahucio que consiguió paralizar fue uno de los más angustiosos de su vida. “Me dieron ganas de tirarme por la ventana”, reconoce. Precisamente, el mismo estudio de la universidad de Granada, del que se hace eco el informe, sostiene que el 16,6% de las personas en procesos de desahucio se encuentran en riesgo alto de suicidio.

“Las problemáticas residenciales se pueden acumular”, indica Ubrich. Así, se dan otra serie de situaciones, como destinar los recursos económicos a pagar la vivienda o la vivienda insalubre y no poder hacer frente a otros gastos, como aquellos derivados de una dieta adecuada, lo que revierte en mayores tasas de obesidad, o los sanitarios o de medicamentos que no están cubiertos por la Seguridad Social, lo que ocurre en un 44% de los casos.

Destinar el 1,5% del PIB

Eduardo Gutiérrez sostiene que “el tratamiento es una buena política de vivienda”, que pasa no solo por un parque público suficiente, sino también “por movilizar vivienda vacía, dar ayudas al alquiler, ampliar la duración de los contratos de arrendamiento o articular fórmulas como el co-housing”, entre otras medidas. En concreto, sitúa el presupuesto necesario entre un 1 y un 1,5% del PIB. “El acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidos Podemos habla de ampliar la dotación actual hasta el 2021 para alcanzar ese porcentaje. Actualmente estamos hablando de 630 millones de euros para 2019, que deberían llegar a los 20.000 en 2029”, explica.

“Es cierto que parece que se está reorientando la política de vivienda con el cambio de Gobierno. De momento son más anuncios que otra cosa, pero la Ley de Vivienda nos parece que puede ser un buen paso, o la reorientación del Plan Estatal de Vivienda, donde se va a incorporar un plan específico para las personas sin hogar, con la reactivación de la estrategia para personas sin hogar, que estaba metida en un cajón. O incluso el anuncio de la estrategia nacional contra la pobreza energética. Son medidas que por si mismas no son suficientes, pero que van dando pasos a una dirección más adecuada”, reconoce Gutiérrez.