La ONU ordena paralizar el desahucio de una familia que ocupa un piso de un banco
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha ordenado la paralización del desahucio de Josefa, Ricardo y sus dos hijas menores de edad (4 y 8 años). Esta familia ocupó una vivienda del BBVA en el distrito madrileño de Villaverde.
Sus abogados defienden que este inmueble estaba “vacío” y aseguran que los progenitores “habían solicitado en numerosas ocasiones una vivienda social a las administraciones públicas (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid), que hasta la fecha no han atendido la solicitud”.
Este organismo dependiente de la ONU ha determinado en una contestación emitida el pasado 8 de marzo que se suspenda el desahucio mientras “la comunicación está siendo considerada por el Comité” o se les otorgue “una vivienda alternativa adecuada”.
El Comité solicita al Estado que tome “medidas para evitar posibles daños irreparables” a la familia, tal y como contempla el artículo cinco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que España suscribió en 1977. Además, le requieren “informaciones y observaciones relacionadas con la cuestión de la admisibilidad y el fondo de la misma”.
El juzgado de instrucción número 50 de Madrid determinó en febrero del 2017 el “inmediato desalojo” por un delito de usurpación ilegal del inmueble. Según explica la abogada que ha llevado el caso Alejandra Jacinto, el último intento de desahucio estaba programado para el pasado 9 de marzo. La comunicación del Comité de la ONU de suspensión como medida cautelar se produjo un día antes. La letrada ha acudido a este órgano ya que está habilitado para “intervenir en casos de inminente violación de los derechos humanos”, explica.
El Comité ya condenó a España
“Es la primera vez que tenemos constancia que este Comité dicta una medida cautelar de estas características, en una vivienda vacía propiedad de un banco y que está ocupada por una familia”, incide Jacinto. En julio el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya se pronunció contra España por el desahucio en 2013 de otra familia en Madrid, en aquel momento determinó que ese lanzamiento “constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada” por no garantizarle una alternativa habitacional.
La defensa de esta familia lamenta que el BBVA haya “rechazado regularizar la situación mediante la concesión de un alquiler social”. Jacinto considera que este Comité se ha convertido en una nueva vía abierta para “pedir amparo a los tribunales”. Fuentes de la entidad bancaria aseguran que tienen “una gran sensibilidad con los no clientes que ocupan ilegalmente viviendas”. Sobre este caso, reseñan que pusieron “en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid” la situación de esta familia.
