La ONU pide explicaciones a España por abandonar a Mohamed, un desahuciado que acabó durmiendo en un coche
Naciones Unidas ha pedido explicaciones al Gobierno español por el el desamparo de Mohamed Ben Djazia tras ser desahuciado. Este argelino, con estatus de refugiado político desde hace 15 años, llegó hace más de dos décadas a España y comenzó en 1999 a solicitar un piso de protección oficial al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Año tras año, ha ido renovando la documentación para poder optar a un alquiler social, sin ser nunca uno de los afortunados. Ni siquiera tras ser desahuciado por impago en octubre de 2013, cuando él, su mujer y sus hijos –que por aquel entonces tenían 8 meses y 2 años– tuvieron que dormir durante cuatro días en un coche.
“En aquel momento solicitó una vivienda por especial necesidad. Las autoridades no plantean ningún mecanismo de emergencia para situaciones de urgencia”, apunta Javier Rubio, abogado del afectado. Después de que se ejecutara el desahucio, el Ayuntamiento dirigido por Ana Botella le facilitó un albergue en el que pasaron una semana. Según su defensa, tras ese periodo fueron “invitados a abandonarlo”.
El único techo alternativo con el que contaba la familia era el vehículo que utilizaba Mohamed para desplazarse, lo aparcaron al lado de la mezquita de la M30 para que los pequeños pudiesen utilizar los servicios del centro. A partir de entonces la familia fue dando tumbos durante varios meses, pasando por casas de amigos, hasta que Mohamed pudo alquilar un piso en el madrileño barrio de Tetuán por el que paga 475 euros. Una cantidad que descuadra las cuentas de la familia Ben Djazia que solo ingresa cada mes 532 euros, en concepto de Renta Mínima de Inserción (RMI).
Su defensa considera que la Administración les dejó desamparados tras el desahucio, una situación que se agrava al haber dos menores a los que no proporcionan una alternativa habitacional. “Los niños lo han pasado muy mal, han vivido muy nerviosos. Y eso les ha marcado, ahora sangran cada vez que están angustiados”, explica Mohamed. En un primer momento su letrado intentó que la justicia española paralizase la ejecución del lanzamiento, llegando a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que no fue admitido a trámite.
Tras este resultado su abogado decidió denunciar a España ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU por vulnerar el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que el gobierno suscribió en 1977. Este apartado reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”.“Hemos denunciado que Mohamed es víctima de una violación de Derechos Humanos ocasionada por una vulneración sistemática del acceso a la vivienda. La administración española considera que la vivienda pública es un sistema fracasado, les supone un lastre. Por eso han ido vendiéndola a fondos buitre”, explica Rubio.
La ONU les ha confirmado que han pedido al gobierno que presente alegaciones para poder estudiar la queja. “El estado español ha respondido que cumplen el PIDESC porque atienden algunas de las solicitudes de vivienda pública que reciben. Plantean que la Comunidad de Madrid ha desestimado la petición porque Mohamed ocupa el puesto 432 en la lista de solicitantes. Por su parte, el Ayuntamiento ha indicado que otorga 260 inmuebles de las 8.000 solicitudes anuales que reciben”, añade la defensa del argelino. Además en el escrito emitido por el Ministerio de Justicia, al que ha tenido acceso eldiario.es, argumentan que Mohamed se encuentra en una situación de exclusión social porque “no ha sido activo en la búsqueda de empleo”.
“He estado buscando trabajo, soy técnico de reparaciones electrónicas. Los Servicios Sociales no me han ofrecido nada, no están a disposición de la gente”, responde este argelino de 56 años. Según explica, durante los años que lleva en España, ha trabajado en una empresa arreglando ordenadores y en una ONG. Tras las alegaciones del gobierno español, Rubio ha tenido que presentar una nueva respuesta. “Hemos acreditado su demanda insistente de vivienda pública. También hemos incorporado certificados de los cursos de empleo que ha realizado a lo largo de los últimos 10 años. Así contrarrestamos el argumento de que no ha sido activo”.
Después de recibir estas dos argumentaciones el Comité debe de estudiar el asunto y decidir si lo admiten a trámite. En caso afirmativo, puede llegar a multar al gobierno. “Si continúan con el caso sería la primera decisión que toma este organismo sobre España. Entendemos que una vez que el Comité se pronuncie va a ser más sencillo que los juzgados españoles entiendan que tienen que aplicar la normativa internacional firmada por España”, explica la defensa de Mohamed que no cuenta con una estimación del momento en el que puede llegar una contestación de este organismo. Hasta entonces la familia Ben Djazia continuará haciendo malabares económicos para llegar a final de mes. Ya deben cuatro mensualidades al nuevo casero: “Si pago todos los meses, no puedo alimentar a mis hijos”. Por eso, continúan solicitando a las administraciones un alquiler social para no tener que hacer frente a un nuevo desahucio por impago.
