La ONU reprocha a España el “grave y desproporcionado” impacto de la austeridad en las mujeres
“Las medidas de austeridad introducidas en respuesta a la crisis económica han tenido un impacto grave y desproporcionado en las mujeres”. Lo dice el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés), que este miércoles evalúa al Gobierno en Ginebra sobre el grado de implantación de los derechos de las mujeres, tras la visita que realizó el pasado diciembre.
El último informe presentado por la CEDAW, fechado a 17 de junio, analiza la situación de las mujeres en España en diferentes ámbitos y, entre sus indicaciones, reprocha al Gobierno que las políticas de austeridad “han relegado a muchas mujeres a los tradicionales roles de subordinación y han empeorado su situación en la vida económica, social y política”. Algo que la delegación española que se encuentra en Ginebra no comparte.
La austeridad, unida a “la cultura del machismo y la influencia social de las instituciones religiosas patriarcales”, conduce al organismo a concluir que, los avances en igualdad de género alcanzados en los últimos años “están en riesgo de retroceso”. Sin embargo, para el Gobierno los recortes en esta materia parecen no existir: el informe que envió al comité de cara al examen ni siquiera los nombraba y omitía la reforma del aborto que preparaba entonces.
La CEDAW llama la atención a España por la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP en 2012, que ha dado lugar a un mercado de trabajo “cada vez más precario”, por los recortes en becas de comedor y ayudas para guarderías y por el tijeretazo al sistema de la dependencia, que en 2014 perdió más de 47.000 beneficiarios y que, en opinión de la ONU, “ha supuesto una carga adicional para las mujeres”, que son las que mayoritariamente se encargan del cuidado de personas dependientes.
Desventaja en el mercado laboral
La CEDAW analiza las características del mercado laboral y alerta de la alta concentración de mujeres en los trabajos a tiempo parcial, que suponen un 70%, según las cifras que ha recopilado. Además, recuerda que la brecha salarial de género “sigue siendo superior a la media de la Unión Europea”. De acuerdo con un reciente informe de UGT, las trabajadoras cobran de media un 23,9% menos al año que los trabajadores por desempeñar empleos de igual valor, algo que contrasta “con su tasa de matriculación universitaria, que es superior a la de los hombres”. Además, el comité recomienda a España adoptar medidas para fomentar la presencia de mujeres en los cargos de la Administración pública.
Que los cuidados y las tareas del hogar sigan siendo un asunto de mujeres no se libra de las acusaciones de la ONU. Esta “carga”, sostiene, “constituye una barrera estructural grave para lograr la igualdad de oportunidades en el empleo”. Los datos avalan el reproche: el 95% de las personas que están fuera del mercado laboral para dedicarse a los cuidados son mujeres.
En el ámbito de la educación el comité insta a España a poner en práctica programas de género específicos en el sistema educativo y a “redoblar los esfuerzos para eliminar las imágenes estereotipadas y las actitudes con respecto a los roles de hombres y mujeres en la familia y en la sociedad”. Además, recomienda al Gobierno recuperar “Educación para la Ciudadanía”, convertida en otra asignatura optativa a Religión por la LOMCE del ministro Wert. Algo que supone “un retroceso de los esfuerzos por eliminar los estereotipos discriminatorios de género”.
Preocupación por la reforma del aborto
Otro de los puntos que señala el informe es la ley contra la violencia de género de 2004, una normativa que la CEDAW celebra, pero de la que identifica lagunas. Entre ellos, el hecho de que no cubre todos los supuestos de violencia por cuestiones de género, únicamente los que ocurren en el entorno de la pareja o expareja. Por otro lado, urge a “garantizar una formación obligatoria de jueces y personal administrativo sobre violencia de género”. Además, llama la atención al Gobierno español sobre el caso de Ángela González, cuyo exmarido asesinó a la hija de ambos en un régimen de visitas después de ser denunciado por maltrato.
La ONU dictaminó que el Gobierno debía otorgar a Ángela una reparación e indemnización “proporcional” y realizar una investigación para determinar los posibles fallos cometidos por las instituciones. Unas recomendaciones que España todavía no ha cumplido, lo que “sugiere una falta de comprensión y de responsabilidad en las obligaciones del Estado”, subraya la CEDAW en su informe.
Sobre la salud y los derechos reproductivos de las mujeres también se pronuncia y traslada su preocupación por la intención del Partido Popular de reformar la ley del aborto para que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno. Algo que “es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos”. También recrimina a España el decreto ley 16/2012, que “dejó sin tarjeta sanitaria a las mujeres migrantes, importante para detectar casos de violencia de género”, analiza el organismo.
