“Sigo esperando del Gobierno y la justicia palabras de pésame y condolencia”
“Cuando fallecen en este país personajes públicos, actores, políticos o gente conocida, este gobierno siempre tiene palabras de pésame y condolencia. Yo sigo esperando”. Con voz serena y sosegada, pero también con un punto de indignación, Ángela González se dirige a las autoridades en un ejercicio de lucha incansable, que aún no acaba. Su batalla comenzó hace 12 años, cuando su exmarido y padre de su única hija de 7 años, del que entonces se estaba separando y al que había denunciado por violencia machista, asesinó a la menor durante una de las visitas acordadas sin supervisión a pesar de las múltiples advertencias de la mujer sobre el peligro que corrían ambas.
Como resultado, España fue condenada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en julio de 2014 por no proteger diligentemente a una víctima de violencia machista, después de que los tribunales españoles le hubieran cerrado la puerta. Según el dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) el Gobierno debe otorgar a Ángela una reparación e indemnización “proporcional” y realizar una investigación para determinar los fallos del Estado que ocasionaron la muerte de su hija Andrea.
Ángela todavía sigue esperando unas palabras de perdón. Ninguna autoridad ha hecho un reconocimiento público y ni siquiera el Gobierno accede a reunirse ni con ella ni con la organización que lleva el caso, Women's Link Worlwide. Tampoco va a percibir la indemnización que, según la ONU, le corresponde, pues de acuerdo con la respuesta que ha esgrimido España “no existe base jurídica” para hacerlo. “Parece que las víctimas de violencia machista seguimos siendo invisibles para todos ellos en cuanto a respeto y recuerdo”, denuncia.
Un caso silenciado
No solo el reconocimiento y la reparación de Ángela parece no ser una prioridad para el Ejecutivo, pues no está dispuesto a llevar a cabo la investigación del caso que recomienda el organismo internacional. “En su momento ya se abrió, pero hacerlo ahora sobre hechos del año 2003 no va a traer nada nuevo”, sostienen fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por eldiario.es.
Para Gema Fernández, abogada de Women's Link Worlwide, “lo más preocupante es que siguen sin reconocer la responsabilidad de las autoridades en el asesinato de la niña”. La respuesta que el Estado ha dado al CEDAW habla de “hechos lamentables”, pero “continúa sin aceptar que sí tiene responsabilidad, a pesar de que una instancia internacional le ha condenado por ello”.
La escueta respuesta del Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del PSOE sobre Ángela González evidencia el silencio institucional que rodea al caso. “Están evitando pronunciarse”, comenta Viviana Waisman, Presidenta de Women's Link Worlwide. El Ministerio de Justicia tampoco ha contestado a las preguntas de este diario sobre la falta de reconocimiento público a la mujer.
Más seguimiento
Ángela y la organización que lleva su caso no se dan por vencidas. Siguen en diálogo con el CEDAW para intentar que continúe haciendo seguimiento de la situación y, además, han abierto dos vías legales ante instancias nacionales. “Hasta que no se cumpla con la decisión tomada por el Comité de la ONU, mi vida será siempre una lucha”, sostiene Ángela.
Su batalla es también para otras mujeres y sus hijos e hijas, para que el asesinato de la suya no se vuelva a repetir. Este es también uno de los objetivos del dictamen de las Naciones Unidas, que recomienda a España tomar medidas adecuadas y efectivas para garantizar el principio de no repetición. En este sentido, el proyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, aprobada el pasado día 20, no desarrolla los mecanismos de protección adecuados de los menores, según las organizaciones sociales que trabajan con mujeres maltratadas. “No queremos palabrería, queremos medidas concretas”, remarcan desde Women's Link.
“¿Cuántos asesinatos tiene que haber para que la justicia proteja de verdad a nuestros hijos e hijas?”, se pregunta Ángela González. Los datos corroboran que las suspensiones del régimen de visitas a padres maltratadores están descendiendo: según el Consejo General del Poder Judicial, en 2011 se suspendió un 3,4%; en 2012 un 3,1% y en 2013 el 3%. Para Viviana Waisman, el error es “asumir la necesidad imperante de que la figura paterna es imprescindible”. Sin embargo, recuerda: “Un padre maltratador no es un buen padre”.
Es un problema de mentalidad
Son estos estereotipos los que, según Women's Link Worlwide, perpetúan la violencia de género contra las mujeres. Waisman pone un ejemplo concreto: “En el momento de denunciar a la policía que te han robado algo, nadie te pregunta ¿seguro que lo han hecho?”. En su opinión este es el proceso que tiene que sufrir una mujer al denunciar violencia machista. “Sigue existiendo un sesgo brutal hacia las mujeres, que se presupone que mienten o manipulan”.
De acuerdo con la abogada Gema Fernández, las leyes son más o menos garantistas; “el problema es la mentalidad”. En la organización se han encontrado con informes de equipos psicosociales, que participan en los casos de violencia de género, en los que “se cuestiona constantemente a la mujer”. “Esto no ocurre con otro tipo de víctimas”, sostiene Fernández.
Una mayor formación y sensibilización de los jueces y todos los profesionales que interfieren en un caso de este tipo de violencia es la apuesta que hacen desde Women's Link Worlwide. El objetivo: que el caso de Ángela no se vuelva a repetir y recordar que no es aislado, “que la violencia de género sigue ahí y es necesario erradicarla”.
