La vacuna de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca saltó por enésima vez a los medios por la sospecha de un potencial efecto adverso grave en uno de los voluntarios vacunados. Concretamente, el individuo estaba afectado de una mielitis transversa. Este incidente llevó a la suspensión temporal del estudio hasta este sábado, 12 de septiembre, cuando se anunció su reanudación.
En realidad, este suceso es algo totalmente normal durante la realización de ensayos clínicos. Sin embargo, el seguimiento en tiempo real de las vacunas contra el coronavirus por parte de los medios y la población general ha mostrado una realidad que rara vez suele ser noticia. Los voluntarios que participan en estos estudios pueden sufrir ciertas enfermedades o problemas de salud, causados o no por el tratamiento que se está administrando.
Si tenemos en cuenta que la vacuna de AstraZeneca se está probando sobre miles de personas, es muy probable que surjan incidentes que requieren una mayor investigación para aclararlos. En ese sentido, que se anuncien estos efectos adversos y que se suspendan temporalmente los ensayos clínicos no es motivo de alarma, sino de confianza en que, efectivamente, estos estudios buscan conocer y mostrar la seguridad y eficacia de las vacunas con todas las garantías.
A pesar de que los ensayos clínicos de fase III son la última etapa de evaluación de tratamientos antes de su comercialización, en ocasiones ocurre que se identifican nuevos efectos adversos que no se han documentado previamente, tiempo después de salir al mercado. Esto puede suceder con reacciones adversas extremadamente raras (una por cada millón de pacientes, por ejemplo), o con efectos que solo aparecen a largo plazo o en individuos con unas características biológicas particulares, afectados por determinadas enfermedades o en tratamiento con ciertos fármacos. Por esta razón, los nuevos medicamentos que se comercializan siguen estando bajo supervisión sanitaria constante para detectar posibles problemas para la salud que se hayan escapado en los ensayos clínicos. Se trata de un proceso llamado farmacovigilancia.
En circunstancias normales, si una persona se trata con un medicamento ya comercializado y experimenta un efecto adverso que no se ha documentado previamente ni se ha añadido al prospecto, la responsabilidad legal y los pagos de las potenciales indemnizaciones suelen recaer en la empresa farmacéutica responsable. Bayer, por ejemplo, tuvo que pagar más de 900 millones de euros en indemnizaciones a afectados por el medicamento “Lipobay”. Estas personas sufrieron graves efectos secundarios, como rabdomiólisis (destrucción del músculo esquelético), que no se habían documentado previamente. Además, la compañía farmacéutica tuvo que reconocer que su fármaco también pudo haber causado la muerte de un centenar de personas. Bayer finalmente retiró su fármaco del mercado.
Las vacunas tampoco son ajenas a este fenómeno. Como explica Belén Tarrafeta, farmacéutica experta en gestión sanitaria y acceso a medicamentos, “puede haber alertas sobre posibles efectos raros y muy infrecuentes que obliguen a retirar un producto cautelarmente, aunque luego no se pueda establecer nunca que aquello que se vio fuera consecuencia de la vacuna”. Destaca el caso de la vacuna RotaShield para el rotavirus, que se retiró en 1999 del mercado en Estados Unidos por asociarse a invaginación intestinal en niños menores de un año, tras su comercialización. La vacuna de la polio también llevó a consecuencias inesperadas. “El caso de la polio inducida por la vacuna oral es un ejemplo de algo que nadie podría haber sospechado jamás: que el virus excretado de una persona vacunada oralmente pueda mutar en la naturaleza, recuperando su virulencia, para después contaminar a personas inmunodeprimidas o no inmunizadas”, señala Tarrafeta.
Las demandas multimillonarias por efectos adversos de medicamentos no identificados antes de la comercialización pueden suponer la ruina de las compañías farmacéuticas o afectar gravemente a sus cuentas. No es, por tanto, casualidad que varios puntos conflictivos en las negociaciones entre los Estados europeos y las farmacéuticas traten sobre quién sería responsable y quién tendría que pagar si se produjeran demandas por daños y perjuicios asociados a efectos secundarios de las vacunas no identificados previamente.
El 30 de julio, Ruud Dobber, miembro del equipo ejecutivo de AstraZeneca declaró a la agencia Reuters que su empresa estaría exenta de demandas de responsabilidad por sus vacunas contra el coronavirus en múltiples países, pero no quiso aclarar cuáles. Dobber explicaba que esta “es una situación única en la que nosotros, como compañía, simplemente no podemos asumir el riesgo si... en cuatro años la vacuna está mostrando efectos secundarios. [...] En los contratos que tenemos en vigor, estamos pidiendo una indemnización. Para la mayoría de los países es aceptable asumir ese riesgo sobre sus hombros porque es de interés nacional”.
La declaración pública de AstraZeneca no es un suceso aislado. A principios de agosto, múltiples farmacéuticas declararon a diversos medios que buscaban que los Estados se hicieran responsables de indemnizar si se diera el raro y fatídico caso de que aparecieran daños no previstos por la vacunación contra el coronavirus. La idea principal tras su petición era contar con un marco jurídico protector, en caso de que la rapidez en la investigación de las vacunas no llegue a detectar todos los posibles efectos adversos. Estas declaraciones llaman poderosamente la atención cuando, durante los últimos meses, las compañías farmacéuticas han enviado reiterados mensajes tranquilizadores a la población a través de los medios con una promesa principal: no permitirán que las prisas por comercializar las vacunas provoquen que estas lleguen al mercado sin haber demostrado rigurosamente su eficacia y seguridad.
La situación legal de Estados Unidos y Europa será, en teoría, muy diferente cuando llegue el momento de la comercialización de las vacunas contra la COVID-19. Como aclara Belén Tarrafeta: “En Estados Unidos las farmacéuticas están exentas de responsabilidad civil en caso de que haya problemas de seguridad con el producto si este se usa dentro de una autorización de uso de emergencia (EUA). De hecho, hay gran controversia sobre la intención de la FDA (la agencia de medicamentos estadounidense) de utilizar el mecanismo de EUA para la vacuna de COVID, porque es un proceso mucho menos riguroso que el procedimiento normal”.
La EUA se utiliza en ocasiones especiales de emergencia sanitaria para acelerar el proceso de autorización en la importación y/o comercialización de algunos medicamentos (y otros productos sanitarios). Los requisitos de la EUA son menos exigentes que el proceso de aprobación normal y puede ocurrir que productos aprobados bajo la EUA no lleguen a pasar el proceso normal.
En Europa, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no contempla una autorización equivalente al EUA para la aprobación de las vacunas contra el coronavirus. Sí que ha puesto en marcha una autorización por la vía rápida para tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Con este método, se acelera la aprobación sin disminuir los requisitos necesarios habituales ni ofrecer amparo legal a las farmacéuticas. Esta situación no es del agrado del sector farmacéutico, que ha solicitado que Europa imite el sistema EUA de Estados Unidos para que así estén protegidos frente a posibles demandas por las vacunas contra la COVID-19.
La EMA deja en manos de cada Estado la negociación con las farmacéuticas para acordar cuál será su responsabilidad legal a través de contratos en caso de demandas. En España, los laboratorios que están evaluando sus vacunas contra el coronavirus ya trasladaron en julio al Ministerio de Sanidad que era necesario establecer una fórmula legal que les protegiera de responsabilidades en el desafortunado caso de que aparezcan efectos adversos tras la comercialización. Como suele ser habitual en las negociaciones con las farmacéuticas, existen muchos detalles rodeados de secretismo. A principios de septiembre, España y el resto de los países de la Unión Europea anunciaron que abonarían a los laboratorios las posibles indemnizaciones a las que se tengan que enfrentar las farmacéuticas si aparecen efectos indeseados o inesperados por las vacunas contra el coronavirus tras su comercialización. En qué condiciones y hasta qué punto se pagarán estas indemnizaciones son detalles que, por el momento, no se han hecho públicos.
“Todo lleva su tiempo”
En estos momentos, los ensayos clínicos en fase III de las vacunas en una etapa más avanzada se encuentran más o menos a la mitad de su desarrollo. Averiguar con suficiente certeza su seguridad y eficacia llevará varios meses más. Como explica el cardiólogo e investigador Eric Topol, “aunque la mayoría de vacunas son seguras, se necesitan ensayos clínicos para demostrar que los participantes no desarrollan reacciones inmunitarias graves por la exposición al virus o una enfermedad inmunitaria compleja. Se necesitan datos de eficacia para demostrar que existe una supresión sustancial de las infecciones en el grupo de la vacuna, comparado con el placebo. Tanto los parámetros de seguridad como de eficacia necesitan poder estadístico suficiente. Todo esto lleva tiempo”.
Poder estadístico e incluir a la población más variada posible resultan imprescindibles para conocer a fondo los efectos biológicos de cualquier tratamiento. Precisamente, las farmacéuticas Pfizer/BioNTech anunciaron recientemente que van a expandir el tamaño de su ensayo clínico en fase III de su vacuna: de 30.000 personas pasarán a ser 44.000 para incluir así a individuos de etnias diversas, adolescentes y también a pacientes que sufran otras enfermedades virales.
No existen atajos para averiguar la eficacia y seguridad de una vacuna, y acelerar en exceso las fases de investigación clínica podría llevar, en el peor de los casos, a un recelo hacia las vacunas sin precedentes. Que los Estados vayan a asumir económicamente los riesgos de efectos adversos no detectados previamente en las vacunas contra el coronavirus puede sumar un elemento más de desconfianza.