Fernando Martínez López se convirtió tras la primera investidura de Pedro Sánchez, en junio de 2018, en el primer director general para la Memoria Histórica, posición que mantuvo hasta marzo de 2019, cuando fue en las listas del PSOE para el Senado. Ahora con el nuevo Gobierno de coalición se convierte en el primer secretario de Estado para la Memoria Democrática. El primer cargo era parte del Ministerio de Justicia y en él su figura fue clave para diseñar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El segundo, que se hará efectivo en el próximo Boletín Oficial del Estado, depende directamente de la vicepresidencia de Carmen Calvo.
Martínez López nació en Vélez-Blanco (Almería, de cuya capital fue alcalde de 1991 a 1995) en 1949. Es doctor en Filosofía y Letras e Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Dentro del PSOE, ha sido responsable de Memoria Histórica en la Comisión Ejecutiva Federal. Como tal, fue parte importante de la reforma de la Ley de Memoria Histórica que propuso el PSOE y que el PP, todavía con Mariano Rajoy como presidente en 2017, frenó. En ese proyecto se incluía que el Estado asumiera el gasto y gestión de las exhumaciones de víctimas y un banco público de ADN para su identificación.
Cuando llegó a la Dirección General se mostró favorable de “una reforma integral de la ley [de 2007] cuanto antes”, que incluyera perspectiva de género y la constitución de una Comisión de la Verdad en el Congreso. En la Junta de Andalucía ha desarrollado antes otra labor importante dentro de las competencias de memoria histórica: ha sido coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía. Sobre esto, defendía hace unos meses en eldiario.es que “las heridas en España se cerrarán cuando se abran las fosas comunes y se puedan entregar los restos a sus familiares para que les den digna sepultura”.
La cartografía de la guerra y posguerra andaluza que Martínez López ha dirigido en su comunidad ha sido un trabajo realizado con “varias asociaciones de memoria histórica” y con la “supervisión final de profesores de las distintas universidades andaluzas bajo mi coordinación”, en sus palabras. Este mapa registra actualmente un total de 708 fosas y 45.566 víctimas, según la web de la Junta. Andalucía fue la primera comunidad autónoma en comenzar la elaboración de un mapa de fosas comunes, un proyecto que se inició en 2005.
Cuando llegó al cargo de director general de Memoria dentro del Gobierno el objetivo era claro, porque así lo había manifestado Sánchez en muchas ocasiones: exhumar al dictador. En una entrevista con eldiario.es ya como director general, planteó que sacarle suponía “un planteamiento simbólico muy importante de ruptura con el pasado, pero sobre todo, para empezar a cerrar heridas. Muchas veces el planteamiento revisionista y de algunos sectores es que se van a reabrir heridas. Las heridas están abiertas”.
También se mostraba en agosto de 2018, recién nombrado, a favor de resignificar el Valle de los Caídos “porque no se puede convertir en un lugar de peregrinaje del nacionalcatolicismo y del fascismo”, pero el 'cómo', con el dictador en Mingorrubio desde el 24 de octubre, todavía está en debate y será un reto para esta próxima legislatura. Él decía que había que buscar “consenso” parlamentario para decidir. Sobre la opción de un museo de la memoria, opinaba que “hay que explicarlo para todo aquel que vaya allí. Quién lo construye, cómo se construye, qué finalidad tenía... Si vas ahora a un campo de concentración nazi, te lo explican y no lo han hecho desaparecer para que se vea qué fue ese periodo histórico del nazismo. Vamos a debatir la resignificación por dónde puede ir. Eso es un cementerio donde tenemos por lo menos 34.000 personas enterradas”.
Decía sobre las fosas, el ámbito al que ha dedicado buena parte de su carrera y ya con cargo estatal, que es “algo sangrante” y que “no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de dignidad nacional democrática” y establecía la búsqueda de desaparecidos como “prioridad”. En agosto de 2018 lo sujetaba todo a la aprobación de Presupuestos Generales del Estado, que no salieron adelante en 2019 y precipitaron las elecciones del 28A. Sobre la retirada de los títulos nobiliarios a los Franco, lo veía más difícil: “Está en estudio” modificar una norma que se remitía a 1912. También era su intención entonces “plantear la nulidad de los tribunales de excepción”.
Luego, bajo su mandato cogió impulso la reclamación del Pazo de Meirás, ahora propiedad de los Franco, como dominio público, aunque fue ya con él como senador cuando la Abogacía del Estado lo reclamó. En el pacto de gobierno de Unidas Podemos y PSOE aparece este punto dentro del apartado de Memoria Democrática. En ese documento aparecía un compromiso para crear un programa de exhumación de fosas, una reforma de la Ley, retirada de los símbolos, auditar los “bienes expoliados” e instaurar un Día de las Víctimas, presumiblemente el 31 de octubre. Todas esas serán competencias a cubrir por Martínez López.