Universidad (pública) y empresa nunca se han llevado demasiado bien en España. Pero la progresiva caída de la financiación pública está llevando más que nunca a las universidades a tener que buscar fuentes de ingreso alternativas. Y, de momento, la solución parece haberse encontrado en el sector privado. El último caso se ha dado en la Complutense de Madrid (UCM), la más grande de España, que ha aprobado un reglamento por el que ordena la participación de empresas en el campus.
La nueva normativa contempla distintas figuras colaborativas según la aportación económica que realicen. Van desde los “patrocinadores estratégicos” (para las empresas que aporten más de un millón al año) hasta las “entidades colaboradoras” (quien pague entre 10.000 y 30.000 euros), pasando por los “patrocinadores de honor”, que financiarán proyectos por medio millón de euros. Como contrapartida a sus aportaciones económicas, las empresas podrán colaborar en el diseño de programas de postgrado, crear títulos propios, institutos universitarios o contratar personal. También puede suceder que, si se generan derechos de explotación, por ejemplo a partir de patentes, las empresas se queden con todos los beneficios.
Aprobar el nuevo acuerdo y que se levantaran las voces críticas advirtiendo de la “privatización” de la universidad ha sido casi la misma cosa. Desde el colectivo La Uni en la Calle, el profesor e investigador de la UCM Fernando Ángel Moreno lamenta la falta de controles en la normativa. “Se abre la puerta a que, en un futuro, la UCM se pueda convertir en Repsol UCM o L'Oreal UCM”, explica. El sindicato CC OO también sostiene que “la pretensión de obtener fondos de las empresas sin que esto cuestione el carácter público de nuestra universidad es una quimera”.
Derechos de explotación
Moreno añade que con la nueva redacción “los derechos de explotación, por ejemplo de una patente, han pasado del 50% al 90% para la empresa”. De esta manera, si por ejemplo una farmacéutica saca un nuevo medicamento, será ella quien decida cómo se comercializa éste y quien fije el precio. “Y ha realizado el trabajo en instalaciones públicas”, sostiene Moreno.
El rector de la Complutense, Carlos Andradas, defiende la medida y la justifica, en buena medida, en los recortes sufridos por el centro con la crisis. Según la propia CC OO, esta universidad ha perdido un 13% de su presupuesto en los últimos cinco años. “Si uno quiere hacer cosas de calidad necesita fondos, y entonces los buscamos donde podemos”, afirma.
La realidad es que, según admiten los propios opositores, la normativa es una reordenación de algo que ya existe desde hace años. Pero que con este nuevo reglamento se reactiva de forma preocupante, añaden quienes protestan. Por ejemplo, la Complutense ya tiene un convenio firmado con el Banco Santander desde hace varios años que le reporta cuatro millones de euros para investigación y becas.
Fuentes de la Complutense conceden que “en el articulado no queda claro qué van a poder hacer los patrocinadores”, y admiten que si una empresa paga cuatro millones de euros al año a una universidad, “¿cómo no va a recibir nada a cambio?”. Sin embargo, también insisten en que “todas las universidades lo tienen” y que la polémica ha surgido porque la UCM “ha querido ser transparente y lo ha colgado todo en la página web”. Ejemplo de transparencia, insisten: “Con ese dinero se van a pagar los cursos de verano de la universidad”.
¿Falta de controles?
Lo ambiguo de hasta dónde podrán llegar las empresas es una de las principales críticas que se vierten contra la medida tomada por Andradas. “Las empresas pueden decidir directamente sobre los planes de estudio, crear titulaciones, dirigir y plantear proyectos de investigación, contratar profesores, obtener cátedras, organizar congresos... Y todo ello aprovechándose de las estructuras administrativas y materiales de la universidad, esas que pagamos entre todos”, advierte Moreno. Con estos convenios se puede montar un máster, por ejemplo, con personal de la empresa que financia que compita con otro máster de la universidad, y no queda muy claro bajo qué criterios se regiría, en ese caso, el personal propio del centro.
La comisión de seguimiento la componen solo dos personas aparte del rector. “No pasará por la Junta de Facultad, ni por los sindicatos, estudiantes, etc”, advierten quienes se oponen. “Va a depender de la buena voluntad de las personas. Y no dudamos de que el actual equipo del rector lo sea, pero ¿y el siguiente? Es un cheque en blanco para el rector que venga”, sostienen desde La Uni en la Calle.
Los opositores matizan que el problema principal no son las cátedras, habituales y presentes en muchas universidades españolas. “Aunque tienen más controles en otros centros”, sostiene Moreno. La Universidad de Zaragoza tiene 55 cátedras de empresa, entre ellas la Cátedra Telefónica de Seguridad y Productividad en la sociedad de la Información, y en su normativa aclara que la aportación mínima para realizar una cátedra son 20.000 euros anuales. La de Sevilla ha tenido una cátedra Cepsa de Energía o la Carlos III de Madrid una Cátedra INDRA de investigación en Ciberseguridad.
El rector, criticado por la falta de transparencia y consultas con que se ha aprobado el texto, dará explicaciones al claustro el próximo 2 de marzo.