La Fiscalía de Madrid ha pedido el indulto parcial para la expresidenta de la asociación Infancia Libre María Sevilla, condenada a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores. La mujer fue condenada en 2020 por incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo, y mantener al menor aislado en una finca de Cuenca y sin escolarizar.
Sevilla había solicitado el 31 de diciembre la medida de gracia ante el Ministerio de Justicia para no tener que entrar en la cárcel, pero un mes después el juzgado denegó suspender su ingreso en prisión por no haberse arrepentido de los hechos.
La sentencia, que fue confirmada el año pasado por la Audiencia Provincial de Madrid, constataba que Sevilla se desplazó con su familia en varias ocasiones para ocultar el paradero de su hijo al padre, a quien acusó en varias ocasiones de abusos sexuales contra el menor, hasta que fue detenida en marzo de 2019 en una finca de Villar de Cañas (Cuenca). En paralelo había librado una batalla judicial durante meses, pero la única denuncia que prosperó fue archivada.
Sevilla fue detenida por la Policía en marzo de 2019 en la localidad conquense de Villar de Cañas, y tras ser puesta a disposición judicial, quedó en libertad con cargos. La mujer se encontraba en busca y captura desde septiembre de 2018 por incumplir la sentencia judicial que otorgaba al padre la custodia de su hijo.
En el juicio, que se celebró el pasado 1 de octubre, la Fiscalía de Madrid solicitó una pena de tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad. La acusación particular en nombre de su exmarido elevó la solicitud a cuatro años y medio, mientras que su defensa solicitó la libre absolución. Finalmente, fue condenada por el juzgado a dos años y cuatro meses de prisión, así como a una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante cuatro años y una indemnización de 5.000 euros al padre del menor en concepto de daños morales.
Ahora, la Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido al juzgado que condenó a la expresidenta de Infancia Libre un escrito en el que se posiciona a favor de concederle un indulto parcial. El Ministerio Público propone rebajarle la pena a dos años de prisión, para que la condena quede en suspenso y no tenga que ingresar en prisión. La Fiscalía argumenta su decisión en que se trata del primer delito por el que Sevilla ha recibido una condena y añade que la mujer “ha mostrado asumir sus responsabilidades abonando la cantidad fijada como responsabilidad civil en favor del perjudicado, e ingresando voluntariamente en centro de cumplimiento, encontrándose así a disposición judicial, y para no perjudicar las relaciones materno-filiales con su hija”.
El Ministerio Público afirma que la condenada, aunque no ha mostrado un arrepentimiento “expreso y claro” sí ha evidenciado un “acatamiento a la legalidad” al haber satisfecho “las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia e ingresado voluntariamente en centro de cumplimiento”.
La Fiscalía expone no obstante que no defiende un indulto parcial por la contumacia mostrada por Sevilla al “impedir la relación entre padre e hijo, y en desoír las resoluciones judiciales dictadas que la obligaban a facilitar y restablecer dicha relación”, para sostener a continuación que una liberación total de la pena podría llevar a la sociedad a alentar campañas de apoyo: “Máxime, cuando a raíz de estos hechos y otros similares, parece que en la sociedad civil se están alentando campañas como la llamada ”Yo también lo haría“, de la que se hace eco la prensa, y que parecen fomentar actuaciones similares”.
168 organizaciones feministas pidieron el indulto “urgente”
El caso de María Sevilla ha soliviantado a los colectivos feministas, que hace tres meses pidieron el “indulto urgente” para ella, en un caso que comparan con el de Juana Rivas. En una rueda de prensa en febrero, en la que estuvo presente la propia Sevilla, 168 organizaciones feministas afirmaron que pesaba sobre ella una “política de retirada de custodias a madres que defienden a sus hijos e hijas en denuncias por malos tratos y abuso sexual infantil por parte de sus progenitores” que “el Estado viene aplicando desde hace años”. Estas mujeres, aseguraron, “son condenadas con sentencias ejemplarizantes que incluyen como escarmiento su condena a prisión por defender a sus criaturas ante presuntos maltratadores”.
Entre los colectivos que han apoyado la petición del indulto, que la mujer ya ha tramitado oficialmente ante el Ministerio de Justicia, se encuentran la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Mujeres Progresistas o la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores resilientes de la violencia de género.