La Fiscalía del Área de Móstoles ha archivado las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia interpuesta por Podemos contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al entender que no existe delito de prevaricación ni tráfico de influencias en lo relativo al convenio de cesión del hangar de la institución a la compañía European Airline Training Center (EATC).
Así lo detalla el Ministerio Público en un escrito, en el que decreta el archivo de la investigación “sin perjuicio de la posibilidad del denunciante de reiterar su denuncia ante el órgano judicial competente”.
La Fiscalía entiende que, al examen de la documentación aportada, el citado convenio “ni tan siquiera fue firmado por el actual rector” y por ello considera que hay “inexistencia de delito de prevaricación y tráfico de influencias, ni de cualquier otra infracción penal”.
El Ministerio Fiscal abrió en junio diligencias tras la denuncia interpuesta contra Ramos por el diputado de la formación morada Eduardo Fernández Rubiño, que apuntaba a posibles delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación o violación de secretos, en lo relativo al convenio del hangar de la institución en Fuenlabrada.
Sostenía que utilizó “información y posición privilegiada” dentro de la URJC para fomentar un convenio con las personas que figuran como los administradores de esta empresa.
La Fiscalía apunta que la jurisprudencia marca el rechazo de la admisión de querellas y denuncias cuando “las mismas se apoyan únicamente en informaciones periodísticas, sin que se acompañen de datos objetivos relativos a la participación de la persona denunciada y que carezcan de cualquier apoyo probatorio”.
Por su parte, relata que la asesoría jurídica de la URJC aportó documentación, entre ella el propio convenio y diversos certificados e informes de los correspondientes órganos competentes sobre este asunto.
Informe a favor
En concreto, se documenta que la Comisión para el Estudio y Coordinación de Convenios de Colaboración informó favorablemente respecto a este acuerdo en diciembre de 2015, que fue aprobado en el Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de ese año, aspecto certificado por medio del Secretario de esa comisión. También se aporta el acta del Consejo de Gobierno que aprobó por unanimidad el citado convenio.
La Asesoría Jurídica también informó de la “legalidad del convenio” al concluir que “queda clara la justificación del empleo de la fórmula del convenio como mecanismo jurídico para la finalidad pretendida y que el mismo es adecuado para la finalidad pretendida”.
Además, se adjunta un informe del letrado del Consejo de Estado sobre la “legalidad formal y del convenio, y la adecuación de la finalidad del convenio”. El rector Javier Ramos aseguró a finales de mayo que el convenio de gestión con la compañía European Airline Training Center 2015 (EATC) para utilizar un hangar de la institución en Fuenlabrada, es “legal” y negó cualquier vinculación accionarial o económica con esta empresa.
Así lo expuso entonces en el seno del Consejo de Gobierno de la URJC haciendo referencia a la información publicada por el diario El País, que aludía a que habría creado esta empresa junto a otros socios y que tiene suscrito un convenio con la universidad para el uso de esas instalaciones.
Convenio firmado con el rector anterior
Ramos explicó entonces que este acuerdo entre la URJC y la empresa EATC (posteriormente Aviation Group) fue rubricado por el anterior rector Fernando Suárez y no por él, detallando que se siguió el “procedimiento legal vigente en su momento para este tipo de convenios”.
También aludió a un informe interno a la Asesoría Jurídica de la Universidad y otro de carácter externo a un despacho de abogados especializado en el ámbito del Derecho Administrativo para recalcar que “ambos coinciden en la legalidad del convenio y la adecuación del mismo para los fines que perseguía”.
El rector insistió en negar “rotundamente cualquier vinculación accionarial o interés económico” con la empresa con la que la URJC tiene firmado un convenio, para agregar también que solicitó un “peritaje” para cuantificar el valor de los equipos que ya están disponibles en las instalaciones del EIATA y ordenar la reducción de la duración del convenio vigente para que pase de 25 a 4 años.
Frente a esta visión, el diputado Eduardo Fernández Rubiño señaló tras interponer la denuncia que las informaciones publicadas recogían correos entre Ramos y varias personas con accionados en esta empresa, que a su juicio revelaban hechos “muy graves” que podrían ser constitutivos de delitos con penas de seis años de prisión y 12 de inhabilitación.
“Estamos hablando de delitos graves que deben ser investigados por la Justicia” aseguró el parlamentario para recalcar que Podemos, como partido “comprometido con la transparencia y la limpieza en las universidades”, le correspondía presentar esta denuncia para que se investigue, “caiga quien caiga” y que la universidad no se viera “manchada” con un asunto que “huele muy mal”.