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El objetivo del Gobierno por mantener el control sobre la regulación del fracking en España está provocando que ponga su maquinaria legal en funcionamiento para cortar cualquier intento por parte de comunidades autónomas u otro organismo que intente limitar, entorpecer o prohibir la actividad. Este es el panorama en el que se enfrentan parlamentos, gobiernos y tribunales en el intento de controlar la extracción de hidrocarburos mediante la inyección de agua a altísima presión en el subsuelo.
Con la regulación española encauzada por la ley de Evaluación Ambiental y la Comisión Europea dejando en manos de los estados plena autonomía para legislar, al Ejecutivo le surgieron tres CCAA (Cantabria, La Rioja y Navarra) que prohibieron el fracking en su territorio. El Gobierno recurrió rápidamente ante el Tribunal Constitucional el texto cántabro. El TC falló a su favor por invasión de competencias exclusivas del Estado. Le seguirán las otras dos leyes. Otra comunidad más, Cataluña, buscó un giro legal y usó sus competencias en urbanismo para no permitir licencias de este tipo en terrenos no urbanizables.
La pelea legal ofrece episodios contradictorios como el de los parlamentos de Castilla y León o la Comunidad Valenciana –con mayoría del PP– votando en contra de iniciativas antifracking mientras las diputaciones provinciales de Valladolid, Burgos, Castellón o Valencia (todas dominadas por el PP) aprobaron mociones para frenar este método de extracción.
Ante las incertidumbres, cientos de municipios se han declarado libres de fracking, según el registro de Amigos de la Tierra. ¿Hasta dónde llega su capacidad para aplicar normas a las extracciones de gas? Samuel Martín, de Ecologistas en Acción, analiza que “el nivel local puede tener un recorrido mediante los planes generales de urbanismo”. Y recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló la ley cántabra, “decía que no se puede hacer una prohibición genérica pero sí razonada para determinadas áreas”.
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