Los socialistas franceses quieren convertir la interrupción del embarazo en un derecho de la mujer. Y este mensaje es el que se ha trasladado este lunes a la Asamblea Nacional, donde han comenzado a debatirse dos enmiendas incluidas en el proyecto de ley para la igualdad de hombres y mujeres impulsado por la ministra de los Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud Belkacem.
La primera, más simbólica que práctica, propone eliminar la condición prevista por la ley vigente, de 1975, de que la mujer se encuentre en “situación de desamparo”, de modo que cualquier embarazada que desee abortar pueda acudir a un centro médico sin necesidad de justificar sus motivos. La segunda propuesta de cambio, calificada por los opositores como un “atentado a la libertad de expresión”, pretende extender el ya existente “delito de obstaculización” para que la difusión de información disuasoria sobre el aborto pueda ser penada con 30.000 euros de multa y hasta dos años de cárcel; una iniciativa que se parece estar dirigida a las páginas web de asociaciones provida que, según el Ejecutivo francés, transmiten informaciones engañosas sobre el aborto.
“El derecho al aborto debe ser considerado un derecho pleno, no condicionado a cualquier justificación que se imponga a las mujeres”, dijo la ministra en una entrevista en la emisora de radio RTL, en la que también subrayó que “las mujeres tienen que tener libertad para elegir si quieren llevar o no hasta el término un embarazo”.
“Las tentativas de regresión están muy presentes”
El debate aterriza en Francia en un clima acalorado por la amenaza del retroceso en Europa en este tema. España, que con el proyecto de ley de Gallardón ha puesto la primera piedra, es para la ministra francesa la evidencia de “un entorno en el que las tentativas de regresión están muy presentes”. Lejos de mantenerse en la línea de los países de su entorno, la reforma propuesta por el titular de Justicia no solo pasa por acabar con el sistema vigente de plazos, sino por retroceder más allá de 1985, cuando había tres supuestos para poder interrumpir el embarazo: violación, riesgo para la madre o malformación del feto.
Las modificaciones obligarán a la mujer a justificar su decisión de interrumpir el embarazo, aunque no será suficiente con señalar una “situación de vulnerabilidad”. De aprobarse la normativa, la mujer que desee abortar tendrá que conseguir un informe médico firmado por dos psiquiatras que acredite que la continuación del embarazo pone en riesgo su salud mental. Además, desaparece la malformación fetal como supuesto, de manera que el límite para interrumpir un embarazo en el que se detecte una anomalía en el feto es también de 22 semanas, siempre y cuando el dictamen médico ponga en evidencia que ese problema afecta gravemente a la salud mental de la mujer.
Mientras en España las manifestaciones contrarias a la ley Gallardón no han remitido desde la presentación del proyecto, en la capital francesa algunas protestas, como la que recorrió el domingo las calles de París, se mueven en el sentido contrario y toman a España como ejemplo del camino a seguir ante lo que, dicen, es una “banalización del aborto”.
“El aborto pasa a ser, prácticamente, la primera opción para un gran número de mujeres. Es un método anticonceptivo más”, aseguró la portavoz del colectivo “Juntos por la vida”, convocante de la protesta del domingo. Así, para los opositores al aborto, la modificación propuesta por Vallaud Belkacem echa por tierra el espíritu de la ley de 1975, en la que queda establecido que el aborto debe ser “un último recurso”, pero no “un derecho pleno”.
En el ámbito político, la contestación más firme a las enmiendas procede del ultraderechista Frente Nacional, cuya líder, Marine Le Pen, aseguró que el aborto “no debe ser un método contraceptivo como los demás”. Algunos de sus representantes, como el eurodiputado Bruno Gollnich, participaron en la manifestación del domingo, mientras que su fundador, Jean-Marie Le Pen, ha mostrado públicamente su respaldo al proyecto del Gobierno español.
En respuesta a las voces de la discordia, la ministra de Derechos de la Mujer se reafirmaba en su postura asegurando que “la inmensa mayoría de los franceses apoyan completamente el derecho al aborto” y que “no hay riesgo de fractura de la sociedad francesa”.
El aborto en Francia se despenalizó en 1975 con la Ley Veil, impulsada por la entonces ministra Simone Veil. La normativa permitía la interrupción del embarazo a petición de la madre hasta la décima semana de gestación. En 2001, la Ley Aubry-Guigou amplió el límite hasta el final del primer trimestre, es decir, la semana 12.
Más allá de la cuestión del aborto, la proposición legislativa impulsada por Najat Vallaud Belkacem que ya pasó en septiembre la primera lectura en el Senado, modifica el dispositivo de los permisos parentales para permitir que sea de un año, frente a seis meses actualmente, si se lo reparten a partes iguales entre el padre y la madre, con una compensación que podrá llegar a 573 euros al mes. Además, las familias de al menos dos hijos se podrán tomar un permiso laboral de tres años a condición de que el padre asuma, al menos, seis meses de suspensión de sus actividades profesionales.
Otra de las propuestas de la ley son las sanciones a las empresas que no cumplan con la equiparación de hombres y mujeres que tienen las mismas funciones, ya que, además de obligarse al pago de las multas en vigor (de hasta un 1% de la facturación), no podrán acceder a licitaciones públicas.