Franco vive todavía en las denominaciones oficiales de algunos municipios españoles. Eso a pesar de que la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, establece que las instituciones públicas deben eliminar las menciones conmemorativas de exaltación a figuras de la dictadura. Por eso, el abogado madrileño especializado en el tema, Eduardo Ranz, denunciará este jueves a ocho alcaldes de cuatro municipios de Castilla y León, dos de Extremadura y otros dos de Castilla-La Mancha que se resisten a retirar al dictador y otros personajes relevantes de la represión franquista de sus topónimos.
Ranz, que interpuso el año pasado una denuncia, posteriormente archivada, contra Ana Botella y otros 37 regidores por mantener símbolos en sus ciudades que homenajean a los franquistas, considera que los alcaldes de estos pueblos pueden estar cometiendo un delito de incitación al odio. El artículo 510.1 del Código Penal castiga con una pena de prisión de uno a cuatro años o multa de seis a doce meses a aquellos que inciten y fomenten el odio contra un grupo social determinado, como el de víctimas del franquismo.
El texto dirigido contra los regidores al que ha tenido acceso eldiario.es, asegura que los ocho municipios, de los cuales siete están gobernados por el Partido Popular y uno por el PSOE, vulneran la Ley de Memoria Histórica. En concreto, su artículo 15 obliga a las Administraciones a tomar “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura”.
La denominación de cinco de estos pueblos, Águeda (Salamanca), Alberche (Toledo), Guadiana (Badajoz) y Llanos (Ciudad Real), todos “del Caudillo”, junto a Villafranco del Guadiana (Badajoz), tienen su origen en uno de los proyectos franquistas del Instituto Nacional de Colonización, un organismo fundado una vez terminada la Guerra Civil con el objetivo de reorganizar el medio rural.
Como resultado el régimen creó más de 300 pueblos nuevos, entre ellos estos cinco, cuya fundación anunciaba así el periódico ABC el 1 de octubre de 1958: “Catorce nuevos pueblos surgidos en la geografía de España merced a la obra del Instituto Nacional de Colonización llevada a cabo desde la terminación de la Guerra de Liberación, llevan el nombre del Caudillo”.
“Es contrario a la democracia”
Ranz, para el que “no existe mayor exaltación de una dictadura que mantener el nombre del principal protagonista, el dictador, en el nombre del propio municipio”, denunciará además a otros tres alcaldes que mantienen nombres de figuras destacadas del franquismo. Es el caso de Quintanilla de Onésimo (Valladolid), pueblo natal del político fascista Onésimo Redondo, que falleció durante la Guerra Civil. El cambio se hizo en 1941 a petición de Falange de Valladolid por considerarlo “mártir” y “colaborador de José Antonio (Primo de Rivera) en las tareas fundacionales de Falange”.
También el juzgado recibirá una denuncia contra el alcalde de Alcocero de Mola, en Burgos, que fue rebautizado así por ser el lugar en el que murió Emilio Mola en un accidente de aviación. El pueblo todavía mantiene en pie un monumento en recuerdo del general conocido por ser uno de los principales coordinadores del golpe de Estado de 1936. Mola pasó a la historia por sus directrices sobre la represión contra todo aquel que no pensara como el bando sublevado: “Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos y vacilación a todo el que no piense como nosotros”, escribía.
San Lorenzo de Yagüe, situado en Soria, es el octavo. Cambió su nombre original, San Leonardo, por el actual tras la muerte del general y militante de Falange Española, Juan Yagüe. Fue conocido por su papel principal durante la guerra y adquirió el apelativo de El carnicero de Badajoz por ser considerado el responsable de la llamada Masacre de Badajoz contra civiles y militares defensores de la II República. Algunas asociaciones de derechos humanos consideran que los hechos constituyen crímenes contra la humanidad.
El abogado madrileño, que elige fechas clave para interponer sus denuncias, en este caso, el 11 de febrero, aniversario de la proclamación de la I República, defiende así su acción: “De la misma manera que no existe Colonia de Hitler o Trastévere de Mussolini, es impresentable que en España existan pueblos del Caudillo; es una denominación que fue impuesta desde el miedo y es contraria a la democracia”.
Además de las denuncias, Ranz remitirá al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a las Diputaciones Provinciales de las que dependen estos pueblos un escrito en el que solicita la retirada “de forma inmediata” de las ayudas o subvenciones que reciban “los incumplidores de la Ley de Memoria Histórica”. El texto lo hace extensivo a las pedanías andaluzas de Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Bembézar del Caudillo (Córdoba) y Queipo de Llano (Sevilla), para los que insta también a las instituciones a tomar las medidas oportunas “para redefinir inmediatamente la denominación”.