Francisco Ferrándiz posee una delicada capacidad para encapsular en términos, tan precisos y exactos que se presentan como reveladores, cuando no aterradores, los dramas que venimos enterrando y desenterrando desde hace 80 años.
Escucha, es empático y es comprensivo, cualidades sin las cuales no podría ejercer como antropólogo social. Pero, a la hora de la devolución –la conversión en discurso de la materia prima humana y cultural que recoge a pie de fosa– es un narrador excepcional que sabe ajustarse a los tiempos periodísticos, políticos, familiares o investigadores, maquinarias todas ellas tan diferentes.
Su libro “El pasado bajo tierra” (Anthropos, 2014) es alimento para todas esas mecánicas, es una lectura que traspasa el circuito académico y que analiza cómo nos han atravesado estos 14 últimos años de exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil.
La Guerra fabricó un bando de derrotados, algunos de ellos fueron desterrados –exiliados– y otros fueron “subterrados”: un éxodo bajo tierra que condenó a miles de asesinados a un olvido social, político y judicial durante décadas, sembrando todo el territorio español de fosas comunes. Cuando estas se abren, los cuerpos reaparecen y comienzan una segunda vida, una vida necropolítica. Pero, como cualquier viajero en el tiempo, reaparecen estos cadáveres en un futuro, el siglo XXI, tan diferente de 1936, un año en el que no había un testigo con un smartphone fotografiando y tuiteando el fusilamiento.
“El proceso de memoria histórica tiene muchas facetas y la exhumación es sólo una de ellas. Los huesos se han apropiado de la escenografía de la memoria histórica porque tienen una espectacularidad intrínseca que no tiene un monolito. Cuando expones una violencia y hay señales de tiros de gracia o puedes reconstruir fusilamientos o cuando se observa la propia retórica visual de los forenses resulta enormemente atractivo”. Documentalistas y medios de comunicación hemos alimentado este corpocentrismo del resto óseo en nuestro relato de recuperación de la memoria. “Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe que hay rituales de devolución de restos, que tienen un impacto más local, pero el impacto global lo ha tenido el hueso” recuerda Ferrándiz desde su despacho del CSIC, en Madrid.
En este arranque de siglo, los medios, además, hemos alimentado la crispación que, según Ferrándiz, ha sido más “mediática” que “sobre el terreno”. “Pero tiene que ver con el país en el que vivimos, como también hubo mucha crispación política cuando se hizo la Ley de Memoria Histórica y se dijeron cosas muy graves en el Parlamento. Teniendo en cuenta que este es un proceso que viene de abajo hacia arriba, donde la sociedad civil demanda atención hacia un colectivo de víctimas desvalido, se merecía una respuesta más ecuánime. Yo tengo la sensación de oportunidad perdida, se podría haber hecho un debate más matizado e interesante sobre España y su pasado traumático pero ha habido polarización”.
“Las exhumaciones han sido las dinamizadoras del proceso de memoria histórica -explica— y es positivo porque se ve la barbarie de la represión de la guerra y al posguerra pero luego el hueso tapa otros procesos. Ha habido mucha gente que no ha abierto fosas porque no les ha parecido oportuno o porque no tenían medios, o hay exhumaciones fallidas, como la de Oropesa o la de las cinco mujeres de Cáceres que cuento en mi libro que se realizó dos semanas después del auto en el que Baltasar Garzón se declaraba competente para juzgar los crímenes del franquismo. Y el proceso de memoria continua, pero ya fuera de foco porque no aparecen los huesos”.
El antropólogo, que ha trabajado en exhumaciones como la de los 46 cuerpos de Villamayor de los Montes (Burgos) o los siete de Fontanosas (Ciudad Real), advierte que las fosas vinculadas a los pueblos son las más “problemáticas” porque “un pueblo es una comunidad de los vivos y una comunidad de los muertos y una fosa común es una irregularidad dentro de la relación entre ambas comunidades”. Al ser “tirados” fuera del cementerio, con frecuencia junto a la tapia, por fuera, han sido “excluidos de la comunidad de los muertos” y para destensar la relación entre vivos y muertos es necesaria una “reintegración” a la comunidad a la que pertenecen, “que se hace mediante los rituales de la devolución de los restos a los familiares”.
En su libro Ferrándiz describe con todo detalle la realizada en Fontanosas. El arqueólogo forense Francisco Extebarría volvió al pueblo, concluida la “vida científica de los huesos” ya identificados en su laboratorio de Aranzadi, para explicar a los vecinos lo que la ciencia es capaz de narrar sobre las circunstancias de la muerte de esas personas.
“Cuando hay una muerte en una familia” compara Ferrándiz, “sea por accidente, enfermedad o por edad, podemos activar un tanatorio, hay una cultura funeraria a la que podemos vehicular estos tipos de muertos. Pero cuando te viene un cuerpo exhumado de una fosa común de la Guerra Civil no hay un protocolo claro sobre cómo gestionarlo, las familias tiran de su propia cultura funeraria pero para un fusilado que tiene un enterramiento de 70 años de antigüedad y que te viene con señales de violencia dentro de un contexto político que despierta historias muy duras, muchas familias no están preparadas. Y ahí se han producido tensiones en las propias familias y en los municipios pero globalmente estas tensiones han sido mucho más leves que la crispación sobrevenida habida en los planos mediático y político”.
Y, tras las convulsiones, el olvido. “Noto que ha habido un descenso en interés porque hay periódicos que ya han hecho la cobertura y tiene que pasar una cosa realmente novedosa para que le presten atención”. Estrictamente novedoso, dicho sea con perspectiva de primera plana y cinco columnas, solo queda una historia por contar: la transformación del Valle de los Caídos, como la llama Ferrándiz, “la madre de todas las fosas”.
“Si el PSOE vuelve al poder se le va a recordar lo del Valle de los Caídos” advierte Ferrándiz, que formó parte de la Comisión de Expertos a la que el Gobierno de Zapatero encargó un informe en 2011. Lo que él mismo le va a recordar es el informe que entregaron a Ramón Jáuregui tras perder su partido las elecciones y ya como Ministro de la Presidencia en funciones. Un informe que el siguiente gabinete confirmó a eldiario.es que estaba metido en un cajón y sin ninguna utilidad.
“Creo que el informe se entendió mal y el debate sobre el traslado del cuerpo de Franco tapó otras propuestas bien interesantes, como la transformación del cementerio en cementerio público especial, la convocatoria de un concurso internacional de ideas para hacer una intervención en el monumento, no necesariamente caro pero potente conceptualmente, semejante al de Berlín o Hiroshima, o el rehacer todo el convenio con los benedictinos... puntos en los que todos en la Comisión, de derechas o de izquierdas, estábamos de acuerdo, salvo en el tema del cuerpo de Franco que ahí había algunos que pensaban que causaría alarma social, pero yo no”. No obstante, y como explica en su libro, es necesario romper la jerarquización de víctimas que tiene a las sepulturas de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera en lugares preferentes, para iniciar el proceso democratizador.
“Yo creo que Franco va a salir del Valle de los Caídos antes o después, es algo que no se puede prolongar. Es una disonancia en una sociedad democrática el tener a un dictador al que se le rinde misa diaria en una basílica. Es un elemento básico para romper un cordón umbilical con el franquismo que sigue en la sombra y que se expresa con algunas instituciones que todavía no se han transformado convenientemente o en algunas nostalgias por el pasado”, concluye.
El pasado noviembre Ramón Jáuregui, hoy número dos de la lista socialista para las Elecciones Europeas, ponía el tema sobre la mesa: “hay que resignificar el Valle de los Caídos”. En esas fechas, el senador del PNV Iñaki Anasagasti pidió al Gobierno que se pusieran en marcha las recomendaciones del informe. “Los españoles no entenderían gastar 13 millones de euros en reconvertir el Valle”, contestó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
“Pero los 13 millones –aclara Ferrándiz– venían de un cálculo que habían hecho los propios técnicos de Patrimonio, un dinero para mantener y restaurar el edificio, que se lo estarán gastando ahora como puedan, no lo sé, con partidas de aquí y de allá”. “Creo que gastarse 13 millones de euros en remodelar o democratizar o abrir a múltiples lecturas un monumento como este que está controlado por la Iglesia y que encarna un modelo de conciliación que solamente satisface a un porcentaje de la población es legítimo”.
A la problemática política y religiosa hay que sumarle una complejidad científica e irremediable. Debido a la descomposición de las cajas, el cementerio se está convirtiendo en un osario y los huesos allí enterrados se fusionan con la propia piedra. El paso del tiempo no hace más que empeorar el problema del Valle de Cuelgamuros.